Por Ramiro Morales
El enjuiciamiento político a tres de los miembros del Tribunal
Superior de Justicia habilitado por los diputados provinciales el
miércoles pasado se perfila como una bisagra en la historia
política de la provincia.
Si bien los sectores opositores, tal como era de esperar, no quedaron
conformes al pretender que se acuse a todo el Tribunal, el enjuiciamiento
fue un duro golpe a una Justicia profundamente sospechada por sus
estrechos vínculos con el poder de turno.
Este proceso que recién comienza se observa como un paso trascendente
en el camino de depuración institucional que esta sociedad
se debe.
Son muchos los engranajes oxidados que facilitaron la supervivencia
de una Justicia adicta al poder.
Sin duda que el cóctel tenía necesarios ingredientes:
un gobierno omnipotente y voraz, capaz de todo con tal de saciar sus
ansias de poder, una Legislatura mayoritariamente disciplinada y funcional
con el gobierno de turno y una Justicia que, como mínimo, no
hacía lucir con sus actitudes su necesaria vocación
por la independencia de poderes.
Este cóctel parece no estar a gusto de una sociedad neuquina
por demás cansada y se observa a un gobierno con serias intenciones
de respetar y no sobrepasar su área de incumbencia.
Los nuevos jueces que vayan a conformar el TSJ deberán despejar
rápidamente los vicios del pasado y tendrán que focalizar
gran parte de sus esfuerzos en mostrar que sus dictámenes no
se realizan a medida.
Esta posición del actual gobierno, institucionalmente más
saludable y caracterizada por la no intromisión, si bien parece
formar parte de sus convicciones, es también el único
lugar “políticamente correcto” si pretende no ser
irritante y minimizar los niveles de confrontación respecto
de los conflictos latentes.
Son complejos los tiempos que se avecinan. Por un lado, cualquier
revisión del pasado permite pensar a un Sobisch sobresaltado
y con ansias de contraatacar, tal como siempre ha sido su estilo.
Por otro lado, luego de la multitudinaria convocatoria por Fuentealba,
ATEN no baja el tono de sus demandas, muy a pesar de que se observa
a un gobierno que muestra a las claras las restricciones presupuestarias
de la provincia que impiden asumir nuevos compromisos. A priori, no
se observan ideas que puedan dar un cauce civilizado a esta demanda
sectorial. (El paro recientemente anunciado dista de ser socialmente
conveniente cuando el diálogo parece no estar todavía
agotado). Sus demandas se reconocen como legítimas, tal como
probablemente sean razonables los reclamos de gran parte de los sectores
asalariados.
Los números del Gobierno son claros y muestran sus límites.
Cuando la “plata” no alcanza hay tres opciones, buscar
más ingresos, endeudarse o contener el gasto. Buscar más
ingresos demanda tiempo que, a las claras, no hay predisposición
a esperar por parte del gremio, más allá de las señales
concretas que el Gobierno dio en este sentido con el Gas y el Petróleo
Plus. A su vez, en este contexto de creciente inflación, una
propuesta de contención de gastos puede tener connotaciones
“suicidas” a nivel político. Endeudarse sería
más rápido. Pero asumir deuda para gastos corrientes
es más un paliativo que una solución que a la larga
sedimenta en una crisis que afecta a todos.
En general, la fuerza no entra en razones y la fuerza del gremio docente
ya mostró su virulencia.
Los puntos de confrontación son claros y así de claros
deben estar los límites del conflicto. Es importante observar
la necesaria institucionalidad que hace saludable a una sociedad.
Institucionalidad que parece recobrarse y comienza a mostrar sus mejores
aristas en el juicio a los jueces del TSJ. Esa institucionalidad es
la que brindará aires de normalidad a esta provincia. Y normalidad
implica sujeción a normas. Nada impide la expresión
de los diferentes sectores sociales pero todo “grita”
la necesidad de delimitar esas expresiones dándoles un cauce
socialmente responsable.
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