JUNIN DE LOS ANDES.- El Consejo Provincial de Educación investiga una presunta estafa contra sus arcas en la que podrían estar involucradas la Escuela Taller Laura Vicuña de la Asociación María Auxiliadora y el Distrito Regional de Educación Zona IV.
Además del sumario administrativo los integrantes del cuerpo colegiado ordenaron a sus asesores legales la presentación de una denuncia penal ya que se trataría de un monto cercano a los $ 380 mil.
Si bien el hecho que se investiga habría ocurrido a partir del año 2000, tomó notoriedad el año pasado a raíz de los reclamos que realizó una docente referidos a su salario.
En la documentación a la que tuvo acceso este diario, se establece que «la Asociación habría percibido indebidamente fondos por parte del Consejo Provincial de Educación» y que estos «se encontraban destinados al pago de obligaciones laborales de dependientes de la Asociación».
Las sospecha que hay sobre el caso y lo que se trata de descubrir ya sea tanto por la vía judicial como la administrativa es el presunto cobro de haberes correspondiente a docentes que habían trabajado en la institución, pero que ya no formaban parte de la misma al momento de -supuestamente- percibir sus haberes.
Para esto se realizó una investigación donde se determinó que existen por lo menos tres casos en los que «si bien consta firmada la planilla de haberes obrante en el Consejo (en este caso Distrito) con constancia de percepción, en las obrantes en poder de la Asociación sorpresivamente figuran como no cobrados o reliquidados».
Según el informe que data del último trimestre del año pasado existen tres docentes, una de ellas jubiladas, que según los papeles cobraban sus haberes, pero «con firmas que presuntamente no le pertenecerían».

El monto

Según establece un informe contable elaborado por dos profesionales en la materia «surge en principio un perjuicio fiscal del orden de los $ 381.156,99$».
Además se indica que «el valor mencionado contempla supuestas irregularidades relacionadas con ceses, licencias y suplencias calculadas a sueldo bruto más los aportes patronales». Además, se hace referencia a un exceso de cargos que se evidencia en relación a la normativa vigente para establecimientos de Enseñanza Privada.
Lo cierto es que ahora la justicia tendrá que determinar si existió algún tipo de perjuicio contra las arcas estatales y de ser así quienes están involucrados en una maniobra donde aparentemente se falsificaban firmas de docentes que no prestaban servicios en esa escuela para cobrar luego sus haberes.
Un ejemplo de esta situación es el caso de una docente que reclamaba al Consejo el pago de las asignaciones por hijo desde abril del 2001, sin embargo la Asociación envió planillas con constancias de percepción con la firma incluida, cuando en realidad no había cobrado estas asignaciones, dice el informe oficial.