Por Laura E. Rotundo
El aumento de precios y la escalada de la inflación preocupa
considerablemente a la sociedad, que -a pesar de los acuerdos del
Gobierno con algunos sectores del mercado- no ve reflejado este impacto
firmemente, en productos de primera necesidad. En diálogo con
La Mañana de Neuquén, Pedro Bussetti -Presidente de
Defensa de Unión y Consumidores (Deuco)- detalló las
problemáticas diarias que acarrea el incremento del costo de
vida para todos los argentinos.
¿Cómo describiría la situación
de los usuarios y consumidores de
nuestro país, al día de hoy?
Desde el comienzo y hasta la finalización del día somos
protagonistas de una acción de consumo: viajar en tren u ómnibus,
adquirir el diario, alimentos, medicamentos, vestimenta, utilizar
servicios públicos, etcétera. Por ello, puede afirmarse
que las relaciones de consumo predominan en la vida cotidiana de cada
uno de los ciudadanos.
Contemplando la trascendencia de la problemática en nuestro
país los derechos de los usuarios y consumidores tienen rango
constitucional por cuanto se encuentran contemplados en el artículo
42º de la máxima norma jurídica: la Constitución
Nacional. Existen, además, una extensa cantidad de normas legales
que protegen estos derechos, tales como la Ley de Defensa del Consumidor
sancionada en 1994 y las de Defensa de la Competencia, de Lealtad
Comercial, de Abastecimiento, etc.
A partir de la privatización de los servicios públicos
se dispuso la sanción de Marcos Regulatorios para cada sector
y la creación de Entes Reguladores a fin de amparar al usuario.
Sin embargo, la abundancia de normas existentes no garantiza efectivamente
la debida protección de los derechos de los consumidores. El
Estado -nacional, provincial y municipal- encargado de la aplicación
de la normativa mencionada, no cumple acabadamente con esta misión
y por ello los consumidores no cuentan hasta la fecha con la efectiva
protección de sus derechos.
Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que todo ciudadano
, en su carácter de usuario o consumidor, ha sido víctima
de algún tipo de situación en su relación de
consumo que lo ha perjudicado y por la cual no ha podido obtener respuesta
satisfactoria a su justo reclamo.
Esta realidad, implica un desafío para las autoridades de gobierno
que deberán readecuar sus conductas y sus estrategias para
revertir esta situación.
¿Qué alternativas propondría al Gobierno,
desde su entidad, para
revertir algunas de estas falencias?
En principio, debe existir un reconocimiento de la existencia de esta
realidad que expresamos. En muchas oportunidades y en conversaciones
con funcionarios de gobierno se niega que haya deficiencias en la
aplicación de las normas o se atribuyen a déficits presupuestarios
o falta de personal, cuando en realidad lo que está ausente
es la voluntad política para afrontar esta tarea de defender
los intereses de los consumidores.
En segundo lugar, el Estado debe propiciar la descentralización
de los organismos y la participación activa de la ciudadanía
a través de las organizaciones que representan a los consumidores.
Se ha reclamado insistentemente la incorporación de comisiones
de usuarios en los entes reguladores de los servicios públicos
y solamente se ha logrado incorporarlas en algunos servicios públicos
.
¿Tuvo la posibilidad de trabajar en alguna iniciativa
conjunta con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de
la Nación?
Las entidades defensoras de los consumidores con reconocimiento nacional
realizan proyectos de trabajo en forma conjunta con la Subsecretaría
de Defensa del Consumidor de la Nación, que cuentan con financiamiento
de ésta. Pero el magro presupuesto con que cuenta la Subsecretaría,
impide el desarrollo de más proyectos de este tipo que sin
duda serían beneficiosos.
¿El argentino es de “reclamar” asiduamente,
sin conocer
plenamente sus derechos?
Desde la sanción de la reforma de la Constitución Nacional
y la de la Ley de Defensa del Consumidor se viene produciendo un mayor
desarrollo en la conciencia del ciudadano acerca de su rol como usuario
y consumidor. A ello, contribuye también la labor de los medios
de comunicación que reflejan periódicamente situaciones
de conflicto entre consumidores y proveedores y realizan una tarea
de suma importancia en lo atinente a la educación al consumidor.
¿Cuál es la queja que más se repite
desde DEUCO hacia los empresarios
y a los políticos?
La explosión del mercado de las telecomunicaciones móviles
en los últimos años -en la actualidad hay casi 20 millones
de usuarios de teléfonos celulares- , implica un aumento equivalente
del número de reclamos y quejas sobre la prestación
del servicio, abarcando prácticamente todas las provincias
y regiones del país.
Del mismo modo, aunque en menor medida, se reproducen los reclamos
contra las empresas de servicios públicos, la medicina prepaga,
las empresas de electrodomésticos, las tarjetas de crédito
bancarias o comerciales, etc. Producto de la falta de controles los
usuarios de estos servicios son víctimas cotidianas de múltiples
situaciones que los aquejan.
También aparecen nuevas problemáticas que las organizaciones
de consumidores deben atender. En el transcurso de este año,
DEUCO ha debido encarar la defensa de los derechos de los contribuyentes
municipales, debido a que en el ámbito del conurbano bonaerense
distintos municipios aumentaron las tasas por alumbrado, barrido y
limpieza ( hoy denominados Servicios Generales o nombres equivalentes
) en porcentajes que en algunos casos alcanzaban un 600% de incremento.
¿Qué argumento se oye más frecuentemente
por parte de las empresas, a la hora de explicar porqué se
producen aumentos tan asiduamente?
La declaración de la Emergencia Económica producida
en enero de 2002 produjo entre otros efectos la devaluación
del peso. Como consecuencia de ello, el valor del dólar que
era de un peso hasta finales de 2001, alcanzó en junio de 2002
una cotización que trepó a los 3,80. La devaluación
produjo un equivalente aumento de los precios generales de la economía
y el consiguiente aumento del costo de vida.
A pesar de la reducción del valor de la moneda estadounidense
que se produjo posteriormente (hoy alcanza los 3,05) los precios no
disminuyeron; por el contrario... los índices inflacionarios
se mantienen constantes a tal punto que el gobierno ha encarado una
campaña destinada a lograr inflación cero.
Entre las razones que pueden justificar la firmeza de los precios
y la resistencia a la baja, pueden mencionarse la fuerte concentración
de la actividad productiva en nuestro país que genera situaciones
de monopolio y oligopolio en distintos mercados por lo que se imponen
precios relativos relacionados más estrechamente con esa situación
descripta que con su estructura de costos.
Los mercados del gas, petróleo, acero, aluminio, envases, vidrio
y alimentos -entre otros- son de carácter oligopólico;
se verifica aquí la situación de predominio o de posición
dominante de pocas empresas que les permite a éstas la aplicación
de precios no competitivos.
En relación a los salarios ¿cree que podría
llegar a producirse un pico inflacionario más importante o
-como juzgan desde algunos sectores- cree que es una excusa para no
incrementarlos?
Como se dijo, la devaluación de la moneda nacional produjo
un incremento generalizado de los precios de bienes y servicios que
derivó en índices de inflación que hasta el año
2005 superaron el 70 por ciento. Ello tuvo consecuencias en el crecimiento
de la pobreza e indigencia a niveles superiores a los de la crisis
del año 1989 ( año de los saqueos a comercios ) producto
del desequilibrio entre los ingresos congelados y el gasto de millones
de hogares argentinos.
La recomposición salarial no acompañó el ritmo
del aumento de los precios, por el contrario se mantuvo retrasada
hasta finales de 2004 donde se produjeron aumentos salariales en algunos
sectores laborales. Por lo tanto, se impone un reajuste de los salarios
e ingresos equivalentes al aumento del costo de vida producido en
ese período. Como ello no aconteció persiste la brecha,
cada vez más agudizada, entre los sectores ricos respecto a
los más pobres.
¿Qué crítica le haría al sistema
tributario de nuestro país?
Ha sido reconocido por la mayoría de los especialistas que
el sistema tributario es altamente regresivo por cuanto la mayor parte
de la recaudación se basa en los impuestos al consumo. Ello
deriva en una situación de inequidad por cuanto los más
pobres tributan gran parte de sus ingresos en impuestos a la compra
de alimentos, por ejemplo.
Para revertir, de algún modo esta situación, desde DEUCO
hemos solicitado en reiteradas oportunidades la eliminación
del IVA a los alimentos que integran la Canasta Básica Alimentaria,
sin resultado positivo.
Asimismo propiciamos la eliminación de la elevada carga impositiva
que se ha impuesto en los servicios públicos de todo el país,
que castiga también a los sectores más débiles
.
¿Cuáles son los datos que destacaría
sobre los informes realizados recientemente por DEUCO, en relación
al precio de las carnes y los medicamentos?
La Secretaría de Comercio de la Nación ha dispuesto
una Lista de Precios Máximos para la venta al público
de carne vacuna de las distintas categorías. Al efecto de comprobar
el cumplimiento de la medida, DEUCO realizó una encuesta en
6 de las principales cadenas de supermercados del país, mediante
la cual se verificó que se está cumpliendo la disposición
oficial y en algunos cortes de carne vacuna se ofrecen precios inferiores.
Sin embargo, en las carnicerías encuestadas se observó
que solamente el 20 por ciento cumple acabadamente la resolución
y el resto lo hace parcialmente.
Respecto a los medicamentos, Deuco realizó una encuesta de
precios de las especialidades medicinales que abarcó el período
comprendido entre el 1º de marzo y el 19 de mayo de 2006. En
ella, se comprobó que 2.800 medicamentos aumentaron en promedio
entre un 3 y un 5 por ciento, pero también se registraron alzas
que alcanzaron porcentajes de entre un 15 y hasta un 50 por ciento.
El gobierno nacional ha firmado recientemente un Acuerdo de Precios
con droguerías y distribuidoras farmacéuticas para lograr
la estabilidad de precios hasta el 31 de diciembre de 2006. Lamentablemente,
los aumentos que se registraron con anterioridad afectan a los consumidores
y debiera exigirse a la industria farmacéutica -que es la formadora
de precios y no ha firmado el Acuerdo- que retrotraiga los precios
al mes de febrero del corriente año.
Por último, me gustaría destacar que me resulta muy
difícil mencionar algún sector del mercado que funcione
correctamente y que cumple adecuadamente con las normas que protegen
a los consumidores o que ante las quejas de éstos atienden
satisfactoriamente sus reclamos, hoy por hoy.
Algunas empresas -no superan el medio centenar- habilitaron un 0800
para atender los reclamos de los consumidores y dan satisfacción
a esta demanda, mas la escasa proporción de las mismas respecto
al universo total de empresas nos obliga a considerarlas como la excepción
de la regla.
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