Por Laura Rotundo
El Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento es una organización sin fines
de lucro que apunta a trabajar en pos de una Argentina más
justa y desarrollada.
Antonio Cicioni, director del Programa de Instituciones Políticas
de CIPPEC y Christian Gruenberg, director del Programa de Transparencia
de CIPPEC dialogaron extensamente con La Mañana de Neuquén
para dar su visión respecto de la situación institucional
de nuestro país.
En primer lugar, nos gustaría que nos describieran
brevemente cómo surge el CIPPEC y cuál es su misión…
El Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) fue fundado a principios
del año 2000 por 11 jóvenes profesionales, unidos por
la vocación de trabajar en pos de una Argentina más
justa y desarrollada, con distintas especialidades y preferencias
partidarias.
Se trata de una organización independiente y sin fines de lucro
que trabaja por un Estado justo, democrático y eficiente que
mejore la vida de las personas. Para ello concentra sus esfuerzos
en analizar y promover políticas públicas que fomenten
la equidad y el crecimiento en Argentina.
Nuestro desafío es traducir en acciones concretas las mejores
ideas que surjan en las áreas de Desarrollo Social, Desarrollo
Económico y Fortalecimiento de las Instituciones, a través
de los programas de Educación, Salud, Política Fiscal,
Inserción Internacional, Justicia, Transparencia, Instituciones
Políticas, Gestión Pública Local e Incidencia
de la Sociedad Civil.
Nuestra visión apunta a que queremos vivir en una Argentina
desarrollada, con una distribución más equitativa del
ingreso, igualdad de oportunidades e instituciones públicas
sólidas y eficaces. Aspiramos a la consolidación de
una sociedad justa, democrática y abierta al mundo, en la que
todas las personas puedan desarrollarse en libertad.
¿Y cuáles son los objetivos concretos de esta
organización?
En primer lugar, trabajar para que el Estado sea capaz de responder
a las necesidades de los ciudadanos, promoviendo la implementación
de mejores prácticas en el sector estatal y el desarrollo de
más y mejores profesionales con vocación por lo público.
En segundo término, desarrollar y difundir herramientas que
le permitan a la sociedad civil incrementar su capacidad de participación
en las políticas del Estado.
Luego, servir como fuente permanente de consulta sobre políticas
públicas y contribuir al debate público con propuestas
innovadoras para mejorar el accionar del Estado y el bienestar de
la sociedad.
Y por último, llevar a cabo proyectos de investigación
que complementen el trabajo de otros centros de estudio y que se propongan
comprender y solucionar los problemas fundamentales de la realidad
argentina.
¿Cómo describen y evalúan el aspecto
institucional de nuestro país?
La democracia argentina está cerca de cumplir un cuarto de
siglo, y esto es lo primero que debemos festejar, teniendo en cuenta
la historia de inestabilidad político-económica del
siglo XX, y el trágico retroceso de los indicadores socio-
económicos que resultó de ella. También debe
celebrarse el vigoroso crecimiento de la producción, la solvencia
fiscal, la notable disminución del desempleo y la mejora en
los indicadores de pobreza e indigencia que se han producido en los
últimos años.
Sin embargo, todavía nos debemos mejorar la distribución
del ingreso, que está muy lejos de los valores de principios
de los años setenta; incrementar la transparencia en las cuentas
del Estado para disminuir la corrupción y el clientelismo;
y desandar el camino que llevó a una excesiva concentración
del poder, que debilita al federalismo y la innovación en la
gestión pública.
Por último, es necesario focalizar la atención en la
pobreza urbana, un flagelo que continua creciendo y que requerirá
de décadas no sólo de crecimiento, sino también
de una mejor intervención del Estado.
Particularmente en nuestro país y según las
estadísticas, ¿es la corrupción un mal que fue
disminuyendo o aumentando a lo largo de los últimos años?
El diagnóstico general sobre las condiciones institucionales
de transparencia en Argentina es crítico. Nuestro país
fue calificado con 2,9 puntos en el Índice de Percepción
de la Corrupción 2007 de Transparencia Internacional, en el
que 0 es un país considerado como altamente corrupto y 10,
altamente transparente.
Esta calificación se ha mantenido relativamente estable desde
el año 2002, lo que muestra que la percepción de corrupción
en Argentina no ha mejorado en la última gestión presidencial.
Según el Barómetro Global de la Corrupción de
Transparencia Internacional 2007, las expectativas de corrupción
para el futuro tampoco son alentadoras, con 51 por ciento de los encuestados
argentinos que piensan que la corrupción aumentará en
los próximos dos años y un 31 por ciento que piensa
que se mantendrá igual, mientras que sólo el 12 considera
que disminuirá.
Según este relevamiento, Argentina es el país con mayor
proporción de gente que cree que la corrupción afecta
de una manera “muy significativa” la vida política
y comercial, así como la cultura y los valores de la sociedad.
A estos indicadores hay que sumarle hechos significativos como la
falta de voluntad política para aprobar una ley nacional de
acceso a la información pública.
Cuando se habla de transparencia de gobierno, ¿a qué
nos referimos exactamente?
La transparencia en la gestión del Estado tiene el potencial
de mejorar la asignación de recursos públicos, reduciendo
las oportunidades para la corrupción y el clientelismo político.
Desde este punto de vista, la transparencia puede generar un cambio
positivo en la relación entre la sociedad y el Estado.
Si bien no hay una definición común sobre qué
es la transparencia en la administración pública, la
mayoría de las definiciones destacan que el incremento de un
flujo de información accesible, precisa, entendible y oportuna
es un factor fundamental para determinar el grado de transparencia
en la gestión del Estado.
Sin embargo, esta definición es vaga, inconsistente e insuficiente
para guiar el diseño y la implementación de una sólida
política de transparencia. Desde este punto de vista, una política
de transparencia debería articularse en dos planos normativos.
En un primer nivel, debería sancionarse y aplicarse un estricto
régimen de publicidad para los documentos administrativos que
pudieran resultar claves para la toma de decisión de los/las
ciudadanas y para el ejercicio de la auditoría social sobre
la gestión del Estado.
En un segundo nivel, debería sancionarse y aplicarse un régimen
de derecho que garantice la realización del derecho de todos/as
las ciudadanas a poder acceder a la información pública
sin necesidad de justificar la causa ni el interés e incluyendo
mecanismos efectivos para reclamar administrativa y judicialmente
por su incumplimiento.
¿Cuál es el balance que hacen desde CIPPEC
respecto de la transparencia de la actual gestión de Cristina
Fernández de Kirchner?
Si bien aún es temprano para realizar un balance de la actual
gestión de Cristina Fernández de Kirchner, todavía
no observamos serios cambios en dos desafíos clave para promover
una política de transparencia. Aunque es destacable el hecho
de que sólo haya dictado dos decretos de necesidad y urgencia
(DNU) desde que llegó a la Presidencia.
El primer desafío es la sanción de una ley nacional
de acceso a la información pública y, en caso de no
tener éxito con esta primera iniciativa, la segunda es el compromiso
de transformar el decreto presidencial de acceso a la información
pública -1172/3- en una auténtica política de
transparencia.
Dado que el nuevo gobierno cuenta con mayoría en ambas Cámaras
del Congreso de la Nación, podemos predecir que si no hace
lo primero, difícilmente cumpla con lo segundo.
Sobre el factor de la transparencia, ¿cuáles
son los objetivos del centro que Ustedes representan?
El Programa de Transparencia de CIPPEC tiene como principal objetivo
la implementación de reformas institucionales que mejoren la
transparencia en la gestión y asignación de los recursos
públicos, y promuevan el “empoderamiento” de la
sociedad civil para aumentar su participación en el diseño,
implementación y control de las políticas públicas.
Desde el Programa, buscamos contribuir a mejorar el cumplimiento del
derecho de acceder a la información pública. Nuestros
proyectos buscan promover la transparencia en la asignación
de subsidios estatales y promover una reforma que tenga en cuenta
la rendición de cuentas en los programas sociales. Además,
buscamos contribuir al fortalecimiento de las instancias de control
en el Congreso Nacional.
¿Cómo creen que incide el rol y la participación
del ciudadano en la implementación de las políticas
públicas?
Participación es una palabra que viene sonando consistentemente
y sin pausa en el discurso y la práctica de las políticas
públicas desde hace más de 30 años.
Paradójicamente, desde Paulo Freire hasta el Fondo Monetario
Internacional (FMI), todos invocan más y mejor participación
en el diseño y gestión de políticas públicas,
especialmente en aquellas destinadas a reducir la pobreza. Pero un
análisis más cerca al discurso y a la práctica
de los distintos tipos de procesos participativos revela profundas
diferencias en cuanto a los marcos teóricos, las prácticas
concretas y los resultados finales.
¿Cuáles consideran que son los cambios que
deberían encararse desde el Estado para revertir el deterioro
institucional de la República Argentina?
En primer lugar, implementar una política sincera, y en todos
los niveles del Estado, para transparentar las cuentas públicas.
Esta es la mejor arma para combatir la corrupción y, por lo
tanto, para legitimar la actividad política. Segundo, disminuir
la concentración de poder en el Estado federal a partir de
un ordenamiento de los mecanismos de transferencias de recursos a
las provincias, incluyendo indicadores que permitan emparejar la capacidad
de inversión pública en todo el país. Tercero,
mantener la solvencia fiscal del Estado federal, a la vez que debe
fortalecerse las cuentas de la mayoría de las provincias y
los municipios. |
