Por Darío Soto
Lo que se pensó para tratar de solucionar un problema de los
productores de peras y manzanas puede derivar en un fuerte enfrentamiento
entre estos y los empresarios empacadores y exportadores. La Mesa
de Contractualización Frutícola estableció los
costos de producción en catorce centavos de dólar para
la pera y quince para la manzana sin la presencia de los empresarios
que anticiparon que no aceptarán estos valores a la hora de
negociar con los productores y anunciaron que se presentarían
a la justicia para reclamar la inconstitucionalidad de la Ley 3.993
bajo cuyo régimen se establecieron los costos de referencia.
Luego hubo veladas amenazas, que si bien es cierto hasta ahora sólo
fueron mediáticas, anticipan tiempos de conflicto, de tractores
en la ruta, del humo negro de las gomas, en fin una película
que vimos y sufrimos muchas veces. Aunque la ley prevé mecanismos
para obligar a los empresarios a sentarse a la mesa, nada hace suponer
que el uso «de la fuerza pública» pudiera hacer
cambiar de postura a un sector que hoy las tiene todas consigo para
negociar en condiciones ventajosas con el productor primario y utilizará
todas las herramientas a su alcance para evitar que esto cambie.
Pero más allá de este escenario, me pregunto si el establecimiento
de costos de producción de referencia es la medida adecuada
para proteger a la producción. Y esto me lleva a otros interrogantes
tales como: ¿este sistema no termina premiando a quienes producen
para las jugueras con bajos costos y castigando aquellos que se reconvirtieron
y trabajan para exportar, obviamente con costos superiores a los primeros?
Se calcula que al menos un 35% de los productores trabaja solamente
para la industria y que del 65% restante al menos un 20% de ellos
también destina la mitad de su producción para jugos,
con esta composición del sector la pregunta cobra sentido.
Y más aún, la diversidad de especies y de calidad (sobre
todo) no es otro argumento para dudar de la viabilidad del instrumento
utilizado?
Si le preguntamos a las Cámaras, la respuesta es obvia, pero
tal vez ello sea así por que ésta es la única
opción que tienen. Sin embargo algunos especialistas consideran
que hay, por lo menos una alternativa más que dependería
de la decisión política del gobierno provincial y de,
un organismo nacional. Por un decreto del Senasa, hoy los productores
de Río Negro y Neuquén están vedados de ofrecer
su producción a centros de comercialización de otras
provincias y obligados a entregarla a galpones de empaque. Este verdadero
corralito productivo, perjudica enormemente, por ejemplo, a los productores
de Río Colorado que no pueden comercializar su fruta en Bahía
Blanca, un gran centro de consumo. ¿Si se liberara a los productores
la posibilidad de comercializar en forma directa en otros mercados
-obviamente con la regulación necesaria, con establecimiento
de estándares de calidad y cumplimiento de un régimen
impositivo- sería necesaria esta mesa de contractualización?
¿La búsqueda del mejor precio para colocar la fruta
no oficiaría luego como referencia para negociar, en otras
condiciones que las actuales, con los galpones locales? Me imagino
que sería como quitarle el lazo a la vaca que hoy tienen atada
los empresarios.
El Mercado Concentrador de Neuquén y la Oficina del Inti, allí
existente, podrían ser adecuados para otorgar Certificados
de Garantía de Calidad para ser presentados en otros centros
de comercialización del país. Son sólo ideas,
pero algunas de ellas fueron desarrolladas por especialistas interesados
en el despegue productivo de la región.
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