NEUQUEN.- La herramienta a la que echarán mano los diputados para garantizar la continuidad de CALF como prestadora del servicio eléctrico será una enmienda constitucional, sin esperar hasta una eventual reforma. La modificación deberá ser ratificada por un referéndum que será convocado junto con las elecciones provinciales.
Así lo anunciaron ayer los legisladores del MPN durante una reunión que mantuvieron con el Consejo de Administración de la cooperativa. La novedad es que en la misma enmienda se intentará introducir otro viejo anhelo del Ejecutivo: el achique de los gastos políticos a partir de la reducción de los cuerpos colegiados, es decir la Legislatura y los concejos deliberantes.
«Nuestro bloque va a plantear este debate y veremos cuál será la postura de los otros partidos», dijo anoche el presidente de la bancada, Julio Falleti. De todas formas aclaró que si no hay acuerdo político en este punto se avanzará con la enmienda pero sólo para permitir que las cooperativas de servicios públicos puedan acceder a concesiones directas.
El proyecto que se tomará como base será el que presentó la propia cooperativa durante la gestión de Rodolfo Inda y que ya había sido respaldado por los bloques opositores. En ese momento, el emepenismo se mostró esquivo.
Aprovechando el envión que significó el pronunciamiento de Sobisch, los dirigentes de las cooperativas eléctricas de toda la provincia se reunirán el viernes para avanzar en los términos de la enmienda. La próxima semana se encontrarán todas las entidades que explotan servicios públicos en distintas localidades.
Falleti informó que «el proyecto está en la comisión de Asuntos Constitucionales. Vamos a sacar despacho a la mayor brevedad y el referéndum se hará junto con las elecciones generales».
El legislador consideró que «la enmienda es el camino más corto, y en el entendimiento de que una medida de este tipo no modifica el espiritu de la Constitución, creemos que es viable».
Los diputados del emepenismo fueron recibidos con los brazos abiertos por la conducción de CALF. El presidente de la cooperativa, Alfonso Carro, subrayó que el respaldo brindado por los legisladores «se enmarca en la definición del gobernador de apoyar a la cooperativa para que siga como concesionaria del servicio en la ciudad de Neuquén».
Asumiendo una postura autocrítica, Carro advirtió que la enmienda que permitirá las concesiones directas «no va a ser un cheque en blanco para que las cooperativas hagan cualquier cosa sino que deben redoblar su responsabilidad para prestar el servicio de la forma más eficiente y al precio más justo para el usuario».

ATEN acusó al gobierno de ahogo financiero

NEUQUEN.- El sindicato docente ATEN denunció ayer que el gobierno provincial habría decidido retirar $78 mil de su cuenta bancaria cuyo destino era el pago de licencias gremiales.
Según el secretario general del sindicato, Arturo Nahuel, «el gobierno está poniendo en marcha una práctica discriminatoria de manera muy clara en contra de nuestro sindicato». Agregó que a raíz de esta situación «tenemos un rojo en nuestras cuentas de $30 mil».
Según Nahuel, «el gobierno informó a los abogados del gremio que por decisión de (Jorge) Sobisch retiraría $78 mil que se habían depositado desde el 1° de diciembre hasta el 7 de marzo en concepto del pago de las licencias». Ante esta supuesta decisión, ATEN esperará hasta el 15: «si ese día no se hizo ningún depósito vamos a ir a la Justicia», agregó el sindicalista.
El supuesto retiro de los fondos corresponde al período en el que la actual conducción gremial asumió en funciones y marzo: «es contra nosotros, porque ni a la anterior conducción ni al resto de los gremios les hicieron lo mismo», acusó el sindicalista.

Disputa

El gobierno y ATEN vienen manteniendo una dura disputa por el pago de las licencias gremiales, que alcanzan a aquellos docentes que en la actualidad desempeñan funciones en el sindicato y por las cuales poseen licencias en sus cargos.
Esa disputa está en la Justicia aunque en primera instancia hubo un fallo favorable a la posición del gobierno. En la actualidad la cuestión de fondo todavía no fue resulta y se encuentra en la Justicia Laboral provincial.
«Es una medida directa y en contra de ATEN», señaló Nahuel, en referencia a que el gobierno no adoptó la misma actitud con el resto de los gremios estatales como ATE y SEJUN.
El sindicato docente paga mensualmente 35 licencias gremiales, de las cuales 16 eran financiadas por el Estado provincial.