Patricia Bullrich: el Gobierno nacional
«es tozudo e incapaz de dialogar»

 
  “La Constitución prohíbe taxativamente que haya delegación de funciones y de poderes en cuestiones tributarias y esto se viola, ya que todos los analistas evalúan la retención como un tributo”, señaló la diputada.

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Por Laura E. Rotundo

Patricia Bullrich es diputada nacional por la Coalición Cívica y Presidenta de la agrupación política Unión por Todos.
En diálogo con La Mañana, la ex ministra de Trabajo y Seguridad Social hizo referencia al interminable debate de las retenciones móviles -donde participó con un enérgico discurso-, además de dar su visión respecto de los temas que hoy por hoy preocupan a la sociedad.

¿Cómo evalúa la gestión presidencial a casi ocho meses de gestión?
Creo que podría evaluarla negativamente. Van ocho meses de gestión y prácticamente cuatro se los “comió” el conflicto del campo. Igualmente, durante los primeros meses hubo problemas importantes como los cambios que se registraron en el INDEC y un protagonismo extremo del ex Presidente, Néstor Kirchner, en el Partido Justicialista. Teniendo en cuenta lo antedicho, creo que la gestión de Cristina Fernández aún no ha tenido paz y se la observa muy complicada.

Si se aprueba la ley de retenciones, ¿cuál
cree que será el impacto en la sociedad?

El impacto va a ser bien negativo porque ya se empieza a ver lo que está sucediendo. Hay una pérdida de confianza muy grande de gran parte de la población hacia el oficialismo y particularmente hacia la Presidenta.
Está dando vueltas esta idea de un gobierno tozudo, que no es capaz de escuchar a los otros, que no puede salir de su posición y que tampoco es capaz de sentarse a dialogar o a buscar consensos.

Durante el debate, daba la sensación de que algunos diputados no sabían aparentemente la importancia de la norma que sancionaban. ¿Usted cómo lo vivió?
Por ejemplo, yo me enteré a través de varios reportajes que se escuchaban en las distintas radios de Buenos Aires que algunos diputados desconocían que las compensaciones -sobre lo que justamente yo hablé en el Congreso- duraban hasta el 31 de octubre de este año.
Esto muestra que algunos estaban firmando un dictamen y votando una ley que no sabían de qué se trataba.
Inclusive cuando yo hablé y planteé algunos puntos particulares del proyecto, pude observar personalmente las caras de sorpresa, tratando de identificar en que renglón figuraba eso a lo que yo me refería.
Me parece que este hecho hay que analizarlo porque algunos diputados hacen discursos sobre cosas que ni siquiera han leído.

¿Por qué se dice que este proyecto es inconstitucional?
Por dos elementos. En primer lugar, porque la Constitución prohíbe taxativamente que haya delegación de funciones y de poderes en cuestiones tributarias y aquí esto se viola, ya que todos los analistas evalúan la retención como un tributo.
En segundo término, y esto esperamos que el Senado no lo apruebe, es inconstitucional la confiscatoriedad. Si bien la Constitución no habla concretamente de una cifra, establece que los tributos tienen que ser razonables y justos, ya que existe el principio de la productividad.
Si hoy se congela la retención, se está en un 49% del bruto. Es decir, que si coseché cien pesos de algo, se llevan 49 de eso. Eso es, a mí entender, confiscatorio y en consecuencia, inconstitucional.

¿Cuál cree que hubiese sido el camino para solucionar este conflicto?
El camino tendría que haberse marcado, a más tardar, el 15 de marzo.
Yo recuerdo que cuando me tocó conducir el Ministerio de Trabajo se presentaban muchos conflictos y mi cartera era árbitro de cada inconveniente que se presentaba. A todos yo debía decirles: “Todos tienen que dar un paso atrás. Si usted echó a un empleado, tiene que volver a tomarlo y si usted hizo huelga, tiene que levantarla”.
La conciliación siempre implica que las medidas que generan el conflicto, tengan que desactivarse para poder encontrar un lugar para luego resolverlo. Pero esto no sucedió el 15 de marzo, continuó el problema e incluso el Gobierno dictó medidas para tratar de desarmar el enfrentamiento de manera unilateral y entonces cambió la resolución sin hablar con la otra parte y agravó más la dificultad.
A mí me parece que habiendo un conflicto de por medio, lo primero que debe tenerse en cuenta es que existe el otro lado, que tiene cosas para manifestar, necesidad de ser escuchado y que por lo tanto, el gobierno no puede hacer y deshacer, de acuerdo a su parecer exclusivamente.
Después se mandó el proyecto al Parlamento, con el simple objetivo de tratar de volver a legitimar algo que ya estaba deslegitimado.

Se ha interpretado el hecho de que la Presidenta mandara las retenciones al Congreso como la forma más elegante de reconocer que se había equivocado…
Si realmente hubiera reconocido el error, el Gobierno no habría mandado a ratificar la resolución 125, sino un proyecto que la suspendiera y que el Parlamento decida qué retenciones establecer, de acuerdo a su buen saber y entender. Si manda a ratificar una resolución, no asume que se equivocó.

¿Qué autocrítica se hace como miembro de la oposición?
En torno a este tema, se dio un proceso muy importante de participación pero a la hora del debate parlamentario, estábamos totalmente solos. Por otra parte, la sociedad tiene que aprender que movilizarse por un derecho significa congregarse particularmente cuando ese proyecto se está debatiendo en el Parlamento. Tal vez lo hagan ahora en el Senado.

¿Es optimista respecto de la solución de este conflicto?
Yo creo que casi se solucionó quebrando el voto en Diputados, aunque lamentablemente no pudo lograrse. Con más votos en el Senado podría resolverse.

¿Para usted, la gente del campo volverá a las rutas?
Habría que esperar a ver qué sucede en la Cámara Alta. Si la ley se ratifica, el conflicto va a quedar latente.

Como ex ministra de Trabajo, ¿cómo evalúa la implementación del
Plan Jefas y Jefes de Hogar?

Me parece que las políticas de subsidios, en general han logrado mantener a la gente en la desocupación. Yo hubiera planteado no solamente la universalización, sino que el subsidio sea compatible con el trabajo. Al no suceder esto, como todavía hay desconfianza sobre la estabilidad laboral y muchas personas creen entonces que van a conseguir empleo por dos meses y luego quedarán en la calle, mucha gente trabaja informalmente (en negro), para mantener el subsidio, ya que éste representa una mínima tranquilidad para ellos.
Insisto… yo creo que con menos de un dígito de desocupación, habría que hacer compatibles los planes y convertirlos en una asignación universal para que de esta forma, se potencie mucho más el trabajo en aquellos sectores más vulnerables.

 

 


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