Neuquén > Nueve
de los doce dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado,
Seccional Neuquén, que, en enero del 2002, participaron de
la presunta agresión al presidente del Instituto de Seguridad
Social de Neuquén, Gerardo Hettinger, fueron exonerados por
el Ejecutivo Provincial.
La medida implica la baja de los agentes estatales de sus lugares
de trabajo y, de prosperar en la Justicia laboral, será motivo
de impedimento para su reingreso a la planta de empleados de la administración
pública.
La medida recayó en los sindicalistas Julio Fuentes, Miguel
Angel Sánchez, Horacio Héctor Fernández, Evita
Arias, César Abel Sagredo, Ricardo Gines Pérez, María
Alejandra Barrgán, Patricia Quilapán y Miguel Angel
Peralta.
Exceptuados
La sanción no alcanzó a Hilda Locatti y Patricia Fuentes,
por haberse acogido a sus respectivas jubilaciones. Tampoco fue
incluido Guillermo Tejos, quien falleció el año pasado.
Los gremialistas son motivo de una denuncia penal ante la Justicia
provincial a raíz de las presuntas agresiones físicas
cometidas contra Hettinger el 9 de enero de 2002.
La causa ya fue elevada a juicio oral y público y se estima
que se realizará entre agosto y septiembre próximo.
En aquella oportunidad, los dirigentes estatales encabezaron una
marcha de protesta en contra de la política que el gobierno
neuquino llevaba adelante en la obra social de los empleados estatales.
Los caciques sindicales se desprendieron de la columna e ingresaron
al ISSN, dirigiéndose a la oficina de Hettinger, a quien,
según las denuncias, agredieron física y verbalmente.
Desafueros
Las exoneraciones están en trámite de comunicación
a los involucrados. En las próximas semanas la Fiscalía
General de Estado iniciará las denuncias ante la Justicia
laboral para lograr el desafuero gremial de los dirigentes castigados.
La medida, para la conducción de ATE, es un duro revés
ya que los exonerados son cuadros claves en la actual estructura
de mando.
A partir de la notificación, los representantes legales de
ATE comenzarán con su estrategia de defensa de manera de
poder evitar el descabezamiento de la actual estructura de mando.
Si bien el proceso recién se inicia, desde el gobierno de
la provincia indicaron que “los cargos encontrados son irrefutables,
por lo que el desafuero de todos los dirigentes gremiales involucrados
es sólo una cuestión de tiempo”. |