Por Marcia Cide
Se podría afirmar que la sesión del viernes en la Legislatura
rionegrina fue histórica. Se aprobó una ley que protege
del remate a pequeñas unidades productivas familiares, por
deudas a entidades financieras. Una secuencia que se da sin tregua
desde los años 90 y que permitió el avance en la concentración
de la propiedad de las tierras, como así también la
gradual pérdida del carácter de “pequeño”
productor regional.
Distintos motivos confluyen en la consideración personal de
“histórica” a la aprobación de la ley, si
bien resta su próximo tratamiento en 15 días.
Fue tratada sobre tablas y contó con apoyo unánime,
habiendo sido presentada por iniciativa de la legisladora Magdalena
Odarda, del bloque Agrupación por una República de Iguales,
minoritario en la Legislatura rionegrina.
Además: contempló una problemática que abarca
a los pequeños productores de todo el Valle: desde el Alto
al Inferior. Que claro, está dentro de un contexto nacional.
Porque los productores o chacareros tomaron créditos en los
90 tanto a través del Banco Central como de las entidades privadas.
Compromisos que asumieron en una época en que se ofrecían
como recursos para el desarrollo, pero que terminaron deviniendo en
interminables deudas, con valores multiplicados a los de la transacción
original. Esto es: imposibles de saldar.
Un fenómeno económico devastador para los pequeños
productores. Para la elaboración del proyecto que se debatió
en forma enriquecedora en la sesión del viernes, se recordó
que ya suman 7.000 los pequeños productores que deben al Banco
Nación en todo el país. Mientras que en nuestra provincia
son cerca de 500, dato actualizado por la Federación de Productores
de Río Negro.
Odarda también fundamentó el pedido de excepción
de remates en una investigación del INTA Valle Inferior, en
donde se afirma que solamente entre 1988 y 2002 desaparecieron de
Río Negro 2.700 agricultores familiares, mientras que los del
país fueron 63.000.
“Así, el proceso de concentración de la tierra
se fue acentuando y una de las causales mayores fue el endeudamiento
de los productores”, aseguró la legisladora.
La suspensión de remates aprobada esta semana amplía
la ley ya vigente que impide la subasta por deudas en canon de riego.
Esta nueva ley se vincula a las “deudas dinerarias de cualquier
tipo, contraídas para el desarrollo o mejora de las unidades
productivas, cualquiera sea la fecha de la mora y siempre que su monto
original no supere la suma de $ 300 mil pesos o su equivalente en
moneda extranjera”.
Se aclara que “para alcanzar este beneficio deberá tratarse
de un único bien productivo, que sea propiedad del ejecutado
y que su explotación constituya el sustento de su titular y
de su grupo familiar”.
El momento en que se debate este tema también podría
ser considerado histórico. Están sobre la mesa de la
Argentina cuestiones ligadas a la economía nacional: las características
del “modelo agro exportador” se están rediscutiendo
por estas horas y nuestra región no queda fuera, debatiendo
en principio un freno, una red de protección para los más
pequeños productores.
Cómo garantizar que ese modelo productivo basado en la producción
autosustentable persista a lo largo del tiempo es el desafío
amplio, mediante una política integral que evite el vaciamiento
de la zona rural, que pondere identidad, valores, historia. “Estas
medidas que creamos son para frenar. Pero se necesitan políticas
de fondo”, admite Magdalena Odarda. La etapa que atraviesa el
país se presenta fértil para nuevos debates. Un buen
momento.
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