Por Ramiro Morales
La reaparición pública del ex gobernador Jorge Sobisch,
quien declaró como testigo en el juicio por el homicidio del
docente Carlos Fuentealba, y su posterior crítica a lo publicado
por la enorme mayoría de los medios periodísticos evidenciaron
su incomodidad en un escenario muy diferente al que pisó durante
los últimos ocho años en los que gobernó la provincia.
Su llegada al recinto de la vieja Legislatura fue custodiada de manera
celosa por la Policía, cuyos integrantes, paradójicamente,
fueron los más perjudicados por sus dichos. Pero también
fue protegido en todo momento de las cámaras de los reporteros
gráficos y de la televisión. Claro, también fue
imposible que algún periodista lograra acercársele.
El motivo de semejante reparo pudo haber sido el temor a una eventual
agresión. Otros aseguraron que no quería ser visto en
el “banquillo”. Extraño también, porque
hasta él mismo se encargó de aclarar que su presencia
era en carácter de testigo y no de acusado.
Con su habitual locuacidad y siempre acompañado por su séquito
de fieles -mucho más pequeño que en épocas de
su omnipotente apogeo político-, el ex gobernador, entre certezas
y olvidos, respondió preguntas durante más de una hora.
Si algo faltaba para demostrar su creciente molestia, originada ya
por su derrota en las elecciones presidenciales del año pasado
y acentuada por el esmero del gobierno actual para diferenciarse y
por una consideración negativa de la mayoría de la población
sobre su tarea al frente del Ejecutivo, Sobisch salió al día
siguiente a cuestionar lo que se publicó sobre su declaración.
Pero lo hizo mediante solicitadas y comunicados.
Aunque su entorno pareció estar conforme con su actuación
frente al tribunal, su testimonio fue el detonante de la solicitud
del abogado querellante, Gustavo Palmieri, para que Sobisch sea imputado
en la causa Fuentealba II, por su responsabilidad política
en la trágica represión de Arroyito.
Mientras el gobierno de Sapag pregona la independencia de poderes
y la Justicia enfrenta un indispensable proceso de metamorfosis, son
una incógnita las aspiraciones políticas de Sobisch.
Aunque, indudablemente, estarán supeditadas al desenlace de
las investigaciones, que en caso de tener un final no esperado para
el ex gobernador serán un puntapié para que se inicie
un “juicio” de su gestión de gobierno.
Es una incógnita cuáles serán los avances que
puede tener este revisionismo, por ejemplo, de la extensión
de la concesión gasífera en Loma La Lata que impulsó
en su momento Sobisch. También se podría incluir su
plan de seguridad. La lista podría seguir.
Mientras el sobischismo local trabaja en las sombras, sus dos diputados
nacionales, José Brillo y Hugo Acuña, intentan sostener
en el Congreso las políticas que dominaron la provincia durante
casi una década. Acérrimos “enemigos” de
los Kirchner –tal vez el único punto de coincidencia
entre los líderes de ambas corrientes sea su persistente afán
por callar las voces disonantes y puntualmente las de los periodistas-
y de las retenciones del campo, procuran representar a Neuquén
a contramano de los intereses de su actual conducción y de
las principales fuerzas de la oposición. Tal vez, de los únicos
sobischistas “en actividad” dependa impulsar el incipiente
regreso a escena de Sobisch o convertirse en los coautores de su ocaso
definitivo como político.
En el plano provincial, comienza el segundo semestre del año,
período en el que el gobierno neuquino tiene cifradas expectativas
de conseguir mejorar sus recursos a través de la renegociación
de los contratos con las empresas petroleras. Ése es el desafío,
que se transforma en una necesidad y obligación dado que el
Ejecutivo tendrá que cumplir con compromisos asumidos, como
los aumentos salariales a estatales, que no deberían afectar
la economía provincial.
La buena relación con Nación es la otra herramienta
fundamental que está utilizando Sapag para mantener las finanzas
en orden y que por el momento le ha dado varios beneficios. Será
indispensable para Neuquén una continuidad en esa línea.
La pequeña alarma es que esta estrechez con el gobierno central
se genera en un contexto de pérdida de capital político
de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el desgaste
y la falta de resolución del conflicto del campo.
Un dato no menor es que la confrontación entre las entidades
rurales y el Ejecutivo nacional potenció la figura de uno de
sus actores, el vicepresidente Julio Cobos, quien se destacó
en los últimos días por su carácter conciliador
y que por esto cosechó criticas de los sectores más
duros del kirchnerismo, los que precisamente son los más cuestionados
por la sociedad.
En este contexto, el que se ve beneficiado por su cercanía
ideológica a Cobos es el ex candidato a gobernador neuquino
Horacio “Pechi” Quiroga, quien es uno de los exponentes
más representativos del radicalismo K. Cuánto puede
influir en la política local este posicionamiento de Quiroga
es un pregunta que aún no tiene respuesta, aunque es un aspecto
que puede tomar mayor trascendencia en el futuro de la política
provincial.
También en un mediano plazo se podrá analizar con mayor
certeza las consecuencias de su expulsión de la Unión
Cívica Radical (motivada en su alianza kirchnerista), que se
consumó esta semana.
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