Por Cecilia Soberón
El Concejo Deliberante rechazó la reestructuración
presupuestaria y el presupuesto ejecutado de 2007, al considerar que
no se respetaron las normas vigentes para la modificación de
los montos de las partidas.
Para decirlo más claro, el Gobierno municipal decidió
gastar menos en algunos sectores y más en otros, pero no pidió
autorización para realizar esos cambios. Además los
proyectos presentados superarían el límite previsto
por la Constitución provincial, que llega al 10% del monto
total del presupuesto.
La medida afecta a la gestión actual sólo en parte.
En el aspecto presupuestario, la gestión de Ramón Rioseco
tiene aprobado y reestructurado el presupuesto de 2008. Allí
no habría inconvenientes, porque lo realizado el año
anterior le corresponde políticamente a la gestión de
Eduardo Benítez.
Sin embargo, no hay que olvidar que los diez años en el gobierno
que tuvo Benítez fueron en sociedad con Rioseco, quien no podría
ignorar el manejo de los fondos.
La medida podría tener un trasfondo político, porque
hasta ahora el bloque oficialista compuesto por la Concertación
Neuquina y el Frente Grande ha sido consecuente con las políticas
dictadas desde el Ejecutivo. Se verá si esta votación
responde a un análisis independiente del Concejo, impulsado
por Carlos Moraña, del PI- UNE, o si fue previamente acordada
con el intendente Rioseco.
Más allá de una lectura entre líneas se puede
realizar un análisis puramente institucional. Si se hace un
poco de historia respecto de estos manejos que ahora se cuestionan
podrían encontrarse innumerables casos en los que se aprobaron
incluso presupuestos fuera de toda norma.
En el siglo anterior y principio de éste era normal que los
gobiernos municipales, incluso Plaza Huincul, se manejaran directamente
sin presupuesto, prorrogando el ejercicio anterior.
La Carta Orgánica establece que la presentación sea
en septiembre para el año siguiente. Esta norma se cumple desde
hace poco tiempo, lo que provoca que en contadas ocasiones el intendente
cuente con el presupuesto ya aprobado, como le ocurre este año
a Rioseco.
Durante esos años donde se acumulaban las irregularidades en
la falta de cumplimiento de los plazos, el Tribunal de Cuentas realizó
numerosas observaciones a la documentación, pero nunca los
informes contables tuvieron mayores consecuencias políticas.
A lo sumo el intendente y algunos de sus funcionarios de Hacienda
debieron pagar pequeñas multas por los errores cometidos.
La documentación de 2007 fue enviada al Tribunal que deberá
expedirse. No lo hará rápidamente así que puede
ser que pase desapercibida esta decisión del Concejo o, por
el contrario, que sus consecuencias políticas se hagan más
evidentes. Quedará en mano de las actuales autoridades municipales.
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