Por Darío D’Atri
Buenos Aires (Corresponsalía) > Néstor
Kirchner lanzó en la semana palabras de furia que llevaron
el conflicto por las papeleras uruguayas a un enigmático punto
extremo. Tabaré Vázquez cometió el error inaceptable
de ordenar vigilancia militar a la planta de Botnia, pero lo que debería
haber sido una respuesta de puertas adentro, tendiente a desarticular
lo que, hoy por hoy, implica un enorme riesgo de encender bajas pasiones
chauvistas de parte de sectores militantes, se transformó en
un discurso de barricada del que solo cabe esperar más dureza
uruguaya y ya definitivas chances de no encontrar solución
a la crisis de Fray Bentos.
Al mismo tiempo, también por imperio de las palabras a destiempo,
una opinión tal vez valiente como la del intendente de Colón,
que criticó con dureza a los asambleístas de Gualeguaychú,
logró un inmediato efecto paradojal de parte de los asambleístas
de su ciudad, que habían decidido no cortar un segundo puente
hacia el Uruguay pero que el mismo viernes -tras oír a su intendente-
dieron marcha atrás y profundizaron el motivo de la demanda
de la República Oriental en La Haya contra la Argentina.
Las palabras, los gestos equívocos y la falta absoluta de inteligencia
y responsabilidad para el manejo de la crisis de las papeleras ya
ha provocado a la Argentina un daño irreversible en el mediano
plazo en termino de valoración internacional. Ahora, sin embargo,
esas mismas palabras exageradas invocan un riesgo real de desbordes
de sectores muy pequeños, como son los que hoy motorizan los
cortes de puentes, que parecen tener atrapada a la sociedad toda en
el cínico juego del “conmigo o la traición”.
Esos sectores, que conocen como nadie el temor del gobierno nacional
a tomar cualquier tipo de medidas que pueda ser leída como
“represiva”, sienten hoy las manos libres para forzar
una y otra vez pasos en falso del gobierno nacional.
En la otra orilla, cada vez más conscientes de la debilidad
estructural de la postura argentina, lograron con el reclamo en la
Corte Internacional de La Haya contra los cortes de los puentes internacionales
un movimiento estratégico que puede forzar al gobierno de Kirchner
a tomar las decisiones que hasta ahora se negó: el desalojo
por las buenas o las malas de los piqueteros del puente internacional
hacia Fray Bentos.
La mala noticia para la Casa de Gobierno es que, cada semana que pasa,
las elecciones están más cerca. Si La Haya aceptó
está semana el planteo uruguayo y convocó para mediados
de diciembre a una audiencia de las partes, es razonable esperar que
surja tarde o temprano una resolución, que hoy los expertos
internacionales anticipan para el lado opuesto a lo que nuestro país
viene consintiendo, el corte de rutas internacionales. Néstor
Kirchner y su gobierno marchan, así, a una previsible nueva
derrota diplomática, con un poder mayor que el primer veredicto
de La Haya y la aprobación del crédito a Botnia de parte
del Banco Mundial.
Al borde del inicio de la temporada de vacaciones, pocas decenas de
personas tienen en jaque a un gobierno que optó por la inacción,
pero que por ese mismo juego de esconder la cabeza ha arrastrado a
un país todo a la locura y el riesgo que hoy trae aparejada
la enconada crisis del papel.
El primer desafío económico serio
El paro del campo decretado por las principales organizaciones agrarias
merece una lectura política que trasciende los clásicos
reclamos de un sector poderoso de la economía. El campo está
en pie de guerra contra la decisión oficial de limitar la rentabilidad
de la actividad agropecuaria, a través de restricciones a las
exportaciones, retenciones y otras medidas que dejan las ganancias
del campo en la categoría de muy altas, en lugar del registro
de “siderales” que hoy podrían garantizarles los
precios internacionales.
Esa pugna implica un primer desafío económico serio,
tanto por el impacto inmediato que puede traer el paro en el sensible
costado del consumo de carne, como por el shock que tendrá
en la cadena de precios de mantenerse la actitud confrontativa de
los chacareros.
A 11 meses de las elecciones, cuando Roberto Lavagna, Mauricio Macri
y buena parte del peronismo antikirchnerista comienzan a afinar el
cuchillo para la pelea por las presidenciales, el firme planteo ruralista
puede convertirse en un espolón que ataque el sensible costado
de la cohesión que el gobierno necesita de parte de los principales
sectores de la economía respecto del modelo.
Hasta ahora, las críticas de los empresarios y sus cámaras
siempre fueron por los métodos destemplados del presidente
y se realizaron puertas adentro. Ganancias crecientes y el temor a
generar en plena recuperación desde la crisis un efecto negativo
sobre las expectativas de la gente, calmaron en los primeros tres
años y medio de gobierno cualquier objeción seria al
plan económico. Ahora, en cambio, el ruralismo parece dispuesto
a aprovechar ese talón de Aquiles que para el gobierno es el
desafío electoral para intentar cambios que les permitan morder
una porción mayor del negocio de los granos y la carne, aún
cuando sabe que eso implicaría un golpe duro sobre alguno de
los ejes del plan económico kirchnerista: el altísimo
y creciente superávit fiscal.
El paro que arranca el domingo es -claramente- un reto político
y hasta ideológico al gobierno; el primero lanzado con seriedad,
y -por cierto- proveniente de un sector económico históricamente
acostumbrado a doblar el brazo hasta alcanzar lo que quiere.
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