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En Neuquén se multiplican ordenanzas
pero hay déficit en su cumplimiento
Los concejales aprobaron en octubre una ordenanza que limita el horario de los boliches y los obliga a cerrar a las 6. Los locales de mayor convocatoria de la capital se niegan a cumplir con la norma y se presentaron dos recursos de amparo en la Justicia.

NEUQUEN.- En la capital neuquina cumplir una ordenanza se ha convertido en la excepción a la regla. Durante los últimos días el caso que alcanzó mayor notoriedad fue la resistencia de los propietarios de boliches a cerrar las puertas de sus locales a las 6, pero en realidad este es sólo un botón de muestra.
Las ordenanzas se apilan una tras otra, se aprueban en determinadas coyunturas donde no está ausente el componente político y terminan olvidadas en algún cajón de la insufrible burocracia municipal. Lo que una funcionaria del Poder Judicial definió como «inflación legislativa», cuando el MPN presentó un proyecto para regular el funcionamiento de los cibercafé y limitar el acceso a Internet. Políticamente, la propuesta murió antes de nacer.
Los ejemplos son muchos pero basta mencionar algunos casos para darse cuenta que para el municipio se ha convertido en una misión imposible velar por el cumplimiento de cada una de las ordenanzas que -justamente- intentan ordenar la vida de los capitalinos. A veces es por falta de voluntad política, otra por la limitación o falta de recursos para ejercer las tareas de fiscalización.
En la Comuna hay cerca de 150 inspectores en todas las áreas donde el gobierno municipal tiene el poder de Policía. Los sectores más críticos son Comercio (hay 22 inspectores que cumplen turnos rotativos), Tránsito (40 agentes a los que se les deben pagar horas extras para hacer controles durante los fines de semana) y Transporte (13 inspectores en las mismas condiciones que los de Tránsito).

Boliches: es la polémica en boga. En octubre los concejales sancionaron la ordenanza 9602 que obliga a los boliches a dejar de funcionar a las 6 de la mañana como una medida tendiente a mejorar la seguridad de la ciudad en horas nocturnas. Los propietarios de los locales de mayor convocatoria presentaron sendos amparos en la Justicia y se niegan a acatar la norma. El municipio anticipó que seguirá infraccionando aunque admitió que no se aplicarán clausuras preventivas sin que lo ordene el Tribunal de Faltas (ver aparte).
En forma paralela se aprobó otra norma que exige a los locales (boliches y confiterías) eliminar la venta de bebidas en vasos o botellas de vidrio; a contar con un gabinete de enfermería, contratar una ambulancia e instalar un teléfono público. Antes ya existía otra que muy pocos cumplían y que ordenaba la instalación de detectores de metal.

Bebidas alcohólicas:
la ordenanza 8316 del año ’98 prohibe la venta de bebidas alcohólicas después de las 23 y deja sentado que no está permitido el expendio a menores de 18 años en ningún horario. El incumplimiento de esta norma es una de las denuncias que con mayor asiduidad se reciben en Comercio. También se reciben quejas -en su mayoría anónimas- en la Defensoría del Pueblo. Una simple recorrida por los comercios y despensas de los barrios y del centro permite comprobar que la legislación está lejos de respetarse. Incluso las bebidas se comercializan en casas particulares sin licencia comercial y hasta en los lugares más concurridos hasta en el baúl de los automóviles.

Vendedores ambulantes: también por ordenanza está prohibida la venta ambulante. Cualquiera que camine por calle Sarmiento, Alcorta, Avenida Argentina u Olascoaga puede comprobar en persona que esto no se cumple. Desde gestiones anteriores -y la actual también- el municipio fracasó en su intento por agrupar a los ambulantes en las ferias ubicadas en zonas desfavorables desde el punto de vista comercial. El último intento de desalojo se remonta al 2001.

Lavadores de coches:
una vieja norma de la década del ’80 prohíbe la actividad de los lavacoches. Actualmente existen cerca de 500 personas que se viven de este trabajo. Algunos -apenas una pequeña minoría- serán incorporados al sistema de estacionamiento medido para la explotación de las playas y dársenas del Parque Central.

Colectivos interurbanos:
con la autorización de los concejales, el intendente Horacio Quiroga intentó podar al máximo el recorrido de los colectivos interurbanos que representan una competencia desleal para Indalo. Las empresas fueron a la Justicia y les dieron la razón. Sin embargo, el municipio debe controlar que el transporte que realizan sea verdaderamente interubano, es decir que no levanten pasaje dentro del ejido urbano, salvo en la terminal. Los controles no se cumplen y a partir de esta situación Indalo se apresta a realizar un millonario reclamo en compensación por el perjuicio que esta competencia le provoca.

Pirotecnia:
en el 2001 los concejales a través de la ordenanza 9310 limitaron el tiempo de comercialización de los artículos pirotécnicos. Los mayoristas pueden vender a partir del 10 de diciembre y los minoristas a partir del 15. Además, se prohíbe la venta a menores de 16 años. Este año los inspectores secuestraron poco más de cien kilos de pirotecnia que se vendía en locales no habilitados y que no cumplían con los requisitos exigidos en materia de seguridad.

Pintadas políticas:
los paredones céntricos y de los barrios sufren las campañas electorales a pesar que en el 2001 se sancionó una ordenanza que las prohibe. Tampoco están permitidos los pasacalles. En la última interna del MPN el municipio sacó a relucir la ordenanza pero no tuvo eco. Las brigadas de pintores emepenistas dejaron su marca en toda la ciudad. El intendente Quiroga con pincel en mano salió a blanquear paredones pero por otro lado sus seguidores también recurrieron a las pintadas para promocionar su reelección.

Seguridad satelital:a partir del reclamo de los choferes, los concejales aprobaron en el 2001 la ordenanza que obliga a la instalación del sistema de seguimiento satelital en los taxis. Sería el primer caso en el país pero la norma nunca se cumplió. Actualmente todavía no se define el contenido del decreto reglamentario y el aumento del equipamiento (cotiza a precio dólar) se transformó en otra contra al momento de implementar el dispositivo.

Antenas de empresas celulares: concitaron la atención de cientos de neuquinos desde el mismo momento en que se levantaron, alterando el paisaje de la ciudad. Intervino la defensora del Pueblo quien -a través de la resolución 604/2002- recomendó a las subsecretarías de Gestión Ambiental y Gestión Urbana que hicieran cumplir la ordenanza 9074/01 y el decreto 2022/01. Estas normas, se refieren a la regularización de las instalaciones, construcciones, infraestructuras y equipos para la prestación de servicios de telecomunicaciones y telefonía inalámbrica.
A pesar de que las empresas propietarias de 6 de las 20 antenas que existen en esta capital cumplieron con el pedido de la municipalidad, hubo alguna que aprovechó la aparición de una resolución de la comisión nacional de comunicaciones y aún no hizo las mediciones requeridas. El texto de la resolución exime, en determinadas condiciones, de hacer tales mediciones. Como eso se contrapone a la legislación municipal, los asesores legales de la Comuna están analizando el tema para saber cómo actuar.

Muchas oficinas y pocos inspectores

NEUQUEN.- Los controles que deben efectuar distintos organismos estatales para verificar que se respeten ciertas medidas que hacen a la seguridad del transporte público de pasajeros se ven afectados por la escasez de personal. El área provincial que se dedica a este tema, dispone de apenas 4 inspectores para vigilar lo que ocurre en toda la provincia y a nivel nacional hay una oficina que cumple funciones administrativas, más que de inspección, ya que debería atender a buena parte de toda la Patagonia con tan sólo un par de personas.
Muchos funcionarios ensayan explicaciones o buscan firmar convenios de cooperación con otras instituciones para evitar las críticas que surgen de la población y que están asociadas, generalmente, a algún un accidente de consideración.
En el caso particular de los controles que se realizan en la terminal de Neuquén, es la municipalidad la encargada de efectuarlos constantemente porque esa estación le pertenece. Pero eso no quita que se realicen operativos allí o en otros puntos de la provincia con la intervención de inspectores que no sean sólo comunales.
Aquí existe, por ejemplo, una delegación de la Comisión Nacional de Transporte. Se trata de la Regional Neuquén que «atiende con un par de personas no sólo a esta provincia si no a otras de la Patagonia», según confiaron fuentes de la institución a nivel nacional. A la CNT le compete fiscalizar todo lo referido al transporte, desde el estado del vehículo hasta la documentación del chofer.
Algo similar ocurre con la dirección provincial de Transporte, que dispone de cuatro inspectores para atender la demanda de toda la provincia. Como en época de vacaciones esa demanda es mayor, la solución momentánea que han encontrado los funcionarios del área es suscribir convenios con municipios para que los inspectores comunales controlen también al transporte fuera del ejido de la ciudad.
Gendarmería suple, en parte, la falta de controles de las dos áreas estatales antes citadas. Pero no es esa la única tarea que debe cumplir. Basta citar, como dato, que en apenas diez días -para las fiestas-, también le tocó recibir a los más de 15 mil turistas chilenos que ingresaron al país por los pasos internacionales ubicados a lo largo de la cordillera neuquina.
Otra de las áreas públicas que debe hacer cumplir la legislación vinculada a la seguridad del transporte de pasajeros, en lo que respecta al plano laboral, es la subsecretaría de Trabajo. El director provincial de ese área, Ernesto Seguel, explicó que los controles se hacen en la medida de las posibilidades pues existen otras actividades que deben ser controladas por el mismo organismo en esta época del año, como es el caso de la fruticultura. «Los controles (a los ómnibus de larga distancia que vienen a la capital provincial) se efectúan en cabecera porque Neuquén es una ciudad de paso, aún no es un destino turístico», dijo a modo de explicación.

Seguirán infraccionando a los boliches

NEUQUEN.- Aunque evitando responder a la embestida de los concejales, el subsecretario de Desarrollo Económico, Alejandro Vidal (de quien depende la dirección General de Comercio), aseguró que el municipio seguirá infraccionando a los locales nocturnos que no respeten la ordenanza que los obliga a cerrar a las 6 de la mañana.
De todas formas aclaró que no se llegará a aplicar clausuras preventivas sin que lo ordene el Tribunal de Faltas. «El Ejecutivo instrumenta una clausura preventiva cuando el local no tiene licencia comercial o cuando no cumplen con los requisitos de seguridad que haga poner en peligro a los asistentes pero este no es el caso», dijo el funcionario, aclarando que «si no hay una causa debidamente justificada hasta puede ocasionar un perjuicio al municipio».
La falta de cumplimiento de la ordenanza 9602 motivó duras críticas al municipio. Por no respetar el horario de cierre los inspectores infraccionaron a dos de los boliches de mayor convocatoria y ahora la decisión está en manos del Tribunal de Faltas. Igualmente los empresarios presentaron un recurso de amparo y esperan el fallo de la Justicia, después de la feria de enero. «Vamos a cumplir con nuestra función, vamos a infraccionar y a intimar a los boliches para que se respete el horario», dijo Vidal, dejando en claro que «yo no puedo opinar de una ordenanza, tengo que hacerla cumplir».
Los locales instalados en la zona de Río Grande también se han convertido en un serio dolor de cabeza para los responsables de Comercio. Muchos de ellos ni siquiera tienen la habilitación y hasta funcionan como locales bailables motivando el reclamo de los vecinos de ese sector.
Esto motivó que los inspectores del área trabajen junto con los de Calidad Ambiental por las denuncias de ruidos molestos. «Nosotros actuamos en forma preventiva, no somos una fuerza de choque», sentenció Vidal. Además señaló que -a contramano de lo que ocurre con el límite horario- los locales están cumpliendo en forma gradual con la eliminación de la comercialización de bebidas en vasos y botellas de vidrio.

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