NEUQUEN.- La prisa mostrada por los diputados para descongelar el tratamiento de la reforma educativa en la Legislatura no encontró eco en el gobierno donde se evalúa que aún no es momento para avanzar con una iniciativa de ese tipo.
La encargada de bajarle el tono a las expectativas de los legisladores fue la vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Cristina Storioni, quien consideró que «tratándose de una cuestión central como es la educativa, primero debería tratarse de sumar opiniones y consultar».
En el gobierno no cayeron bien unas declaraciones formuladas por la titular de la comisión de Educación, Viviana Susterman, primero cuando mencionó la necesidad de modificar el Estatuto del Docente, y luego la de acelerar el tratamiento de la reforma «sin hacer consultas políticas».
Nadie del Ejecutivo salió a respaldar a Susterman (ex vicepresidenta del CPE cuando la jefatura del organismo era ejercida por Graciela de Chrestía) para acometer con la modificación del Estatuto, una norma que cada vez que se la menciona levanta polémica, especialmente con el sindicato docente.
«Cuando prima la búsqueda del protagonismo en cuestiones centrales es absurdo pensar que vamos a conseguir resultados», dijo Storioni quien, además, se expresó en contra de modificar ahora el Estatuto Docente.
Fuentes del gobierno consultadas por LA MAÑANA DEL SUR afirmaron que ni el gobernador Jorge Sobisch, ni el jefe de Gabinete, José Brillo, fueron consultados por Susterman para avanzar en ese sentido.
En cuanto a la reforma educativa, los legisladores de la comisión de Educación se pusieron de acuerdo en una agenda de trabajo que, entre otros objetivos, procurará definir «el perfil de alumno que queremos», según lo había adelantado Susterman.
La comisión de Educación que preside la legisladora había quedado vacante luego de la renuncia a su banca del actual ministro de Gobierno, Oscar Gutiérrez.
Allí se encontraban archivados media docena de proyectos de ley de educación provincial, la norma que en Neuquén reemplazará a la que aprobó el Congreso de la Nación.
Es que la Ley Federal de Educación aquí fue declarada inaplicable a consecuencia de los conflictos que originó, especialmente con el sindicato docente ATEN.
En el gobierno, además, no se sintieron cómodos por la falta de comunicación de las autoridades de la comisión con el gobierno para avanzar en lo que el Consejo de Educación califica como «una cuestión de Estado».