Por RAMIRO MORALES
El desafío está planteado. Neuquén ya comenzó
a vender los pliegos con las condiciones para renegociar los contratos
petroleros, que establecen que las empresas deberán rendir
examen para determinar si cumplieron con el programa de inversiones
y respetaron el medio ambiente.
Esta negociación será la más importante de la
década para la provincia, ya que la producción hidrocarburífera
es la principal fuente de recursos económicos, con el 50 por
ciento de los ingresos, y además prorrogará las concesiones
a las petroleras -que vencen entre 2015 y 2017- por diez años
más.
Al Gobierno le urge la necesidad de contar con fondos frescos de la
renta petrolera para que sus finanzas no pasen sobresaltos, situación
que prácticamente obliga a que la tarea sea exitosa.
Si bien hasta el momento hay bastante hermetismo sobre este tema y
nadie puede afirmar a ciencia cierta cómo se está desarrollando
el proceso y qué números se manejan, el gobernador Jorge
Sapag sería quien está encabezando las negociaciones.
Según trascendidos, en 45 días ya se conocerá
con más exactitud el estado real de las discusiones por las
prórrogas petroleras.
Ahora sí llegó el momento de que el Gobierno provincial
se ponga firme con las empresas y que les dé las prórrogas
a las compañías que invirtieron y les quite las áreas
a las que no cumplieron con los compromisos y no desarrollaron determinados
yacimientos. El Ejecutivo necesita dar transparencias al proceso y
poner sobre la mesa cuáles serán los parámetros
que utilizará para medir la buena conducta de estas petroleras
y los condicionamientos a futuro.
Otra de las cuestiones fundamentales, y que a menudo es olvidada por
los gobernantes, es el cuidado del medio ambiente. El decreto firmado
por Sapag establece que las petroleras deben realizar sus “operaciones
actuando de forma responsable”. Teniendo en cuenta que se trata
de una industria que por sí misma es altamente invasiva del
medio ambiente, la Provincia deberá poner énfasis en
los mecanismos de control de los procesos de mitigación y remediación
ambiental establecidos por ley, y que muchas veces son víctimas
de la negligencia y la desidia. También hay cuestiones de la
actividad petrolera que aún navegan en un vacío legal
y que deberán ser reglamentadas, si es que se pretende proteger
el patrimonio natural de la provincia. Además del daño
ecológico, los derrames de hidrocarburos ya han acarreado juicios
millonarios en Neuquén, fundamentalmente los encarados por
comunidades mapuches.
También es una incógnita qué pasará con
aquellas compañías que no se inscribieron para sentarse
a negociar. Es sugestivo que hasta mitad de semana sólo 30
de las 48 empresas en condiciones de prorrogar sus contratos habían
comprado el pliego del Ejecutivo. El Gobierno advirtió que
ésta es la única oportunidad que tendrán para
acceder a las prórrogas de los contratos. Si las petroleras
no se presentan ahora, sus concesiones culminarán cuando venzan
los contratos actuales.
Una de las condiciones para la renegociación es que las petroleras
hagan un importante desembolso en efectivo por única vez ni
bien se rubriquen los acuerdos.
Neuquén también va por un aumento del seis por ciento
de las regalías, aunque prefiere llamar a ese porcentaje “canon
mensual por producción” para no interferir con la Ley
Nacional que establece que las regalías son del 12 por ciento.
Además, ese plus que pretende conseguir Sapag no sería
coparticipable con los municipios, como sí lo son por norma
provincial las regalías. Lo que sí iría a parar
a las arcas de las intendencias es un pequeño porcentaje en
caso de que la Nación baje las retenciones petroleras y las
empresas tengan una renta extraordinaria. El gobernador quiere ser
“socio” de las ganancias extra de las petroleras, aunque
el Gobierno K no ha dado signos de reducir las retenciones al sector.
Es de esperar que, si Sapag logra aumentar los ingresos hidrocarburíferos,
a fin de año, cuando estén firmados los nuevos contratos,
arreciarán los reclamos de los municipios para hacerse de una
parte de la torta. Los intendentes, que se desviven por conseguir
fondos para enfrentar los reclamos salariales, no pararán de
golpear la puerta de la Casa de Gobierno.
Desabastecimiento
Si bien es ínfimo el costo político que le ocasionó
a Jorge Sapag sumarse al proyecto político de Concertación
que encabeza el matrimonio Kirchner en medio de los momentos más
álgidos del conflicto del campo, esta semana comenzaron a sentirse
en esta provincia las consecuencias de esa confrontación que
lleva más de 90 días y que hasta unos días atrás
aparecía como muy lejana por estas tierras.
El desabastecimiento que reina en el país por el paro de transportistas
ya se sintió fuertemente en la región y está
ocasionando perjuicios a la población, quizás no en
la magnitud que en los grandes centros urbanos pampeanos.
Además ayer, tras el violento desalojo que intentó hacer
Gendarmería nacional en las rutas entrerrianas, los productores
cortaron la principal rotonda de acceso a la provincia de Neuquén
desde Río Negro. ¿Se vendrán tiempos de tensión
en esta región como los que están sucediendo en las
provincias del centro del país?
Los postulantes
Con el paso de los días, en los corrillos legislativos se pronuncian
con insistencia las diferencias con las que fueron acogidos los dos
postulantes a ocupar una vocalía en el Tribunal Superior de
Justicia propuestos por Sapag.
Mientras la nominación del juez federal Guillermo Labate recibió
elogios y prácticamente no se escucharon críticas a
su trayectoria que hacen presagiar un nombramiento seguro, la aspiración
de Marcelo Benavides tendría que sortear varios obstáculos
porque ya algunos diputados habrían asegurado por lo bajo que
impugnarían a este magistrado.
Estas voces se sumarían a las del gremio de judiciales, desde
donde se especula que también existe disconformidad con la
postulación de Benavides.
También comenzó a sonar cada vez con más fuerza
que en caso de Eduardo Badano –quien actualmente afronta un
proceso de juicio político- sea destituido de su cargo, se
propondría para ocupar su lugar a Ivonne San Martín.
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