Por Laura E. Rotundo
En primer lugar, me gustaría saber cómo observa
el funcionamiento de las principales variables económicas en
Argentina…
Con mucha preocupación porque si uno pudiera resumirlas en
un concepto, le diría que están lo suficientemente desequilibradas
como para dar lugar a un proceso inflacionario muy preocupante.
Sobre todo porque las autoridades niegan la existencia de este fenómeno,
a pesar de que existen manifestaciones tan visibles como los ajustes
salariales que le mandan las organizaciones sindicales o los que practican
algunos sectores de la comunidad, como respuesta a la pérdida
de ingreso que vienen exteriorizando.
Por ejemplo, el caso del incremento en los colegios privados y de
los taxis (en la Capital Federal) revela que hay una asimetría
muy grande entre los datos que refleja el Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (INDEC) de la evolución de los precios y la realidad
que enfrentan diariamente los consumidores.
Esto es ciertamente peligroso porque inhibe al Gobierno de plantear
una política antiinflacionaria, que ponga límite a un
proceso que ya puede proyectarse que está ubicado en torno
al 25 por ciento anual y creciendo.
¿Cómo debería entonces el recientemente
designado Ministro de Economía, Carlos Fernández, encarar
el control de la inflación?
Este tema es de manual de textos. Ya está planteado en las
ciencias económicas cómo ante cualquier riesgo de inflación,
la política económica tiene que poner en marcha los
mecanismos idóneos para resolverla.
En primer término, es necesario el reconocimiento de que la
inflación es un fenómeno inicialmente monetario pero
que una vez que está presente pone en marcha lo que se denomina
“puja distributiva”, es decir, la resistencia de los distintos
sectores para perder ingresos, por lo cual empiezan a luchar unos
contra otros para apropiarse de una parte de la renta.
Dentro de estos mecanismos monetarios naturalmente ocupan un lugar
central las tasas de interés. Uno no puede tener funcionando
un sistema económico donde la retribución a los ahorristas,
por los depósitos en los bancos esté debajo de la tasa
de inflación porque si es así está obligándolos
a que saquen sus fondos, aumenten la demanda de ciertos activos -como
por ejemplo, de divisas extranjeras- como para ponerse a cubierto
de la inflación.
La otra herramienta es el reconocimiento de que siendo la inflación,
producto de un exceso de demanda sobre la oferta en la economía,
el gasto público tiene que ser reducido sí o sí.
No puede pretenderse tener estabilidad de precios, al tiempo que los
gastos están creciendo en el entorno del 40 por ciento en la
comparación anual.
La respuesta a este conflicto tiene que venir por el lado de los mecanismos
monetarios fiscales, al igual que ocurre en otras partes del mundo
donde tiene tasas de interés de entre 3 y 4 por ciento y Argentina
se niega a reconocer una inflación que está en el orden
del 25 por ciento.
¿Y por qué cree entonces que el Gobierno se
niega a esto?
Porque insiste en sostener que “se va a enfriar la economía”
y esto sólo sucederá en la medida en que el Gobierno
no quiera que la inflación crezca, básicamente porque
la pérdida de ingresos reales lo que hace luego es disminuir
la demanda real dentro del sistema.
Algunos economistas señalan que podría acercarse
el final de esta bonanza económica que la Argentina vivió
durante los últimos años. ¿Usted qué cree?
Si por bonanza económica seguimos pensando en términos
de crecimiento del 8 por ciento, entonces sí. Argentina no
está en condiciones, con la tasa de inversión que la
caracteriza, en tener una tasa de crecimiento de esta magnitud.
China que es un país que crece a tasas excepcionales, invierte
el 40 por ciento de su producto. Argentina, está invirtiendo
entre el 22 y 23 por ciento. De manera que, lo que se puede tener
como un indicador de éxito en Argentina como tasa de crecimiento
de largo plazo, yo diría que tendría que oscilar entre
el 5 y 6 por ciento y estaríamos ya en una situación
excepcional, sobre todo porque el escenario internacional no favorece.
Olvidemos y dejemos como una cuestión del pasado esas tasas
del 8 por ciento que se dieron a favor por el hecho de que Argentina
salió de una crisis y siempre que se sale de una crisis, hay
un rebote muy fuerte hacia arriba pero los efectos de esta salida,
ya pasaron.
¿Cree viable que baje un poco el tipo de cambio?
El tipo de cambio nominal está subiendo. De 3,18 pesos ya se
ubica en 3,21. Pero el tipo de cambio real está bajando, sencillamente
porque el primero no aumenta en la misma medida que sí se incrementa
el nivel de precios, con lo cual se está produciendo de suerte
de pérdida de competitividad.
De esto es resultado la susceptibilidad de algún sector de
la economía, como el industrial, para presionar sobre un aumento
del tipo nominal de cambio y también la resistencia de los
productores agropecuarios a seguir discutiendo por un nivel de retenciones
muy altos porque le quita rentabilidad. La estructura de costos interna
está subiendo muy fuertemente, el tipo de cambio está
fijo y los reintegros aumentan… así que también
hay pérdida de ganancias y de competitividad.
Yendo a un tema más estructural y pendiente en la economía
argentina… ¿qué cambios cree que deberían
hacerse en materia impositiva?
El primero y fundamental es lograr que el país se de una ley
de coparticipación federal que debió haberse ya concretado
por disposiciones constitucionales en el año 1996.
La ley que existe actualmente no contempla las relaciones potenciales
de fuerza política entre las provincias y la Nación
y esto hace que en general el sistema tienda a equilibrarse por medio
de transferencias arbitrarias hechas por el Gobierno central a los
distintos distritos, según el grado de actividad política
que tengan los gobernadores con el Presidente de la Nación.
Hace tiempo que hemos perdido este equilibrio y tenemos que volver
a recuperarlo.
¿Qué opinión le merece el conflicto
entre el Gobierno y el Campo?
Es lamentable. En cualquier parte del mundo, y también en Argentina,
el agro es signo social de la Nación. Las raíces de
nuestra cultura están en el campo y considerar a este sector
simplemente como una ecuación dentro de una fórmula
económica, me parece que es un gran error.
Yo creo que la protesta que está exteriorizando el agro es
la consecuencia de un sin número de desaciertos que se ubican
antes de la resolución sobre las retenciones del pasado 11
de marzo.
De ahí, la situación deteriorada que hay en economías
regionales, como en la ganadería y la lechería particularmente,
sin dejar de mencionar además a los recursos no renovables
como el gas y el petróleo. Como consecuencia de una desacertada
política en materia de precios, nosotros nos enfrentamos a
serias limitaciones en la oferta de todos los productos que mencionamos.
En el campo en particular, creo que la protesta podría sintetizarse
en la rebelión de contribuyentes que están en el interior
del país a seguir aceptando una política impositiva
que carece de los atributos que debería tener: equidad, proporcionalidad
y sobre todo justicia.
Debemos destacar que en muchos países se produjeron cambios
políticos importantes, justamente por no contemplar estas realidades.
En última instancia, el impuesto al cheque en Estados Unidos
es el que justificó el advenimiento de la democracia en la
colonia inglesa de aquel tiempo.
¿Cree que está cerca la solución de
este enfrentamiento?
Yo quiero creer que sí porque a medida que va transcurriendo
el tiempo, de igual modo a una piedra que se tira en el estanque,
los círculos concéntricos a partir de la protesta del
agro, están alcanzando a la industria, a las finanzas y a todos
los servicios.
Finalmente, creo que va a alcanzar al corazón del sistema que
es el Estado, que se va a ver privado de recursos para seguir sosteniendo
su gasto público. Si fuera una cuestión simplemente
concentrada en el sector agropecuario, sería algo circunstancial
pero no hay que olvidar que con la actitud que ha tomado el agro,
está bajando el nivel de exportaciones y de demanda en todo
el país de cualquiera de los productos que compra el productor,
ya sea como consumidor o empresario.
Esto va a tener efectos muy graves para la economía de la República
Argentina, en la medida que el conflicto no se solucione rápidamente.
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