Por Sergio Serrichio
Buenos Aires (Corresponsalía) > Firme,
dirán algunos. Destempladada, dirán otros. En ningún
caso, la reacción de la presidenta argentina, Cristina Fernández
de Kirchner, que trató de “operación basura”
a las revelaciones difundidas desde Estados Unidos tras la detención,
por parte de la justicia de ese país, de tres ciudadanos venezolanos
(hay un cuarto prófugo) y uno uruguayo acusados de “conspirar”
para ocultar el origen y el destino de los casi 800.000 dólares
que en agosto pasado ingresó a la Argentina el ciudadano venezolano-norteamericano
Guido Alejandro Antonini Wilson, deja espacio para la indiferencia.
Puesta a elegir entre permitirse un margen de duda acerca de qué
se trataba o –en un solo acto- denunciar una conspiración
imperialista y reafirmar la relación con el gobierno de Hugo
Chávez, la presidenta se embanderó con la segunda opción,
echando por tierra con cualquier expectativa inmediata de relación
“amigable” con Estados Unidos.
El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Earl Anthony Wayne,
se molestó en aclarar que no fue un fiscal (esto es, un funcionario
de la Justicia) de Estados Unidos quien afirmó que los 800.000
dólares de la valija de Antonini eran para la campaña
electoral de Cristina, sino que simplemente expuso en una audiencia
que eso fue lo que afirmó uno de los acusados. Pero Cristina
ya había dicho lo suyo. Buscan presionarme, completó,
invocando incluso su condición de mujer.
Puertas adentro
Sin embargo, la pregunta puertas adentro, -más allá
de la satisfacción que un episodio que molesta tanto a Chávez
como a los Kirchner pueda provocar en algunos funcionarios de Bush-
sigue siendo qué hizo (o mejor, qué no hizo) antes el
Gobierno argentino, por entonces presidido por Néstor Kirchner.
Fue la propia Argentina la que le dio a la justicia norteamericana
una puerta de entrada al planeta Antonini con su moroso pedido de
extradición, luego que el misterioso venezolano-norteamericano
entrara a nuestro país con su valija cargada de dólares
en un horario y un lugar por el que no suelen entrar los viajeros
comunes, en un avión fletado por una empresa pública,
y se fuera días después sin reclamar el dinero y sin
que nadie se interpusiera en su camino.
Es patético escuchar a los voceros kirchneristas reeditar en
diciembre los mismos argumentos de agosto: que fueron la seguridad
aeroportuaria y la Aduana argentinas las que interceptaron a Antonini,
olvidando que fue también el Gobierno argentino el que no atinó
a iniciar una investigación por presunto lavado de dinero (presunción
que tenía abundantes elementos a favor) y luego se tomó
un mes para completar el pedido de extradición.
¿Antonini era un doble agente desde el inicio? ¿O era
un agente venezolano que, presionado por el FBI y los fiscales de
EE.UU. se pasó al gran enemigo de la república bolivariana?
La primera pregunta podría haber sido ya respondido, y la segunda
ni siquiera se habría planteado, si en agosto Antonini hubiera
sido detenido en la Argentina, como debió haberlo sido. Todo
indica que el gobierno de Kirchner lo prefería bien lejos.
Los vaticanos tiempos de la justicia argentina hicieron coincidir,
además, la recidiva del episodio valijero con la primera sesión
indagatoria a la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, por
la investigación judicial en torno de su bolso cargado de dólares
y pesos termosellados en el baño del ministerio. Cinco meses
no le han alcanzado a Miceli para encontrar una explicación
verosímil acerca del origen de ese dinero, de por qué
estaba ahí y a qué estaba destinado.
El desafío sindical
La desafortunada coincidencia de los nuevos capítulos de la
bolsa y la valija llenas de dinero que ensombrecieron el final de
la gestión Kirchner (y por ende, la campaña de Cristina)
fue apenas posterior a la sugestiva advertencia del secretario general
de la CGT, Hugo Moyano, de que si la nueva presidenta no acompaña
sus reclamos, él y los suyos están dispuestos a pasarse
“a la vereda de enfrente”.
¿Por qué Moyano dijo algo semejante? ¿Por miedo
a que el Pacto Social de Cristina limite los reclamos salariales de
los gremios en general, y de los gremios afines al líder camionero
en particular? ¿O por miedo a quedar a la intemperie de los
favores oficiales en la puja por la conducción del sindicalismo
que marcará el año 2008?
Desde los albores del gobierno de Néstor Kirchner, el titular
de la CGT sacó ventaja de los favores oficiales, como la creación
en 2003 del “Régimen de fomento de profesionalización
del Transporte de Cargas” (Refop), obra de una graciosa resolución
que le dio a los camioneros acceso a una formidable caja y una poderosa
llave de control sobre las empresas de transporte de cargas, que para
acceder a los subsidios del sistema deben estar al día con
el convenio del sector.
En esos cuatro años y medio el gremio de Moyano no hizo más
que avanzar sobre otros, en disputas de “encuadramiento”
que resolvió con la rudeza de los camioneros y la contundencia
de los camiones.
La novedad es que, con la expiración del mandato del titular
de la CGT a vuelta de calendario (junio de 2008) algunos gremios y
capitostes gremiales (como el inefable líder de los gastronómicos,
Luis Barrionuevo) parecen dispuestos a enfrentar a Moyano, incluso
en la calle, y –de ser necesario- a los tiros.
La secuencia es demasiado clara y los hechos demasiado groseros como
para ignorarlos. El 27 de noviembre fue asesinado el tesorero del
sindicato de los camioneros, Abel Beroiz, el lunes 10 de diciembre
fue agredido otro dirigente camionero y el viernes fue baleado el
secretario gremial del Sindicato de Recolección, Barrido y
Afines de Rosario, Carlos Alberto Albornoz, que también responde
a Moyano.
Si Cristina no viene, como dijo en su asunción a definir internas
políticas y sindicales, sería bueno que a estos episodios
los esclarezca la Justicia, y con una eficacia mayor a la del capítulo
local del caso de la valija. Porque si el problema es entre los muchachos,
a Cristina no le quedará siquiera el recurso de denunciar conspiraciones
imperiales. |
