NEUQUEN.- El ministro Jefe de Gabinete, José Brillo, se apresta a ampliar la denuncia por ilícitos cometidos en el cobro de subsidios a desocupados incluidos en el Plan Jefes y Jefas de Hogar y el programa provincial conocido como ley 2128.
Del relevamiento realizado entre los meses de abril y julio pasado surgió que existen 83 nuevos casos de empleados públicos que se acogieron a los beneficios de dichos programas.
El trabajo de los pesquisas de la Gerencia de Empleo, que depende del ministerio de Brillo, determinó que en la maniobra se encuentran involucrados 66 docentes y 17 agentes de la administración pública que revisten en 4 de los 5 ministerios del gabinete neuquino.
De los 83 casos tan sólo 3 pertenecen al programa de promoción de empleo provincial denominado ley 2128.
El gerente de la Unidad de Empleo, Rubén Vaudagnotto, terminó de redactar la presentación denunciando los casos ante la Asesoría Legal de Gobierno que se presume en las primeras horas de mañana hará las presentaciones correspondientes ante el Fiscal de Delitos contra la Aministración Pública, Pedro Telleriarte.
El cruce de datos entre empleados que revisten en el Estado provincial y los desocupados beneficiados con subsidios nacionales o provinciales brindó algunos datos que llamaron la atención de los investigadores.
Por lo menos el 50% de los docentes involucrados revisten en categorías cuyos sueldos oscilan entre los 600 y 1.400 pesos.
Vaudagnotto se encargó de adelantar que los involucrados en el «escándalo» ya habían sido dados de baja de los padrones de beneficiarios de Nación y Provincia.
El funcionario también señaló que los distintos organismos de los cuales dependen los involucrados comenzaron a librar los sumarios administrativos respectivos para luego establecer que tipo de apercibimiento recibirán.
Uno de los puntos que Vaudagnotto abordó ayer a la tarde con LA MAÑANA DEL SUR fue el rol que está cumpliendo la fiscalía a cargo de Telleriarte. Al respecto indicó que «como ciudadano no tengo más que mostrar mi preocupación por las demoras que se registran en la investigación que la Fiscalía lleva adelante con los primeros 60 casos que detectamos y denunciamos el pasado mes de abril».
Uno de los puntos que aparecen difusos a la hora de establecer penas para los infractores se encuentra en el decreto presidencial 565/2002, a través del cual se creó el Plan Jefes y Jefas de Hogar. La norma que nació a instancias del interinato presidencial de Eduardo Duhalde cargó las responsabilidades en el otorgamiento de los subsidios a los consejos consultivos de cada localidad y a los gobiernos provinciales que adhirieran a dicho régimen pero nada dice sobre qué penas recaerían para aquellos beneficiarios no contemplados en la normativa asistencialista.