BUENOS AIRES.- Una unidad fiscal que concentra denuncias por abusos en los planes Jefes y jefas de hogar de todo el país pidió investigar si los beneficiarios son obligados a trabajar como mozos en fiestas privadas, como sirvientes o si en pueblos pequeños deben pagar para llegar a un banco y cobrar.
En Santiago del Estero, dos intendentes son investigados por pedir hasta 15 pesos cada mes a los pobres de sus distritos para llevarlos en camioneta a cobrar los 150 LECOPS a bancos de localidades cercanas; según las denuncias del fiscal federal Guillermo Marijuán a las que accedió Télam.
La Unidad fiscal que comanda Marijuán en oficinas de la AnSeS en Capital Federal también denunció, entre 342 casos, que en la localidad santafesina de Garibaldi se obliga a los beneficiarios a trabajar como mozos en fiestas privadas o a cultivar en una huerta, cuya verdura se vendería en forma particular.
«Las cosas deben cambiar, hay chicos muriéndose de hambre y gente que cobra el plan por amiguismo sin necesitarlo», dejó sentado en un acta la vecina de Garibaldi que se animó a llamar a la línea de denuncias del Ministerio de Trabajo y acusar al intendente de Garibaldi, Héctor Spada.
En Garibaldi, según afirmó la vecina Vanesa Gaitán, el intendente y su mujer darían «discrecionalmente» los planes a los cien habitantes e incluso entre los de pueblos vecinos.
Además, muchos desocupados serían obligados a trabajar como mozos en fiestas privadas o a cultivar en una huerta municipal aunque «la fruta y la verdura se vende en forma particular».
Según Gaitán -desocupada y beneficiaria de un plan- tras denunciar lo que ocurría en el banco local le pidieron una nota firmada por el intendente para darle sus 150 lecops.
«El gerente accedió a pagar después de llamar por teléfono al intendente y advertirle que si seguía dando problemas se la daría de baja».
En este caso puntual, el fiscal Marijuán recordó en su denuncia ante la Justifica federal santafesina que «ninguna ley exige como requisito una carta del intendente» para cobrar el beneficio.
Desde su creación, la UFISES -una unidad fiscal donde trabajan 20 personas- envió 123 causas a juzgados o fiscales de todo el país para continuar investigaciones, formuló 342 denuncias penales y tiene en trámite 417 casos.
El fiscal imputó a los sospechados por delitos de corrupción, incumplimiento de deberes de funcionario público o estafa, ya sea por pedir dinero a cambio de planes, exigir un porcentaje de los 150 lecops y hasta obligar a realizar trabajos en provecho propio en vez de la tarea pública que se fija como contraprestación.
En la localidad bonaerense de Berisso, por ejemplo, el titular de una unidad básica fue denunciado por llevar a los desocupados a trabajar como «mozos y seguridad» en fiestas del inmigrante, y de 15 cenas show.
En el municipio mendocino del Algarrobal, el encargado de la delegación fue denunciado por pedir 20 pesos a cada beneficiario a cambio de no cumplir con el trabajo público obligatorio de cuatro horas.
Desde Villa General Belgrano, Córdoba, un ebanista desocupado envió cartas manuscritas para denunciar que en diciembre último la Municipalidad «no entregaba bolsones alimentarios y tenía el subsuelo lleno de mercadería».