U 11: se pospuso el juicio por torturas

Neuquén > Una cuestión preliminar expuesta por la defensa de los agentes penitenciarios de la U-11 procesados por el delito de torturas impidió la concreción del juicio oral y motivó su suspensión en forma momentánea. La decisión del tribunal generó descontento en los integrantes de las organizaciones de derechos humanos.
Primero, en horas de la mañana de ayer, el comienzo del proceso judicial contra 28 integrantes del Servicio Penitenciario Provincial se vio alterado por la inasistencia de tres acusados. Se dispuso un cuarto intermedio hasta las 15. Llegó el turno de las partes y en el caso de la defensora Estefanía Sauli, observó que entre los integrantes de la Cámara en lo Criminal segunda estaba el doctor Héctor Dedominichi, ex defensor oficial de las víctimas de torturas en la Unidad Penal Nº 11.
También indicó que el tribunal se manifestó en anteriores oportunidades sobre el caso y recordó un hábeas corpus presentado por la situación de los presos víctimas de malos tratos.
Como era de prever, la letrada se refugió en las garantías constitucionales del debido proceso para sus defendidos y pidió garantizar la imparcialidad. Y agregó que en caso de avanzar con el desarrollo del proceso, protestaría en instancias posteriores mediante una casación o recurso extraordinario ante tribunales superiores.
La Cámara, ante la presentación de Sauli, se retiró un momento de la sala y discutió el camino a seguir. Breves minutos después y más allá de considerar “extemporáneo” el reclamo, comunicó que suspendía el juicio y que posiblemente, en 48 horas, daría a conocer lo resuelto y la posibilidad de que la Cámara en lo Criminal primera presida el debate.

Expectativa
Poco pudo hacer la gran expectativa de distintos grupos de derechos humanos en torno al juicio contra 28 agentes penitenciarios de la U-11, procesados por varios hechos que ocurrieron en el 2004 y que tuvieron como víctimas a medio centenar de presos.
Muy temprano, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta la tarde. Cuando todo parecía listo para la primera audiencia, de un total de diez, uno de los abogados defensores interpuso una cuestión preliminar y la Cámara presidida por el doctor José V. Andrada e integrada por Emilio E. Castro y Héctor O. Dedominichi dispuso la suspensión.
Las alternativas que surgen ahora son que la Cámara en lo Criminal primera lleve adelante el juicio o que el doctor Dedominichi sea reemplazado por otro magistrado. Pero considerando las varias circunstancias planteadas por la doctora Sauli, se perfila como más firme la hipótesis inicial.
De todos modos, será difícil que la cuestión quede zanjada esta semana y quizás la nueva fecha del juicio se confirme recién sobre finales de mes.
La suspensión generó un gran desconcierto entre los varios procesados que, apenas se retiraron los jueces, rodearon a la abogada Sauli para consultarla sobre los pormenores de la decisión del tribunal.

Hechos
Varios son los hechos que se les imputan a los 28 agentes del Servicio Penitenciario Provincial. Vale aclarar que algunos de los procesados ya no prestan servicios para la Policía provincial y que uno de ellos registra una condena de la Justicia rionegrina.
El encargado ayer de precisar la imputación contra los acusados fue el fiscal de cámara Rómulo Patti. De acuerdo con su descripción, el primer atropello contra los internos fue entre las últimas horas del 24 de abril y las primeras del 25 de abril de 2004. Sin motivo aparente, ingresaron los agentes penitenciarios a los pabellones 1, 2 y 5 y efectuaron disparos con granadas de gas lacrimógeno.
Otra de las situaciones denunciadas ocurrió entre el 25 y el 26 de abril de 2004. Hubo múltiples disturbios y la represión incluyó disparos con armas de fuego, golpes de puño, puntapiés y trato humillante, bajo amenazas reiteradas y que llevó a los internos a tirarse al piso, mojados y esposados.
Un tercer hecho mencionado por Patti acaeció el 26 de abril de 2004, en los pabellones 2 y 5, y a los golpes de puño, se sumó la utilización de varillas de hierro y bastones.
Finalmente, el 27 de abril de 2004, en la sala de visitas y el taller de la U-11, los presos fueron golpeados y obligados a pronunciar las estrofas del Himno Nacional argentino. Cada vez que se equivocaban, eran castigados y conminados a empezar de nuevo.
El fiscal tuvo un párrafo aparte con los jefes en ese momento de la U-11, René Fuentes y Manuel Montoya, el primero, responsable del penal y el segundo, al frente de seguridad interna. Sobre ambos, recaerían responsabilidades extras.

Escobar, presente

Neuquén > El secretario de Derechos Humanos y Sociales de la ciudad de Neuquén, Jesús Escobar, quien asistió en horas de la mañana, opinó que “me parece sumamente importante que se lleve adelante este juicio, puesto que es el primero, en Neuquén, en contra de una fuerza policial por el cargo de torturas dentro de las cárceles”.
Después, señaló que “para ver cómo funciona una sociedad hay que ver cómo funcionan sus cárceles», y añadió que “hasta ahora había toda una serie de ocultamientos e imposibilidades para los organismos de Derechos Humanos y para el mundo de afuera observar el interior de las cárceles”. Apuntó que este juicio es “muy beneficioso dado que el objetivo es que las cárceles sean uno de los lugares donde también se respeten los derechos humanos”.
Con relación a la autorización para que la asociación Zainuco pueda monitorear el traslado de los detenidos, el funcionario lo consideró un avance, dado que «no sólo implica una respuesta para quienes han cometido un delito, sino también creo que habla muy bien del resto de la sociedad».