Cutral Co > La abogada Alejandra Dibo, representante legal de cientos de ex ypefianos en una demanda penal contra el Estado e YPF SA, aseguró que quienes realizaron la demanda por la vía laboral «se van a morir y todavía no van a cobrar».
La abogada consideró que es un «escándalo nacional» el hecho de que se aprobara una ley para pagar una indemnización de 23 mil pesos a cada ex agente de petrolera estatal.
«Tengo una notificación del Ministerio de Economía donde aseguran que no hay ninguna liquidación, por más anuncio presidencial que haya», expresó Dibo a los periodistas en rueda de prensa.

Procesamiento
En cuanto a las novedades para sus patrocinados, la abogada asegura que en la causa penal ya se ha conseguido el procesamiento (al menos así lo pidió el fiscal en el Juzgado Federal N° 4) de los directivos de Repsol YPF por defraudación reiterada, al comprar una empresa en litigio.
La empresa se presentó ante el juez para solicitar la prescripción de la causa, pero le fue negado. Al contrario, los directivos están cada vez más comprometidos aunque no tuvieron participación directa en la venta de las acciones que se produjo con la privatización de YPF.
Con este procesamiento, que todavía no había sido confirmado por el juez, se encontraría en inmejorable situación para un arreglo extrajudicial. «Mis defendidos van a cobrar en efectivo, porque la liquidación es en dólares», comentó la abogada.

Estilo
Con un estilo efusivo, la letrada le imputó negligencia a sus colegas que patrocinan a casi 20 mil ex ypefianos en una demanda laboral y civil. «Les hacen adherir a la gente a una ley que no sirve para nada, los abogados vendieron a los ex agentes y los dejaron en pelotas», expresó.
Dibo inició la causa por estafa y acusó directamente al directorio de YPF SA y al Estado nacional. Luego amplió su acusación e incluyó a todo el Congreso Nacional porque aprobaron la ley 25471 «que es una continuación de la estafa, además considero que son culpables de mal desempeño de funcionario público, traición a la patria y asociación ilícita».
La abogada reclamó ante la Justicia en el fuero penal que a sus defendidos se les reconozcan no sólo las acciones sino el 10% de lo que producen los yacimientos que eran propiedad de YPF SA y por lo tanto parte del capital de la empresa.
La estafa consistió, según Dibo, en que los ex agentes nunca tuvieron en su poder el 10% de las acciones tipo C que les correspondían cuando se dictó la ley de privatización de YPF y habían en la planta estable de la empresa 35200 empleados. De todos ellos se les liquidó las acciones a 4300, el resto está en reclamo del dinero.