|
Por LAURA E. ROTUNDO
La trata de personas es un delito que ocupa el tercer lugar como
actividad lucrativa ilegal en el mundo, después del tráfico
de drogas y el de armas. Se trata de un fenómeno que afecta
a todos los países y el traslado siempre se hace desde un país
pobre hacia otro más rico o de una región a otra cuando
es trata interna. La prostitución es el principal objetivo
de este flagelo.
Este delito representa la negación de prácticamente
todos los derechos humanos: a la libertad, la integridad y la seguridad
de las personas. Suele decirse que «las víctimas de la
trata son los esclavos del siglo XXI».
Argentina ratificó (Ley 25.632) en el año 2002, la Convención
de las Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado y
su Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas,
especialmente en mujeres y niños, conocido como Protocolo de
Palermo.
Luego de dos años, nuestro país se encuentra en mora,
ya que aún no tipificó este delito ni puso en funcionamiento
un Plan Nacional de Acción para la lucha contra este terrible
problema.
Por eso, el Proyecto de Fortalecimiento Institucional en la Lucha
contra la Trata de Personas en Argentina (FOINTRA) -que lleva a adelante
la Organización Internacional para las Migraciones- organiza
un Seminario sobre el tema, en el que se pretende dar a conocer (el
próximo 19 de mayo) los proyectos legislativos vigentes y las
normas aprobadas en otros países de la región.
En diálogo con La Mañana de Neuquén, la licenciada
en Ciencias Políticas, Mercedes Assorati -coordinadora de FOINTRA-,
destacó la importancia de combatir esta desgracia.
En primer lugar, me gustaría que explicara brevemente
qué es exactamente la ‘trata de personas’ y cuál
es la situación en nuestro país, en torno a este tema...
Cuando hablamos de trata nos referimos al comercio de seres humanos,
ya sea mujeres, niños u hombres, con fines de explotación.
Esa explotación puede incluir la explotación de la prostitución
ajena u otras formas de explotación sexual; los servicios o
trabajos forzados; la esclavitud o las prácticas análogas
a la esclavitud; la servidumbre o la extracción de órganos.
Es importante destacar la diferencia con el concepto de tráfico
ilícito de migrantes que es, simplemente, facilitar la entrada
ilegal de una persona a un país distinto al propio con el fin
de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro
beneficio de orden material. La trata puede incluir también
el tráfico, pero también se da el caso frecuentemente
de personas que ingresan legalmente al país y son víctimas
de trata. También en nuestro país hay muchísimos
casos de trata interna, sin cruce de fronteras.
El Protocolo de Palermo define a la trata de personas como: “La
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción
de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño,
al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a
la concepción o recepción de beneficios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con
fines de explotación”.
No hay estudios realizados en la República Argentina pero,
a nivel mundial, según cifras de la UNFPA (Fondo de Población
de las Naciones Unidas) unas 4.000.000 de personas son víctimas
de trata anualmente. En la Unión Europea, solamente hay 500.000
mujeres víctimas de trata cada año. En cuanto a los
niños, la cifra es de 1.500.000 niños al año.
El negocio mueve unos 100 millones de dólares al año
según estudios de Naciones Unidas.
¿Qué premisas debería incluir un Plan
Nacional de Acción para la lucha contra la Trata de Personas?
Debería incluir políticas públicas de prevención
dirigidas a la población vulnerable (sobre todo mujeres y niños
de baja condición social y escaso nivel educativo), articuladas
entre todas las provincias y, también, al menos con los países
limítrofes. Ello debería incluir una campaña
de información pública y una investigación sobre
la situación de la trata en el país con un mapeo de
las zonas de alto riesgo de reclutamiento.
Todo plan contra la trata debería tener un componente de investigación
y persecución penal del delito que podría incluir, en
el caso de Argentina, la creación de Unidades Especializadas
de la Fiscalía (tal como la que se creó recientemente
en Buenos Aires); unidades especializadas de investigación
dentro de los organismos de seguridad.
Por los grandes problemas de seguridad para las víctimas que
denuncian, es necesario un programa especial de protección
de testigos que acoja a las víctimas de trata.
También es muy importante el componente de asistencia a las
víctimas que idealmente podría incluir una línea
telefónica gratuita para denuncias y asistencia, albergues,
asistencia psicológica, médica y jurídica y un
apoyo para el retorno al lugar de origen con proyectos de reinserción
de la víctima, para mejorar la situación de vulnerabilidad
que generalmente está en el origen de este delito.
¿Qué indican las experiencias internacionales
de la lucha contra la trata en algunos países sudamericanos?
Recientemente, nuestro proyecto culminó una investigación
sobre toda la legislación americana en materia de trata de
personas, como así también todos los programas que desarrollan
los países con la asistencia de la OIM para combatir este flagelo.
Esta investigación -realizada por la Doctora Laura Gianelli-
estará a disposición del público en el mes de
Junio. Hay que decir que no todos los países tienen legislación
al respecto y que, en general, la legislación es reciente.
Muchos países han tipificado solamente la trata con fines de
explotación sexual, lo cual deja sin protección, por
ejemplo, a los niños sometidos a trabajo esclavo. Diría
que la trata es un tema que recién inicia en Latinoamérica,
casi todo está por hacerse. Colombia por ejemplo tiene una
ley contra la trata hace tan sólo cuatro años y está
arrancando con una Unidad Especializada en Fiscalía; Perú
ha organizado un Grupo Multisectorial, en conjunto con ONG’s
para lidiar con el problema y está diseñando sus políticas
públicas. Tal vez el Plan más desarrollado lo tenga
el Estado de Minas Gerais, en Brasil.
¿Cuáles son los principales objetivos del Fointra,
cómo surge y quiénes impulsan este proyecto?
La OIM, preocupada por el creciente número de casos de trata,
elaboró un proyecto para dar respuesta a esta situación.
El proyecto inició tareas el 15 de marzo de 2005 y está
integrado por un equipo de cuatro profesionales, entre los que me
incluyo.
El objetivo general del proyecto es asistir al gobierno y a la sociedad
civil argentina en el diseño y puesta en marcha de un Plan
Nacional de Acción para la Lucha contra la Trata de Personas.
¿Cómo intentamos lograr este objetivo?
Por un lado, desarrollaremos una serie de capacitaciones en cuatro
regiones en el país cuyos polos son: Buenos Aires, Misiones,
Jujuy y Comodoro Rivadavia. Nuestra estrategia es de capacitación-acción,
es decir que nuestras capacitaciones estarán muy dirigidas
a la acción concreta. En esta primera etapa, los destinatarios
serán los «decisores», es decir las personas que
elaboran las políticas públicas en el ámbito
gubernamental y las ONG’s que trabajan estos temas o temas similares.
Al final de estas capacitaciones, que combinarán una modalidad
presencial y no presencial, esperamos que los funcionarios y los representantes
de la sociedad civil puedan elaborar en los Encuentros Finales unos
Planes de Acción muy concretos para que existan unos mecanismos
institucionales de tratamiento del problema. Es decir, en un caso
de trata, quiénes hacen qué, cómo, cuando, dónde
y con qué recursos.
También entregaremos materiales pedagógicos para que
puedan ser utilizados para replicar las capacitaciones, ya que en
una segunda instancia deben realizarse capacitaciones masivas.
Estamos trabajando en la construcción de una base de datos
con los recursos existentes en materia de trata: quién da albergue
a las víctimas, quién las asesora jurídicamente,
quién les brinda protección, quiénes ayudan con
el retorno, etcétera. Esperamos que esta información
sirva de insumo para una futura línea telefónica de
atención gratuita.
Estamos viendo de qué manera podemos articular las líneas
existentes: 102; 0800; 911 para tratar de dar cobertura a los casos
de trata en todo el país. La base estará a disposición
del público a más tardar en marzo de 2006.
También desarrollaremos acciones de advocacy, como en el caso
del seminario para Legisladores del 19 de mayo en Buenos Aires, para
impulsar la adopción de una legislación en materia de
trata para Argentina.
Finalmente, diseñaremos y pondremos en práctica una
campaña de información pública y sensibilización,
que incluirá los aportes que recojamos de todos los encuentros
finales en las cuatro regiones del país en las que desarrollaremos
actividades.
En la provincia de Buenos Aires estamos por firmar un convenio con
la Universidad de Lanús para incluir módulos de trata
en la capacitación obligatoria que reciben en dicha Universidad,
quienes quieren ser policías. Esto es un adelanto de lo que
debería ser en un futuro una capacitación masiva en
todo el país.
¿Existen diversas ideas o proyectos de ley en Argentina
para combatir este problema?
En el tema de la trata de personas coinciden en general tanto los
partidos políticos como el gobierno y las ONG’s. Es que,
¿quién puede estar a favor de la esclavitud?
En la actualidad hay dos proyectos de ley, uno elaborado por la Diputada
Nacional María Elena Barbagelata (Capital Federal) que es básicamente
un Programa Nacional de Acción en materia de Trata y otro originado
en el Ministerio Público, en la Procuración General
de la Nación que tipifica el delito de trata ya que en este
momento la “trata” como delito no existe en la república
Argentina. Por eso es tan difícil perseguirlo y lograr que
los perpetradores sean castigados. El proyecto de ley que será
presentado por el Ministerio Público incluye también
la creación de un Programa Nacional de Acción.
Hay otros diputados y senadores que están trabajando el tema
como la senadora Mónica Arancio (Jujuy) y Alicia Mastandrea
(Chaco), ambas con un interés muy grande en los temas de explotación
y que también trabajan en proyectos de ley relacionados con
la trata.
¿Cuáles son las etapas de la trata de mujeres
y niños?
Un primer momento es el del reclutamiento, luego viene el transporte
o el tráfico; la recepción de las personas en el lugar
de destino y, finalmente, la entrega al tratante propiamente dicho.
El tratante las/los explota y en ocasiones las/los vende a otros tratantes.
En general, los adultos y los niños son engañados con
promesas de trabajos bien remunerados o bien amenazados o coaccionados.
En muchos casos, les cobran por el transporte a otra ciudad u otro
país y esa deuda es la que tienen que pagar para poder salirse
de la explotación. Siempre se generan nuevos gastos por lo
que nunca terminan de pagarla. Si son extranjeros les quitan los documentos
y eso limita las posibilidades de denunciar porque las víctimas
temen a las autoridades porque saben que se encuentran ilegalmente
en el país de destino.
Hay que decir que -en muchos casos- directamente la víctima
es raptada y reducida en el lugar de explotación mediante drogas,
amenazas de muerte y malos tratos. Por ello, es un delito en el que
si bien es más frecuente que las víctimas tengan una
baja condición social, afecta a toda la sociedad. También
hay mujeres profesionales que han terminado como víctimas de
trata.
¿Cómo se asiste a las víctimas de este
delito y cómo se sabe que son afectadas por este problema?
¿Suelen denunciarlo?
Son muy pocas las personas que se animan a denunciar en sede judicial
la trata de la que son objeto porque implica enfrentar a organizaciones
criminales muchas veces internacionales y con nexos o connivencias
estatales. Con frecuencia los tratantes amenazan a las víctimas
con matar a sus hijos o familiares.
Sin embargo, hay mujeres y niños que escapan a estas redes
y buscan apoyo aún cuando no hagan la denuncia en sede judicial.
La asistencia es compleja e involucra la seguridad en primer lugar,
la protección de la víctima y, muchas veces de los familiares,
el albergue temporal, la asistencia jurídica y psicológica.
En ocasiones, las personas están tan mal que necesitan de un
período antes de poder hablar de lo que han sufrido. También
es necesaria la asistencia médica, ya que muchas niñas
y mujeres sometidas a explotación sexual son mantenidas drogadas
en los lugares de cautiverio, sometidas a golpizas y malos tratos,
muchas son portadoras de enfermedades de transmisión sexual
como el sida.
Hay que tener en cuenta que a todo este padecimiento se agrega el
estigma vinculado a la prostitución y la frecuente revictimización
implicada en la investigación y el proceso judicial. Finalmente,
es necesario asistirlas en el retorno a sus lugares de origen (si
esta es su voluntad) y con programas de reinserción que les
permitan reintegrarse a la sociedad, estudiar, trabajar... La OIM
tiene un programa de retorno de víctimas y ha ayudado a mujeres
de Paraguay, de República Dominicana y de otros países
a regresar a sus hogares.
¿Qué figuras destacadas a nivel nacional y
del extranjero participarán del seminario?
La apertura del seminario estará a cargo del Representante
Regional para el Cono Sur de América Latina de la Organización
Internacional para las Migraciones, el Doctor Eugenio Ambrosi. Nuestra
organización ha retornado ya a cientos de víctimas de
trata a sus lugares de origen.
Estarán los redactores de los proyectos de ley que ya mencionamos,
el Doctor Eugenio Freixas que es el Director General de la Oficina
de Asistencia Integral a la Víctima del Delito de la Procuración
General de la Nación y quien fuera designado recientemente
como Punto Focal para el tema de la Trata en la Argentina. También
tendremos al Programa Nacional Anti-impunidad que nos comentará
acerca de los obstáculos encontrados para intentar hacer justicia
en un caso concreto de trata.
En cuanto a los asistentes internacionales, tendremos a la Fiscal
Ana María Cubas, quien se desempeña como Fiscal Provincial
Titular en lo Penal en Lima y es redactora de un proyecto de ley que
cursa en el Congreso de Perú sobre la Trata de Personas y representante
del Ministerio Público ante el Grupo Multisectorial Permanente
contra la Trata de Personas de Perú. Además, contaremos
con la presencia de la Doctora Jani Jaddid Jalal, Directora Seccional
de Fiscalías de Bogotá, Colombia quien inició
la Unidad Nacional contra la Trata de Personas en ese país.
Por último, contaremos con la presencia de Monika Peruffo,
una doctora de nacionalidad Italiana, quien es punto focal de la OIM
para la trata de personas en Colombia.
|
|