Por José Luis Pacheco

El debate por las sumas no remunerativas, que terminó de instalarse en el Ejecutivo y en el Deliberante, ha sumado varios elementos aunque en realidad ninguno aporta demasiada claridad en la discusión de un tema complejo como pocos. Lo que se ha hecho explícito es que oficialismo y oposición coinciden en la necesidad de dar un corte a esta situación. Sin embargo, los intereses políticos de cada uno llevan a que no coincidan para nada en las formas y en los tiempos.
El radicalismo apunta a dilatar cualquier definición, en el pensamiento de que en realidad lo que buscan las bancadas opositoras –con mayor o menor insistencia- es obligarlo a echar mano a las partidas presupuestarias, aumentando el gasto corriente y alterando el nivel de prioridades que para la gestión de Horacio Quiroga pasa indefectiblemente por las obras públicas.
De allí que vincule cualquier discusión salarial con una reforma integral del estatuto, tema que, se sabe, es resistido por el gremio que encabeza Luis Martínez.
En el espectro opositor se leen claramente dos posturas. El interbloque conformado por el ARI, Frente Grande y PJ pretende que la incorporación de las sumas se haga sin mayores demoras. Pero ante la falta de votos para imponer su proyecto de ordenanza, se ve en la disyuntiva de esperar que el MPN se decida a llevar al terreno de las acciones su decisión política de apoyar el mentado “blanqueo” o forzar un despacho por la minoría que en realidad le serviría de poco. Es que en ese caso, la propuesta debería seguir durmiendo en comisión durante tres semanas más para terminar siendo rechazado al momento de su votación en el recinto. El interbloque interpreta que en el corto o largo plazo, la incorporación de las sumas será un hecho y que ellos podrán exhibir el rédito por haber puesto el tema sobre la mesa de discusión, aunque finalmente no sea su ordenanza la que se apruebe.
En el caso del MPN, apeló a un pronunciamiento que, por su cuidada redacción, conformó a todas las partes, aunque sus intereses sean distintos.
En definitiva, un ni. Si bien dejó en claro que es “ilegal” el pago de sumas no remunerativas ni bonificables, no comulga con la idea de tomar una decisión apresurada. Se las ingenió para postergar una definición aunque sin romper lanzas con ninguno de los sectores en pugna: los empleados, a quienes les dijo que está de acuerdo con su reclamo, y el gobierno municipal, que respiró aliviado frente al compromiso de la primera minoría de no acelerar ninguna resolución que altere la actual política salarial.
Otro elemento que formó parte de la puesta en escena por el reclamo de los municipales, fue el llamativo error cometido por el Ejecutivo al momento de hacer la “simulación” sobre el impacto de la incorporación de las sumas no remunerativas, en las finanzas de la comuna. La información brindada a los concejales el miércoles pasado daba cuenta que la masa salarial aumentaría cerca de $5 millones anuales. 48 horas más tarde, se reconoció la existencia de una equivocación y se elevó esa cifra a $8 millones, aunque tampoco sea definitiva.
Dos cosas resultaron llamativas. Primero, que se cometa un error de esta naturaleza en el manejo de un tema políticamente urticante y que amenaza con transformarse en una pesada carga para el Ejecutivo. Segundo, que quien se haya expuesto en este error fuera el secretario de Economía, Martín Farizano -el integrante del Gabinete que mejor relación cultiva con los concejales- y en un tema que no depende directamente de su cartera. En el fondo, esta situación deja en evidencia un mal que aqueja a la gestión municipal: la falta de un interlocutor político válido ante un Concejo Deliberante dominado por la oposición. Y esto Quiroga ya lo advirtió hace tiempo.