| La iniciativa apunta, entre otras
cosas, a prevenir futuros asentamientos precarios sobre tierras ubicadas
dentro de los ejidos municipales.
Neuquén
> Con el fin de prevenir y regularizar los asentamientos
precarios y de disponer de la fuerza pública en la forma y
modo que el Ejecutivo considere más oportuno para desalojar
a los ocupantes de tomas, la diputada del Movimiento Popular Neuquino
(MPN) Roxana González presentó un proyecto de ley para
modificar el artículo 29 de la norma provincial 263, correspondiente
a Tierras Fiscales.
“La reforma apunta, entre otras cosas, a prevenir futuros asentamientos
precarios sobre tierras que estuvieran libres de mejoras, ubicadas
dentro de los ejidos municipales”, explica la fundamentación
de la iniciativa.
Su modificación se basa en anexar el artículo 29 bis,
tercero y cuarto a la ley existente, los cuales establecen que la
Dirección de Tierras deberá realizar un relevamiento
de los inmuebles existentes en los ejidos urbanos de los municipios
de la Provincia para reglamentar la nueva normativa.
Además, insta a proceder al cerramiento perimetral de los inmuebles
coordinando acciones con el Ministerio de Desarrollo Social, y a vigilar
y custodiar los mismos por el Ministerio de Justicia, Trabajo y Seguridad.
Los fundamentos del proyecto presentado por González dicen:
“En vistas de las declaraciones públicas efectuadas por
el gobernador Jorge Sapag, en cuanto a lo poco correcto de la toma
de tierras, consideramos oportuno incluir un párrafo al actual
artículo 48 de la Ley de Tierras Fiscales, el que prevé
que en caso de efectivizarse un asentamiento precario sin autorización
previa de la autoridad de aplicación, podrá utilizarse
la fuerza pública para el inmediato desalojo del inmueble en
concordancia con lo ya establecido -como un derecho de los particulares-
en el Código Civil, artículo 2.470, pero ahora como
un derecho del Estado provincial”.
Y argumenta esta modificación en que en un estado de derecho
“está proscrito el uso de la violencia por parte de los
particulares, aún cuando sea para “tomar” y “ocupar”
un inmueble en procura de obtener un lugar para construir una vivienda”.
Regularización
La ley también articula la regularización de tomas sobre
tierras fiscales provinciales y se insta a los municipios a individualizar
los ocupantes y delimitar con tecnología GPS los lotes ocupados,
otorgar tenencia precaria de ocupación a fin de quedar habilitado
para obtener la prestación de los servicios públicos
esenciales.
Luego se dará intervención al municipio donde está
ubicado el asentamiento para que actúe en los lineamientos
urbanísticos, en la mensura y la adjudicación en venta
según los precios, plazos y garantías que determine
la reglamentación.
También se autoriza la toma de decisiones consultas entre Provincia
y el Municipio para reubicar el asentamiento si fuera necesario.
Establece que en caso de constatar una nueva toma se deba “proceder
en defensa de la propiedad y posesión de la Provincia”,
y a disponer de la fuerza pública para el desalojo de los ocupantes.
La argumentación expresa que “más aún cuando
existen personas que cumplen con los procedimientos formales, a fin
de obtener un lote o una casa para vivir (esperando algunos pacíficamente
y sin lesionar los derechos de los demás meses o años)
y con razón se ofuscan al ver este tipo de hechos, viendo como
infructífero el seguimiento de los procedimientos formales
para obtener una vivienda, y optando por ende, por ir directamente
y ‘tomar’ u ‘ocupar’ de hecho un lote”.
Con su argumento, González cree que las limitaciones y el uso
eventual de la fuerza pública “deberá ir acompañado
de una política pública que tienda a paliar la crisis
habitacional que se vive en la sociedad, pues esta es una de las causas
de que se haya producido tanta cantidad de asentamientos”.
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