Por jorge villalobos
El constitucionalista, doctor en Derecho y licenciado en Ciencias
Políticas, Gregorio Badeni, participó del Segundo Seminario
Judicial Patagónico sobre Libertad de Expresión, Magistratura
y Prensa que se realizó el jueves y viernes en Bariloche. Badeni,
quien además integra la Asociación de Entidades Periodísticas
Argentinas (ADEPA) está a cargo de la defensa del polémico
comisario Luis Patti. El constitucionalista dialogó con La
Mañana Neuquén tras brindar su conferencia sobre “los
desafíos de la prensa libre en el siglo XXI”.
Usted está a cargo de la defensa del comisario Luis
Patti, ¿qué opinión le merece todo lo que está
pasando en la Cámara de Diputados con respecto al caso Patti?
Me duele mucho que se adopten decisiones al margen de la ley, me duele
mucho que se adopten decisiones desconociendo sentencias de los tribunales
judiciales, me duele mucho este proceso de desconstitucionalización
que se está operando en la República. La Corte Suprema
fue muy clara: Patti debió ser incorporado en su momento a
la Cámara de Diputados y los diputados no estaban facultados
para desconocer la voluntad de 400.000 ciudadanos. Si existen elementos
a criterio de los diputados que justifican el desafuero de Patti por
mediar un pedido de un juez penal, lo que corresponde hacer, dice
el artículo 70 de la Constitución Nacional, es un juicio
público de desafuero donde Patti pueda defenderse de los pedidos
de desafuero y, luego, la Cámara de Diputados puede tomar libremente
la decisión de desaforarlo y esa decisión es irreversible
y no es susceptible de cuestionamientos. Pero qué es lo que
ha hecho, lamentablemente, la Cámara de Diputados, no incorporó
a Patti como manda la Corte Suprema de Justicia, dispuso desaforarlo,
o sea suspender, a un diputado que todavía no fue incorporado
como diputado, que es un contrasentido, desconoció el artículo
70 de la Constitución.
¿Cree que lo que está haciendo el oficialismo,
o la gran mayoría de los diputados en la Cámara es un
peligro para la constitucionalidad?
Estamos viviendo desde hace varios años un proceso de desconstitucionalización
en la Argentina. En 1983 se inició un proceso de transición
de la democracia, ahora estamos viviendo un proceso de transición
a la autocracia; el Congreso no es independiente, sigue los lineamientos
de la presidenta de la República, los jueces están sujetos
permanentemente a presiones del Poder Ejecutivo y lo ha denunciado
la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia
nacional, se están sancionando impuestos que no los establece
el Congreso, sino que lo dispone el presidente de la República
violando principios que ya fueron establecidos en la Carta Magna en
1215: no puede haber impuestos sin voluntad popular. Y los ciudadanos
están comenzando, en cierto modo, a reaccionar, y me parece
muy bien que se reaccione, porque lo fundamental es que sobreviva
nuestro sistema institucional. El día que nuestro sistema institucional
quede desarticulado, no habrá libertad de prensa, libertad
de pensamiento, los padres no tendrán libertad para educar
a sus hijos y, en definitiva, el Estado argentino, la sociedad argentina
permanecerá dividida, con más odio y con más
rencor.
Diputados del oficialismo mencionaron durante el debate
en el Congreso que había que desaforarlo a Patti, porque no
podía un represor y ser parte de la Cámara de Diputados.
No sé si Patti es represor o no, porque hasta ahora ningún
juez lo dijo y en nuestro sistema constitucional rige el principio
de presunción de inocencia y ese principio no puede ceder frente
a las presiones políticas. No existe el delito de sospecha.
Yo no puede decir que Patti sea un terrorista de Estado hasta que
un juez no lo diga en una sentencia judicial, ningún diputado
puede estar agraviando y arrogándose las potestades de un juez
condenando a alguien, cuando no tiene derecho para condenarlo. Un
diputado tiene que ser un modelo para la sociedad, un diputado es
un líder, en cierto modo, de la dirigencia política
y tendría que servir de modelo a la sociedad y no de antimodelo,
porque si a partir de ahora es válido sospechar que alguien
ha cometido un delito para condenarlo estamos destruyendo nuestro
sistema de garantías. El culpado tiene que probar su inocencia
y no el acusador probar su culpabilidad y eso es un absurdo en una
democracia constitucional. Estaremos implantando un sistema judicial
similar al que rige en China en donde la persona acusada de delito
debe probar su inocencia. Y en la Argentina desde que somos un estado
independiente siempre ha regido el principio contrario: el de la presunción
de inocencia que contienen los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos.
Hoy hay una determinada coyuntura política donde los
aires de centroizquierda podrían discriminar o marginar a la
gente que piensa de una determinada
manera, ¿se corre el riesgo de que eso se revierta después
con este tipo
de actitudes de los diputados?
Este tipo de actitud, a mí me hace recordar, aunque yo era
muy chico y lo leí, a la actitud que se dio en 1950 con Ricardo
Balbín expulsado de la Cámara de Diputados por un gobierno
de derecha, por un gobierno de matiz fascista en ese entonces. Y Ricardo
Balbín era un gran demócrata. Ahora se da al revés
son los grupos de centroizquierda o de extrema izquierda los que están
desplazando a gente que está en el otro sector. De modo que
no nos extrañemos que si perdemos esa cultura cívica
que tan necesaria es para el pueblo, que dentro de unos años
se genere una suerte de revanchismo y quienes hoy manejan la guillota
terminen siendo guillotinados el día de mañana por sus
adversarios.
¿Cuál es el peligro de no acatar un fallo de
la Corte Suprema de la Nación? ¿O la Cámara de
Diputados tiene facultad para decidir por sí mismo?
No, la Cámara de Diputados no puede desconocer un fallo de
la Corte Suprema de Justicia. El último intérprete de
la ley y la Constitución es la Corte, esa es la doctrina de
la división de poderes y así como los jueces tienen
que aplicar las leyes, aunque no les gusten, dictadas por el Congreso,
siempre que sean constitucionales, la Cámara de Diputados debe
respetar las decisiones que dicta la Corte Suprema en el ejercicio
de sus atribuciones exclusivas. Y en este caso, con mayor razón
todavía, porque quien fue a la Corte a pedir una sentencia
no fue Patti, sino la Cámara de Diputados interponiendo recurso
extraordinario.
Usted mencionó el caso del presidente de la Asociación
de Magistrados,(Ricardo) Recondo; él dijo esta semana
que tal como está la situación es muy difícil
procesar a alguien que está en el poder, ¿usted comparte
ese análisis?
- Lo tengo que compartir necesariamente, porque Recondo vive todo
el día con los jueces, recibe las opiniones de los jueces,
recibe las quejas, y las ha sintetizado en esa manifestación
que es apoyada por todos los jueces nacionales o miembros de la Asociación,
de modo que le tengo que dar credibilidad.
¿A usted le consta que haya presiones del poder político
sobre jueces?
Sí, me consta, en el caso Patti concretamente me consta.
¿Por qué asumió la defensa de Patti?
Asumí la defensa de Patti, como en su momento asumí
la defensa del gobernador de Tucumán (José) Alperovich,
porque entendía que las posiciones de ellos eran las que se
ajustaban a la Constitución y que sus derechos políticos
estaban siendo avasallados; en el caso de Patti por no dejarlo ingresar
a la Cámara de Diputados cuando no tenía ningún
impedimento. Por el contrario, lo avalaba el Pacto San José
de Costa Rica; en el caso Alperovich, porque me pareció un
disparate que no podía ser gobernador alguien que no perteneciera
a la religión católica apostólica romana. Y yo
no soy partidario de Alperovich ni de Patti, soy partidario del respeto
a la Constitución.
¿Hubo presiones durante los gobiernos de Néstor
Kirchner y ahora de Cristina Fernández sobre el Poder Judicial?
Hubo presiones sobre el Poder Judicial. El juez que interviene
en el caso Patti fue presionado en el mes de junio o julio, primero
por Luis Duhalde, el secretario de Derechos Humanos del Ministerio
de Justicia y, luego, fue presionado por la diputada (kirchnerista)
Diana Conti. Por eso, sugestivamente, la causa se reabre en el mes
de septiembre de 2007 y en noviembre Patti es detenido, porque se
sabía cual iba a ser el fallo que iba a dar la Corte.
¿Usted cree en la política de Derechos Humanos
del Gobierno?
Yo creo en los Derechos Humanos y creo en quienes practican los Derechos
Humanos; no advierto en el Gobierno respeto a los Derechos Humanos.
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