Por Jorge Villalobos
Los adjudicatarios de las 30 viviendas del Plan Federal I, que esperan
desde hace cuatro años por ver construida una casa, forzaron
al intendente Ricardo Alonso a incorporar el déficit habitacional
en la agenda del Gobierno municipal.
Hasta hace un mes, la crisis habitacional no era una de las preocupaciones
centrales para el Ejecutivo municipal que focalizaba los esfuerzos
en demostrar acciones en seguridad, mejorar los niveles de recaudación,
en promoción turística y en la puesta en marcha del
servicio municipal de recolección y tratamiento de los residuos
domiciliarios.
La sensación es que tampoco lo fue desde el principio. Apenas
el gobierno de la Unión Vecinal Angostura Comunal (UVAC) asumió
el control local desapareció la dirección de Tierra
y Vivienda. Los adjudicatarios en siete meses de gestión no
fueron convocados para analizar el avance del Plan Federal I.
Pero desde que el conflicto por las viviendas se reinstaló,
Alonso se vio obligado a reflotar la dirección, con el nombramiento
esta semana del empresario local Roberto Simonian.
Aunque el descontento entre los adjudicatarios ya está instalado,
como el tema de la falta de viviendas, que volvió hace unas
dos semanas tras una reunión que Alonso mantuvo con un grupo
de beneficiarios del plan federal, quienes conocieron los cambios
que sugería el Ejecutivo local para realizar el plan habitacional.
Allí, el intendente les dijo que la idea es construir viviendas
apareadas, en terrenos de unos 200 metros cuadrados. Pero la propuesta
cayó mal.
Los adjudicatarios insisten que se respete el plan original: casas
individuales, sobre lotes de algo más de 400 metros cuadrados.
Y rechazan el convenio que Alonso firmó el pasado 3 de junio
con el subsecretario de Vivienda de la provincia y titular de la ADUS,
Herminio Balda, que impulsa la cesión de los lotes al IPVU,
para que después el organismo provincial se los venda a los
adjudicatarios, quienes se enteraron del convenio hace pocos días.
Desde el oficialismo aseguran que los fondos previstos por Nación
para financiar las casas son insuficientes y la empresa reclama una
redeterminación de precios por la inflación y los aumentos
de los costos laborales. Y defienden la decisión de restituir
el dominio de los terrenos al IPVU porque advierten que la normativa
vigente no autoriza al municipio a vender tierras. También
deslizaron que detrás del conflicto está la mano del
ex secretario de la dirección de Tierra y Vivienda, Alejandro
Calderón, quien se fue de la gestión pasada con fuertes
cuestionamientos porque no logró que se construyeran las casas.
Las opciones que maneja el Ejecutivo municipal es mantener la propuesta
de ceder los lotes al IPVU o realizar una licitación para adjudicar
las tierras, porque los adjudicatarios advirtieron que si no hay avances
reales, los tomarán.
Por estas horas, en esta localidad buscan responsables por una excesiva
demora en plan habitacional que se licitó en 2005. Apuntan
al Gobierno nacional y su enorme pirámide burocrática,
a la provincia con sus permanentes idas y vueltas, y en la falta de
iniciativa del Gobierno municipal que tiene que poner la cara porque
es el que está más cerca. A los adjudicatarios, la paciencia
ya se les agotó.
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