Juicio político en Cipolletti

Suspenden por 20 días al fiscal Cid

 
 
El Consejo de la Magistratura sesionó ayer en Cipolletti y resolvió la suspensión por 20 días del fiscal Oscar Cid.
Lo resolvió por mayoría el Consejo de la Magistratura. Consideraron mal desempeño la actuación del funcionario en el caso Ariel Balladini.


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  Contrario a todos los pronósticos que hacían presumir un final más dramático para el funcionario involucrado, ayer el Consejo de la Magistratura (CM) de Río Negro, resolvió por mayoría de 7 votos contra 1 la suspensión efectiva por 20 días del fiscal Oscar Cid, por encontrarlo responsable de mal desempeño en el ejercicio de su función. El voto en disidencia fue del único consejero que consideró que el fiscal debía ser destituido de su cargo dada la, a su entender, gravedad de los hechos por los que había sido denunciado.
Por el presunto delito de violación de lo establecido por las leyes orgánicas respecto del lugar de residencia de los funcionarios no se emitió sentencia toda vez que la fiscal Adriana Zaratieri, subrogando a la Procuradora Liliana Piccinini, pidió la absolución de Cid por este hecho. La misma funcionaria había requerido 15 días de suspensión para Cid, destacando los atenuantes de que el funcionario llevaba menos de un año en el ejercicio de su función y que se encontraba cuestionado por un único hecho. Zaratieri pidió la suspensión por considerar que Cid, al ser anoticiado por Balladini de que había sido golpeado, tendría que haber asistido a la Unidad policial a constatar por sí mismo los dichos.
Jorge Crespo, el abogado de Cid pidió su absolución y dijo a los consejeros «tienen una oportunidad única de demostrarle a la sociedad de que más allá de quienes sean las víctimas y denunciantes son capaces de dictar una sentencia justa. Y de decirle a los funcionarios de que van a ser respaldados por el Consejo más allá de los parentescos del denunciante».
El agente fiscal llegó a juicio político después de un dilatado proceso iniciado en octubre de 2005 y que tuvo su punto máximo en el 2007 con la denuncia que le formuló el ahora ex legislador Javier Iud y que involucra al abogado Ariel Balladini, hijo de Alberto Balladini, presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Ayer y tras una maratónica jornada de testimonios y alegatos finalizó el primer juicio político realizado en el ámbito de la IV Circunscripción Judicial con asiento de funciones en Cipolletti.
El Consejo de la Magistratura estuvo presidido por el vocal del STJ, Luis Lutz, en caracter de subrogante de Alberto Balladini, por la Legislatura los diputados Martín Soria (Frente para la Victoria), Daniel Sartor (Concertación), Adrián Casadei (Concertación), por la procuración de Justicia su titular Liliana Piccinini y representado al colegio de abogados de la IV Circunscripción Carla Cynthia Bistolfi. Celina Urquizú y Gustavo Ibarra. Estuvo presente como fiscal subrogando a la doctora Piccinini Adriana Zaratieri.

Dos acusaciones
Contra Cid pesaban dos acusaciones, una referida a la presunta violación de lo dispuesto en las reglamentaciones judiciales respecto del lugar de residencia de los funcionarios, que no debe situarse a más de 30 kilómetros de la sede judicial a la que esté afectado. Esta acusación fue formulada en la denuncia radicada por Balladini (hijo), quien aseguró que en la noche del 2 de octubre de 2005 y cuando él fue víctima de presuntos apremios ilegales en la Comisaría Cuarta de Cipolletti, no pudo lograr que el agente fiscal se apersonara en esa dependencia, a pesar de que en ese momento Cid se encontraba de turno. El resultado de los informes pedidos a las empresas de telefonía en el contexto de la causa y en los que se detallaban las antenas que habían usado los celulares de Balladini (h) y Cid la noche de los hechos, ubicaría a Cid en Roca, ciudad de la cual el funcionario es oriundo. Sin embargo durante todo el proceso sumario e incluso ayer el funcionario sostuvo que la noche del 2 de octubre de 2005 él se encontraba en Cipolletti y que durante 4 horas y en la madrugada se encontró tomando declaración a una pareja, procedimiento que quedó convalidado ayer con la declaración de Alicia Marinelli.

«No tengo miedo»
Al momento de hacer uso de la palabra Oscar Cid, quien desde el 2005 y hasta la fecha había mantenido silencio respecto de la denuncia, aseguró que durante todo el proceso «vi mucho miedo, faltó valor, mi miedo en los fiscales al punto de que nadie quería tomar mi denuncia, y también en los jueces». El fiscal añadió además que «no iba a acercarme a Kimika para facultar la entrada a Balladini, eso me parecía incluso un antecedente peligroso de que cuando un fiscal reciba una llamada los sábados de alguien que pide que lo dejen entrar a un boliche, debamos asistir. Así yo hubiese estado a 30, 40 o 2 kilómetros no hubiese hecho nada para que dejaran entrar a Balladini al boliche». Aseguró Cid que esa noche estaba en Cipolletti y que cuando salió de tomar una denuncia en Fiscalía se fue a recorrer la ciudad en auto con su esposa, para ver terrenos «ya que teníamos la intención de construirnos una casa en la ciudad». Esta explicación de Cid fue considerada falaz por el consejero Martín Soria, quien votó por la destitución del funcionario.
Sobre Cid pesa también una acusación por su desempeño en la causa Otoño Uriarte.

Párrafos de la defensa de Cid

«Del caso de Huenchumil de las 1.200 nos ocupamos nosotros, los fiscales, cuando son golpeados o les sucede algo, de ellos nos ocupamos nosotros no Balladini (el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ)», aseguró Oscar Cid al referirse ayer a su desempeño como fiscal en Cipolletti y a su intervención en lo ocurrido la noche del 2 de octubre de 2005, ocasión en que Ariel Balladini fue impedido de entrar al boliche Kimika y llevado detenido a la Unidad Cuarta.

«Yo no sé lo que necesita esta circunscripción pero sí se lo que no necesita, si yo hubiese estado cerca tampoco habría hecho nada para que dejasen entrar a Balladini (hijo) al boliche, otros (funcionarios) habrían visto en eso una oportunidad única de quedar bien con el presidente del STJ».

«Yo esperaba un gesto de dignidad de Balladini (padre) de reconocer que su hijo se había equivocado, yo tengo coraje de decirle que no a Balladini y a Kirchner».

«El único teléfono de la Justicia que se publicaba en los diarios al momento de lo sucedido era el de los fiscales, recibimos llamados de todo tipo y asistimos a la gente, no tenemos problemas para eso»

«Balladini (hijo) estaba muy exaltado, se que discutió en la comisaría con el padre y cuando me llamó por última vez me dijo que no necesitaba que fuera, que ya el médico policial (Claudio Schoua) había constatado sus lesiones. Entonces entendí que la prueba estaba a resguardo con el certificado del médico. Balladini (hijo) me dijo que éramos todos unos inútiles y que sabía cómo trabajábamos, nos culpó del Triple Crimen y luego me dijo ´¿viste? me cagaron a palos por tu culpa, ahora vas a ver quién soy yo, vas a atenerte a las consecuencias´.

Schoua y el trabajo en comisarías

El médico de la Policía, Claudio Schoua, quien revisó a Balladini en la unidad Cuarta la noche del 2 de octubre de 2005, aseguró que el joven estaba «muy exaltado, con síntomas posiblemente de haber ingerido alcohol, o drogas, o haber golpeado», y agregó que cuando él escuchó a Balladini hablar desde su celular con el fiscal Oscar Cid, notó que su tono era agresivo. «No recuerdo con exactitud la charla, pero se que lo que dijo sonó a advertencia, no recuerdo que lo haya insultado».
El funcionario policial se refirió además a los detenidos «comunes», aseverando que cuando es llamado a la comisaría para constatar lesiones en detenidos «comunes» no suele llevar su cámara de fotos, pero que esa noche la llevó cuando fue llamado desde la comisaría por saber quien era la persona golpeada.
El médico dijo así mismo que no es práctica que cuando se revisa a una persona en la comisaría haya un fiscal en el lugar. El consejero Martín Soria preguntó «¿está diciendo que en Río Negro nunca un fiscal se presenta en una comisaría ante una denuncia por vejaciones», a lo que Schoua respondió que muy pocas veces en 19 años en la actividad le había sucedido estar revisando a una persona y que hubiese un fiscal.

 

 


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