Por Laura E. Rotundo
Pablo Secchi es Coordinador del área de acción con
políticos de la Fundación Poder Ciudadano.
La corrupción, el control del financiamiento de las campañas
electorales, la promoción del acceso a la información
pública y la autocrítica al rol de ciudadanos son algunos
de los temas que este Licenciado en Ciencias Políticas se detuvo
a analizar en este reportaje.
¿Cuál es la visión de Poder Ciudadano
respecto del nivel de transparencia que actualmente muestra el Gobierno
y los dirigentes en general, incluyendo los partidos opositores?
Sobre el nivel de transparencia, lo único que se tiene medido
es el estudio de la percepción de corrupción, que realiza
Poder Ciudadano junto a Transparencia Internacional.
La visión de los empresarios y de los ciudadanos sobre la corrupción
en Argentina es bastante mala. Los índices del uno al diez
no superan los 3 puntos, teniendo en cuenta que diez es el puntaje
más alto.
Respecto de este análisis de cómo observa la sociedad
el tema “CORRUPCION”, no se ven muchos avances en cuanto
a la existencia de políticas de transparencia. Si bien el Poder
Ejecutivo dio algunas señales -al comienzo de su gestión-,
como por ejemplo el decreto 1172 de acceso a la información,
no se ven a grandes rasgos adelantos sobre el tema…e incluso,
como reflejan los medios de comunicación, surgen algunos casos
de corrupción que rozan a esferas políticas.
¿Cuál es su opinión sobre el caso Skanska?
Desde la Fundación no tenemos una opinión formada porque
no conocemos a fondo la causa. Sí estamos al tanto de lo que
informan todos los medios de comunicación…
La Justicia se tiene que expedir sobre ese tema y sí creemos
que tiene que alcanzar a quien sea, sin reparos políticos ni
de ningún tipo, a través de investigación profunda
sobre el caso.
De acuerdo a lo observado desde la Fundación que Usted
representa, ¿se incrementó la participación ciudadana
en los últimos años?
A partir de 2001, de la crisis económica y social que hubo
en Argentina, se registró una mayor participación de
algunos sectores de la sociedad. Respecto del ciudadano que se movilizó
en aquel momento, podríamos definirlo como una persona que
salió a reclamar principalmente por encontrar afectada su economía.
Hoy por hoy no se observa una participación social de estos
sectores, sí continúa -aunque con un poco menos de énfasis-
el movimiento de los piqueteros y de los grupos sociales más
necesitados a nivel provincial y exigiendo mayormente, cambios educativos
o de seguridad. En general no se observa una mayor participación
ciudadana en ese tipo de temas.
¿Cree que cambió en algo la ciudadanía
o que logró madurar de alguna manera por todo lo sucedido?
Es difícil responderlo porque no está bien definido
sobre qué medición podríamos basarnos para saber
si maduramos o no.
Sí creo que falta una fuerte autocrítica que apunte
a reconocer la responsabilidad que cada ciudadano tiene, en relación
a las cosas que le suceden.
Los argentinos estamos muy acostumbrados a atribuirle la culpa de
todo lo que nos pasa al Presidente, al Gobernador o al Intendente,
pero falta madurez para hacernos cargo de que cada uno de nosotros
es responsable de esta democracia y que cada uno, en su esfera privada,
es responsable de pequeños actos de corrupción o de
pequeños salteos a las normas establecidas.
¿Cómo promueven -desde la Fundación
que Usted representa- la
participación ciudadana?
Nosotros realizamos varias actividades para promoverla, entre las
cuales invitamos a los ciudadanos a controlar instituciones como lo
es el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo. Realizamos
talleres de herramientas de participación ciudadana, como es
la audiencia pública o el pedir y exigir información.
Generalmente, incentivamos a que los ciudadanos sean partícipes
más allá del voto. Hacemos mucho hincapié en
que está muy bien sufragar pero que allí no terminar
nuestro deber de ciudadano.
Otro de los objetivos de Poder Ciudadano es promover el acceso
a la información pública… ¿cómo
trabajan para lograrlo?
En la práctica, pedimos continuamente que se difunda información
al Ejecutivo, a la Justicia y al Congreso Nacional.
Además, exigimos al Poder Ejecutivo Nacional que se cumpla
el decreto 1172 que mencioné anteriormente para que efectivamente
la ciudadanía pueda acceder a la información pública.
Igualmente, desde hace años venimos reclamando la existencia
de una Ley Nacional de acceso a la información pero se ve que
existen intereses políticos para que ésta no salga.
¿Cómo evalúan la posibilidad de que
los argentinos residentes en
el exterior puedan votar?
Como una experiencia muy positiva. De la iniciativa participan diversas
organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Friends of Poder
Ciudadano en Estados Unidos y Poder Ciudadano en Argentina.
Desde nuestra Fundación, impulsamos este proyecto para que
los argentinos que residen en el exterior en algún momento
quieran volver. Es muy importante que los que están afuera
participen, se acerquen a las urnas y den su opinión sobre
qué tipo de representantes quieren.
Vale la pena destacar que el voto de los argentinos en el exterior
es un derecho reconocido por la Ley Nacional 24.007. Sin embargo,
para poder ejercer este derecho, los que viven afuera deben realizar
el cambio de domicilio y la inscripción en el Registro de Electores
de Residentes en el Exterior.
A pesar de que la ley 24.007 cuenta con más de quince años
de antigüedad y de que se estima que esta población asciende
a un millón de personas, solamente 5.241 de los 30.326 argentinos
registrados, votaron en las elecciones nacionales del 2003.
¿En qué proyectos u otras campañas se
encuentran trabajando hoy por hoy en Poder Ciudadano?
Principalmente, este año, estamos trabajando en todo lo relacionado
al escenario electoral. Estamos abocados en el financiamiento de los
partidos políticos, en el control y en lograr compromisos de
algunos candidatos para que realicen una elección transparente
en materia de la solvencia económica de sus campañas.
Seguimos trabajando en el Congreso de la Nación y otras áreas
de Poder Ciudadano monitorean el funcionamiento del Consejo de la
Magistratura. Contamos con una Red de Abogados Voluntarios, seguimos
las Convenciones Internacionales contra la Corrupción y entre
otros temas, también analizamos el reparto de la pauta publicitaria
oficial en los medios de comunicación.
¿En qué consiste un acuerdo de “Transparencia
Electoral”?
Se trata de un acuerdo, a partir del cual, el candidato firmante se
compromete a realizar informes cuasi semanales sobre cuánto
recibe y cuánto gasta en su campaña.
Esto nos permite a nosotros compararlo con los informes finales que
presentan ante la Auditoría General Porteña y así
hacer un seguimiento más cercano del financiamiento de su postulación…
esto es muy importante a la hora de establecer una relación
entre la solvencia económica de una campaña y algunos
hechos de corrupción que pueden surgir posteriormente.
¿Este proyecto alcanzará a figuras del escenario
nacional?
Por ahora invitamos a firmarlo a los candidatos a Jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y de hecho ya se sumaron Mauricio Macri
y Claudio Lozano.
Posiblemente estemos firmando algún pacto semejante para el
mes de octubre, viendo previamente cómo está la coyuntura
electoral, para las elecciones presidenciales y alcanzando claramente
a figuras nacionales.
¿Hay algunos candidatos que se resisten a firmar este
acuerdo?
Hay algunos que no quisieron hacerlo, argumentando que no querían
hacerlo y que no creían en esta herramienta, lo cual está
perfecto y lo respetamos. No obligamos absolutamente a nadie a sumarse
a la iniciativa.
¿Cómo evalúan la situación que
atraviesan las instituciones del país?
El caso que observamos como el más alarmante es el
de la hegemonía que tiene el Poder Ejecutivo Nacional por sobre
el Legislativo. Vemos que hay un Congreso totalmente pasivo y, si
bien en algunos lugares del mundo los Legislativos se dedican más
a controlar que a legislar, lo importante en Argentina es que esto
no sucede… no propone demasiado, ni siquiera controla y entonces
es necesario analizar muy bien si esto sucede por propia voluntad
o por voluntad del Ejecutivo.
¿Y cómo podría revertirse este desprestigio?
La mejora surgiría de un trabajo conjunto entre los
representantes y los ciudadanos. Lo principal es la transparencia…
sería muy importante mostrarle a la ciudadanía cómo
se trabaja, difundir cómo se toman las decisiones y cómo
se controla cada cosa.
¿Cómo observan la relación entre los
medios de comunicación y el Gobierno?
No más allá de lo que nosotros analizamos en materia
de publicidad oficial. Vemos que no hay una distribución objetiva
de la pauta publicitaria, lo cual contribuye o tiende a que haya poca
independencia en los medios de comunicación.
Por otro lado, es visible que a este Gobierno no le gusta que los
periodistas lo critiquen o lo cuestionen. La prueba está en
que tenemos un Presidente que NUNCA dio una conferencia de prensa,
que él tomó la decisión de comunicarse de una
forma directa con la ciudadanía y los medios no tienen, en
ese sentido, la posibilidad de interpelarlo o de entrevistarlo para
acercarle algunas críticas, comentarios o preguntas sobre su
gestión, para luego acercar sus respuestas a los ciudadanos.
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