Por Marcia Cide
El poste que se cae en una escuela y daña a un alumno, los
fondos que no llegan para garantizar los talleres a una escuela de
orientación técnica o el cumplimiento de plazos y equipamiento
para un establecimiento nuevo. No son problemas de una dimensión
que no pueda ser atendida de inmediato.
Al igual que el reclamo de los trabajadores de la salud en los hospitales
públicos de la provincia. Comenzó tibio, mínimo
en Roca y a medida que pasaron los días, desde principios de
abril, fue tomando forma. Ahora, cada vez son más los trabajadores
que adhieren a la medida de fuerza, sumando incluso a profesionales
que nunca antes habían participado de reclamos al Gobierno.
Por estos días, empleados estatales de los hospitales de distintas
localidades están adhiriendo a la retención de servicios
a través de la cual buscan hacer público su reclamo
y llegar al diálogo con el Gobierno. Pretenden mejoras salariales,
blanqueo de ítems, eliminación de sumas no remunerativas,
reconocimiento de antigüedad y zona entre otros puntos.
El ministro de Gobierno, José Luis Rodríguez, se constituyó
en intermediario de algunos de estos reclamos. Pero su voluntad no
alcanzó.
Sin intermediarios
En cuanto al planteo de los estudiantes de los CEM técnicos,
el encuentro con el ministro César Barbeito se planteaba como
una instancia abierta para el diálogo y la búsqueda
de soluciones sin intermediarios que burocratizaran el proceso. Un
diálogo cara a cara.
Sin embargo, fue un encuentro general, donde no hubo lugar para las
soluciones específicas, que hasta hoy siguen reclamando alumnos,
padres y algunos docentes mediante una toma del establecimiento escolar,
como ocurre en Roca en el CEM 31; o con un planteo a la Justicia,
como se dio en San Carlos de Bariloche por el CEM 123.
Investigación
En otro plano, la denuncia de la jueza Marisa Bosco de Choele Choel
porque descubrió que estaba siendo investigada por la propia
fuerza provincial en su ciudad se suma a una serie de episodios en
los que referentes de la Policía de Río Negro plantean
incógnitas sobre su responsabilidad para ocupar los puestos
de conducción a los que fueron asignados. Son casos aislados,
pero de la suma inevitable que se hace de todos ellos cae una duda
generalizada sobre el conjunto del cuerpo de seguridad.
El Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro emitió
un comunicado en el que se solidarizaron con la funcionaria judicial
y en el que exhortan al gobernador Miguel Saiz: “Una vez más
exigimos al Poder Ejecutivo que tome cartas en el asunto y que se
ponga a la altura de las graves circunstancias denunciadas, en este
caso con la magistrada judicial de Choele Choel, para terminar con
la impunidad policial y avanzar en la búsqueda de Justicia”.
“Que mi gobierno sea reconocido por su actitud”, dijo
al inaugurar las sesiones legislativas de este año el propio
gobernador Miguel Saiz. Es lo que el caso judicial, como los otros
enumerados de la coyuntura provincial, parecen demandar.
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