| También pidió la misma
pena para el secretario tesorero Sandro Badilla. El jueves se conocerá
la sentencia.
Zapala > El fiscal de
primera instancia de esta ciudad, Marcelo Jofré, solicitó
ayer una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución
condicional para el presidente de la Comisión Municipal de
Villa Pehuenia, Mauro del Castillo, y su secretario tesorero, Sandro
Badilla, por considerar que ambos incumplieron con los deberes de
funcionario público al realizar una serie de supuestas operaciones
administrativas relacionadas con la adquisición de vehículos
y la contratación de una obra, sin cumplir con las leyes en
vigencia.
El fiscal también solicitó que Del Castillo y Badilla
sean inhabilitados por el doble de ese tiempo para ejercer cargos
públicos
Dentro de una cadena de seis hechos que fueron unificados en una misma
causa, los citados funcionarios también fueron acusados porque
no lograron justificar con pruebas documentales una suma aproximada
de 300 mil pesos en diversos gastos.
La pena solicitada por el fiscal Jofré fue planteada durante
los alegatos del extenso juicio oral y público que ayer se
llevó cabo en el fuero correccional de esta ciudad, a cargo
del juez Hugo Luis Saccoccia. En tanto que la defensa de los imputados,
asumida por los abogados particulares Antonio Alfredo Di Maggio y
Jorge Andrés Zanini, solicitó la absolución de
los imputados tras cuestionar el procedimiento judicial relacionado
con el allanamiento realizado en la Comisión Municipal, donde
sólo se secuestró documentación de la tesorería
que en la actualidad sigue a cargo de Sandro Badilla.
Los abogados de los acusados, entre otros argumentos defensivos, también
cuestionaron «por incompletos» a los informes que en la
audiencia ventilaron dos peritos contables a quienes les encomendaron
la misión de analizar la documentación en cuestión.
«No hubo confrontación de pruebas ni informes exhaustivos»,
adujo la defensa, que enfatizó con que «cada operatoria
fue sometida a consideración del cuerpo» presidido por
el propio Del Castillo.
Del Castillo fue denunciado en la Justicia por quienes fueron sus
compañeros de bancada hasta el año pasado. Se trata
de los concejales emepenistas Luis Ñanco, María Cumillán
y Andrea Ricard, además del representante del UNE, Eduardo
López. Todos estos declararon ayer en calidad de testigos y
se sumaron los que fueron ofrecidos por la defensa.
«Hubo dolo»
Para el fiscal Jofré, los acusados «no cumplieron con
lo que la ley establece» y manifestó que en sus procedimientos
«no hubo mero error administrativo, hubo dolo», afirmó.
Agregó que Del Castillo y Badilla tenían acceso «al
conocimiento» de las normas de contrataciones en vigencia y
que «obraban a sabiendas de lo que hacían y conociendo
que lo hecho por ellos no era correcto».
En definitiva, Jofré consideró que los seis hechos que
se les imputan a los acusados «están debidamente y claramente
probados, ya que no se ejecutaron las leyes cuyo cumplimiento les
incumbe».
La defensa, en tanto, consideró que se cumplió con la
Ley 53 de Municipalidades y que los fondos para la compra de vehículos
fueron girados por la provincia para consumar las adquisiciones.
También se achacó en el juicio la aprobación
por la compra directa de un vehículo para transportes de escolares,
que contó con la venia de dichos concejales por una cuestión
de «necesidad y urgencia».
Escenario
Hechos
Mauro Del Castillo y Sandro Badilla llegaron al juicio oral por la
compra, supuestamente irregular, de un camión recolector de
residuos y de tres vehículos utilitarios (uno usado), cuya
adquisición fue cuestionada por el resto de los miembros que
integraban la Comisión Municipal.
Los concejales de Villa Pehuenia no avalaron esas operatorias por
considerar que no se respetaron las normas provinciales de contratación
que en estos casos impiden las compras en forma directa.
Otro de los hechos ventilados en el juicio oral de ayer tiene que
ver con la presunta contratación de una empresa para que ejecute
una obra en la biblioteca «Maestro Galeano» de Villa Pehuenia.
El sexto hecho se relaciona con gastos efectuados por un valor de
303.659 pesos que, según el fiscal Jofré, no cuentan
con documentación respaldatoria. El propio juez Saccoccia afirmó
que existe documentación contable secuestrada entre noviembre
de 2004 y junio de 2005 que está incompleta o que no reúne
los requisitos exigidos por las norma vigentes en la materia. El magistrado
precisó que «son más de 100 casos». |
