Por Laura Rotundo
Eduardo Mondino es Defensor del Pueblo de la Nación, y en
diálogo con La Mañana de Neuquén detalla cuál
es su tarea, cuáles son los desafíos pendientes y cuán
importante es que la ciudadanía conozca sus derechos y aprenda
a reclamar.
“La educación es el mejor camino para construir una cultura
de derechos humanos que posibilite una sociedad más justa,
equitativa, solidaria y digna”, asegura Mondino.
¿Cuál es exactamente el rol que desempeña
como “Defensor del Pueblo de la Nación”?
La misión fundamental es la defensa y protección de
los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses
tutelados en nuestra Constitución y las leyes. También
el Defensor ejerce un constante control y observación de cualquier
irregularidad cometida por la Administración Pública,
ya sean acciones, hechos u omisiones que terminen resultando ilegítimos,
arbitrarios, abusivos o negligentes.
La Defensoría es un instrumento que la Constitución
pone en manos de los ciudadanos y nuestro deber es acercárselo
para su utilización.
Desde que tomó este cargo, ¿cuáles son
las quejas más frecuentes que reciben?
A medida que la gente nos percibe cada vez más como un recurso
genuino para la defensa de sus intereses, los temas referidos a los
derechos de incidencia colectiva -por ejemplo, los de afectación
del medio ambiente- han ido tomando una importancia cada vez más
significativa en nuestra tarea.
Si revisamos las quejas y reclamos individuales en lo que va del año,
la mayor incidencia corresponde a los usuarios y consumidores de servicios
públicos (38 por ciento), jubilados (33 por ciento) y derechos
humanos (16 por ciento). Inmediatamente después se registran
las cuestiones vinculadas a la salud y la educación (11 por
ciento).
¿Qué tipo de reclamos de la ciudadanía
toma la Defensoría del Pueblo de la Nación y cómo
trabaja para solucionarlos?
La naturaleza misma de nuestra institución nos permite abarcar
una amplia gama de temas vinculados a los derechos humanos esenciales:
salud, educación, seguridad social, medio ambiente, servicios
públicos, entre otros. En general, los reclamos proceden mayoritariamente
de esas temáticas e intervenimos, por ejemplo, ante hechos,
actos u omisiones de la Administración Pública Nacional
y de las empresas prestatarias de servicios públicos.
Además, contamos con diferentes mecanismos e instrumentos legales
para intervenir. Podemos solicitar expedientes, requerir informes,
realizar inspecciones y verificaciones, y recabar otras medidas probatorias.
Una vez establecidos los antecedentes fidedignamente, desde nuestra
posición imparcial e independiente actuamos para convencer,
recomendar o dictar advertencias, como así también para
ejercer la importante función de la mediación, colaborando
en la búsqueda de soluciones y favorecer la relación
entre el Estado, las instituciones y la sociedad.
¿Cuál es el vínculo de la institución
de la que Usted es titular con las asociaciones de defensa del consumidor
de la República Argentina?
Desde que asumimos la tarea hace siete años establecimos una
política de apertura y optimización del vínculo
con todas las organizaciones sociales del sector que engloba a estas
asociaciones de defensa así como numerosas Organizaciones No
Gubernamentales. Una muestra acabada y muy reciente ha sido la tarea
en común con organizaciones ambientalistas tanto de la Cuenca
Matanza-Riachuelo como del río Reconquista, lo que junto al
aporte académico de varias Universidades facilitó la
confección de dos informes que se convirtieron, prácticamente,
en la base del juicio que se lleva adelante en la Corte Suprema de
Justicia.
Otro caso singular fue el de la iniciativa popular que lanzamos por
un Plan Integral de Seguridad Vial, donde convocamos desde el Automóvil
Club Argentino hasta la Asociación de Carreteras, convencidos
que su participación es importante y acredita idoneidad a todo
lo realizado.
Esta tarea fructífera con asociaciones de consumidores y ONGs
ha sido una constante desde el comienzo de mi gestión.
¿Cuáles son los desafíos o las iniciativas
más importantes que enfrenta actualmente en este puesto?
Nuestro objetivo es culminar el mandato en el 2009 terminando de ubicar
a la Defensoría del Pueblo de la Nación en un lugar
preponderante dentro de las instituciones de la República.
La diferencia de percepción que tiene hoy la sociedad acerca
de nuestra tarea es significativa respecto a años atrás.
Nuestra institución es visualizada con mayor claridad que antes
por la gente y contamos con credibilidad institucional.
También creemos estar haciendo un aporte concreto para que
se opere un cambio de actitud importante en el Estado, para construir
un Estado activo en materia de políticas públicas. El
gran desafío es tener un Estado moderno, eficiente y participativo
para ir resolviendo los problemas prioritarios que tiene la sociedad.
¿Cómo surge el proyecto que presentarían
en Diputados respecto de contar con un “Plan Integral de Seguridad
Vial”? ¿Tendría alcance nacional si se concreta?
Nosotros planteamos una Iniciativa Popular con organizaciones de la
sociedad civil para poder llevar al Parlamento, más que un
proyecto de ley, un Plan Integral de Seguridad Vial. Hay un capítulo
dedicado a la emergencia y a la creación de una Autoridad Nacional
y otro capítulo concentrado en la educación vial, de
modo que esta última se incorpore en algún segmento
de la educación escolar en forma obligatoria.
Siempre hemos hablado de un plan de alcance nacional porque Argentina
tiene, lamentablemente, un promedio de más de 20 muertos por
día en rutas y caminos. Esto reclama una política pública
nacional que sea acompañada tanto por las provincias como por
los municipios.
Creemos que tiene que haber, en todo el país, un modelo único
de licencia para conducir enlazado a un registro permanente de antecedentes
de tránsito, entre otras acciones.
¿Podría diferenciarse el panorama de los reclamos
de la ciudadanía por provincia o en general es igual en todos
los distritos?
Existe un conjunto de problemas que son comunes en casi todo el país,
luego están las problemáticas locales o puntuales de
cada lugar.
Siempre tomando como referencia los primeros seis meses de este año,
quien encabeza los reclamos es la provincia de Buenos Aires (32,9
por ciento), seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(21,9), y las provincias de Córdoba (14,3), Santa Fe (6,8),
Tucumán (5,2) y Mendoza (3,3 por ciento).
Es importante mencionar que las actuaciones registradas en todas las
provincias, son un dato estadístico, aunque se está
frente a un universo mayor de ciudadanos ya que muchos de los expedientes
-si bien hace la queja un ciudadano o grupo de personas- representa
un reclamo que afecta el derecho de un colectivo (por ejemplo, usuarios
del servicio de electricidad, de agua potable, temas del medio ambiente,
etcétera).
¿Qué resultados destacaría como positivos
de su gestión?
Haber hecho más visible la institución, haber logrado
un índice de confiabilidad en constante crecimiento y participar
activamente para que nuestro país avance en la búsqueda
y consolidación de un Estado inteligente, que no es ni el Estado
paternalista ni tampoco el Estado piramidal. Los problemas no se resuelven
más dando órdenes desde el vértice de la pirámide,
sino planteando objetivos estratégicos a mediano y largo plazo,
propiciando el consenso y la participación ciudadana.
¿Cree que la ciudadanía conoce todos sus derechos
o que sería conveniente realizar una campaña a nivel
nacional que pueda difundirlos para que los habitantes sepan cómo
reclamar?
Venimos realizando campañas anuales de difusión y esclarecimiento
desde el comienzo de la gestión, con características
muy precisas: son de alcance nacional y abren líneas directas
de consulta para que los ciudadanos se comuniquen con nosotros fácil
y económicamente.
Vivimos una época caracterizada por los conflictos, por una
multiplicidad de demandas y reclamos por parte de una comunidad insatisfecha,
y no siempre hay un conocimiento preciso de todos los recursos disponibles.
Menciono uno, de gran importancia: la Constitución le ha otorgado
al Defensor del Pueblo de la Nación una herramienta esencial,
tal cual es la legitimación procesal para acudir ante la Justicia
toda vez que los derechos colectivos de los ciudadanos sean avasallados
o directamente desconocidos por el accionar del Estado o por quienes
se hallan sujetos a su contralor.
Por último, ¿cómo observaría
la posibilidad de impulsar una iniciativa que determine que la escuela
debe dedicar algo de su carga horaria para difundir los derechos de
los ciudadanos y educar sobre cómo reclamar?
Como idea es inmejorable y representa algo en lo que creemos profundamente:
la educación es el mejor camino para construir una cultura
de derechos humanos que posibilite una sociedad más justa,
equitativa, solidaria y digna. |
