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Por LAURA ROTUNDO
Mañana es feriado nacional, ya que se celebra el Día
de la Memoria, en ocasión de un nuevo aniversario del inicio
de último golpe de Estado que transitó la República
Argentina.
En este artículo, una síntesis de la triste trayectoria
de gobiernos de facto que vivió nuestro país y la descripción
de algunos de los horrores del tramo militar más cruento de
la historia nacional.
A la expresión golpe de Estado se le atribuyen diversas definiciones:
«Medida grave y violenta que toma uno de los poderes del Estado,
usurpando las atribuciones de otro» u «acción de
apoderarse violenta e ilegalmente del gobierno de un país alguno
de los poderes del mismo, por ejemplo, el ejército»,
o «usurpación ilegal y violenta del poder de una nación
o apropiación del poder por parte de un grupo».
Una descripción más profunda de esta terminología
enuncia que «un golpe de estado es la violación y vulneración
de la legalidad institucional vigente en un Estado por parte de un
grupo de personas que pretenden, mediante la fuerza, sustituir o derrocar
el régimen existente, sustituyéndole por otro propicio
y generalmente configurado por las propias fuerzas golpistas».
Y agrega: «Este ataque contra la soberanía implica que
la mayoría de los golpes de Estado supongan la retención
de los organismos depositarios de aquélla (cámaras parlamentarias
y gobierno) o de sus miembros. Los participantes suelen tener control
sobre elementos estratégicos de las fuerzas armadas y de la
policía y, para asegurar el triunfo de su acción, intentan
hacerse con el de los medios de comunicación.
Durante muchos años el golpe de Estado ha sido un instrumento
habitual para el derrocamiento de gobiernos en el Tercer Mundo. La
pobreza, la insuficiente madurez política, económica
y social, y una larga tradición de liderazgo militar, han hecho
que muchos países sean especialmente propensos a derrocar a
los gobiernos de este modo».
La República Argentina -entre 1930 y 1983- vivió un
largo período marcado fundamentalmente por 6 golpes de Estado
(1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976) con pequeñas etapas de
democracias débiles. Esos golpes fueron producidos por las
Fuerzas Armadas, en muchos casos, con apoyo de civiles. Se impusieron
gobiernos de facto que interrumpieron la vida constitucional del país,
con el objetivo de «poner orden».
El último golpe
Tal como lo manifiesta el sitio del Ministerio de Educación
de la Nación, el 24 de marzo de 1976 ocurrió lo que
muchos esperaban: Isabel Perón fue detenida y trasladada a
Neuquén. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada
por el Teniente General Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo
Emilio Massera y el Brigadier General, Orlando Agosti. El primero
de ellos fue designado presidente de facto.
Se dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea
conformaran el futuro gobierno con igual participación y de
este modo, comenzó el autodenominado Proceso de Reorganización
Nacional.
José Martínez de Hoz fue designado ministro de Economía
y, el 2 de abril, anunció su plan para contener la inflación,
detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras.
La gestión del entonces titular del Ministerio de Hacienda,
en el contexto de la dictadura en que se desenvolvió, fue totalmente
coherente con los objetivos que los militares se propusieron. Durante
este período, la deuda empresaria y las deudas externas pública
y privada se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó,
disminuyendo aún más la capacidad de regulación
estatal.
Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo
de Estado que, fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló
un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación
popular. El régimen militar puso en marcha una represión
implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas,
sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población
mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población.
Así, se inauguró el proceso autoritario más sangriento
que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas,
intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados
y «desaparecieron». Mientras tanto, mucha gente se exilió.
Los números
En este último proceso militar hubo miles de desaparecidos:
la Conadep (Comisión Nacional de Desaparecidos) comprobó
más de 9.000 casos y los organismos de derechos humanos hablan
aún hoy de más de 30.000.
Distintos informes destacan que la «desaparición»
fue la fórmula más siniestra de la «guerra sucia»:
el «objetivo» era secuestrado («chupado»)
por un comando paramilitar («grupo de tareas» o «patota»)
donde, convertido en un número y sin ninguna garantía
legal, quedaba a merced de sus captores.
La desaparición de personas fue un programa de acción,
planificada con anticipación, estableciéndose los métodos
por los cuales llevarlo a la práctica: arrojando a las víctimas
al Río de la Plata (con la previa aplicación de sedantes)
desde aviones o helicópteros militares y en fosas comunes;
y provocando fusilamientos y ocultamiento de cadáveres, sin
ningún tipo de identificación.
La distribución de los desaparecidos según su ocupación
fue (de mayor a menor) la siguiente: Obreros, estudiantes, empleados,
profesionales, docentes, autónomos, conscriptos y personal
subalterno de las fuerzas de seguridad, amas de casa, periodistas,
actores y religiosos.
Entre otras atrocidades, se levantaron centros clandestinos de detención
y torturas. En estos «laboratorios del horror» se detenía,
se torturaba y se asesinaba a personas. Se encontraban en el propio
centro de las ciudades del país, con nombres tristemente famosos,
como la ESMA, el Vesubio, El Garage Olimpo, El Pozo de Banfield o
La Perla. Existieron 340 distribuidos por todo el territorio.
Locales civiles, dependencias policiales o de las propias fuerzas
armadas fueron acondicionados para funcionar como centros clandestinos.
Estas cárceles clandestinas tenían una estructura similar:
una zona dedicada a los interrogatorios y tortura, y otra, donde permanecían
los secuestrados. Ser secuestrado o «chupado», según
la jerga represora, significaba ser fusilado o ser arrojado al río
desde un avión o helicóptero.
El mayor error
En medio de la crisis política, económica y social del
régimen militar, sorpresivamente el 2 de abril de 1982, tropas
argentinas recuperaron las islas Malvinas. Tras frustrados intentos
diplomáticos, la fuerza de tareas británica llegó
al Atlántico Sur y comenzaron las hostilidades.
Con hitos como el hundimiento del crucero «General Belgrano»
-que produjo 322 muertos- y del destructor británico «Sheffield»,
la guerra concluyó el 14 de junio, con la rendición
argentina. La derrota marcó el derrumbe político del
régimen. El regreso de los soldados arrojó luz sobre
las sospechas de lo que habían padecido, sin los pertrechos
y el entrenamiento suficientes para enfrentar a los británicos.
Para defender las islas del ataque de ingleses bien entrenados y equipados,
la Junta Militar reclutó jóvenes argentinos, sin instrucción
militar, la mayoría de los cuales provenía de provincias
pobres del interior del país. La derrota catastrófica
de Malvinas y el conocimiento de la muerte de centenares de jóvenes
argentinos (más de 600), deterioraron el frente militar, pero
sobre todo, la reputación del ejército, al cual se consideró
como mayor responsable del desastre.
Fuentes: Ministerio de Educación de la Nación
– La Historia Argentina del Siglo XX (editorial AIQUE)
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