Por LUCIA PYSNY
Es verdad que algunos elementos que invaden el paisaje lo desmejoran
o lo afean. Si no tienen utilidad es inteligente retirarlos o a lo
sumo reemplazarlos por otros que se incorporen al espacio sin generar
impacto.
Ahora, ¿es racional retirar la totalidad de la cartelería
vial en un tramo de 10 kilómetros sobre una ruta que atraviesa
una ciudad y que además recorre una zona netamente turística,
simplemente porque “afecta el paisaje urbano”?
Entre enero y febrero muchos vecinos vieron con asombro que algunos
empleados de Obras Públicas del Municipio retiraban las señalizaciones
ubicadas a la vera de la Ruta 234: cartelería vial, turística,
política y publicidad de prestadores de servicios. Todo fue
arrasado. Suponían en ese momento que sería parte del
trabajo de repavimentación del tramo La Rinconada-San Martín
de los Andes, y que en poco tiempo sería colocada nuevamente
en su lugar. Sin embargo, no ocurrieron hasta el momento ninguna de
las dos cosas. La ruta no se tocó y tampoco volvieron
las señales. Hoy no existe advertencia sobre la proximidad
de escuelas, no se sabe dónde comienza la velocidad máxima
para transitar en el casco urbano, no se informa sobre qué
servicios ofrece la ciudad, el visitante no puede adivinar dónde
hay un cruce peligroso sin semáforo, no se conocen las distancias
a los circuitos turísticos o localidades vecinas, ni dónde
desviarse para tomar rutas complementarias. Un desatino.
Esta orden emanada de un alto funcionario electo fue bastante resistida
por el personal a la hora de ejecutarla, pero finalmente como “donde
manda capitán, no manda marinero”, hubo quienes resignadamente
la acataron y, pala en mano, despojaron a los ciudadanos de Junín,
y a todos quienes transitan por ese sector, de una información
vital.
La decisión de mejorar “el paisaje urbano” de esta
manera es incoherente, pero también es ilegal. Hasta donde
se conoce “dañar señales es un delito”.
Sacarlas es hurto. Y dejarlas tiradas en el patio de una dependencia
municipal, o utilizarlas para cerrar un escenario (como se hizo durante
la Fiesta del Puestero) mientras se pone en riesgo la seguridad de
las personas que transitan por el lugar, es una locura. Dar la orden
para que se haga es jugar al límite con la figura de “mal
desempeño de los deberes de funcionario público”.
Es muy probable que personal de Vialidad Nacional no se haya percatado
de que en un tramo importante de una ruta que está bajo su
órbita no existe cartelería. Tampoco habría quejas
de otros organismos o instituciones que deben velar por la seguridad
pública y el bien común, aunque sí hubo reclamos
de empresas provinciales que colocan carteles en todo el territorio
y quisieron rescatar los propios, y de privados que con esfuerzo
y autorización habían colocado cartelería diversa.
Lo triste es que mientras estas decisiones personales avanzan sin
control, la desinformación, los accidentes y los riesgos se
suceden a diario, y se siguen violando las normas alegremente y sin
ningún remordimiento.
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