Por Marcia Cide
Los estatales rionegrinos hicieron un fuerte llamado de atención
al Gobierno de la provincia esta semana. Maestros en las escuelas,
judiciales en juzgados, fiscalías y oficinas dependientes del
Poder Judicial; trabajadores de la Salud en hospitales y centros periféricos;
igual que los del área de Familia. Dejaron sus lugares de trabajo
para manifestar por mejores condiciones salariales.
Con distintas manifestaciones y un paro en el que coincidieron a mediados
de semana, dejaron en claro que su salario actual no cubre sus necesidades
y que sus expectativas van mucho más allá de los índices
de inflación de un dígito mensual de los que habla el
INDEC.
El paro en Salud tuvo una característica que lo distinguió
de anteriores jornadas de protesta en la provincia: a él adhirieron
trabajadores que no integran ninguna agrupación sindical y
que por primera vez manifestaron en forma pública su descontento.
A todos, afiliados a sindicatos y a no afiliados, esta vez los unió
el mismo reclamo: rechazan los ítems “no remunerativos”
y piden por un incremento salarial acorde a la canasta básica,
la eliminación del trabajo en negro, la incorporación
al salario básico de las sumas no remunerativas, la inclusión
de la zona desfavorable, el pago de la antigüedad y el 82 % móvil
a los jubilados.
Al igual que en el sector de Salud, los trabajadores de Justicia reclaman
por una recomposición salarial «urgente», la jerarquización
de la carrera judicial; el régimen jubilatorio del 82% móvil;
la porcentualidad salarial; el blanqueo de las categorías superiores;
la actualización del salario familiar y la normalización
del Ipross, la obra social de los estatales de la provincia.
Medida de protesta que sintieron los usuarios del sistema público
de Salud, Educación y de Justicia. Que siguieron los medios
periodísticos pero al parecer nadie más, a juzgar por
las respuestas que podrían haber surgido tras la medida. A
excepción de la paritaria ya pactada en forma previa entre
Educación y UNTER para mañana en Viedma, no hubo otras
instancias de negociación o discusión salarial para
el resto de los sectores.
Manifestaron todos y marcharon hasta la puerta de la Casa de Gobierno
en Viedma para que su reclamo llegue en forma clara. Nadie quiere
pensar que la Casa de Gobierno vacía por un pedido de desalojo
“preventivo” sea una metáfora de la ausencia de
respuesta para el sector público rionegrino en cuestiones de
salario y reconocimiento.
Necesario
Se esperaba la firma del gobernador Miguel Saiz en el decreto de exoneración
de un comisario que abusó de los recursos del Estado de Río
Negro para su provecho personal. El acto, aunque demorado, se produjo
y materializó la voluntad política de respetar y hacer
respetar las instituciones provinciales. La exoneración, tal
como lo define el Diccionario de la Lengua Española, “separa”,
“destituye”. La Justicia y la propia Policía rionegrina
habían probado y comprobado la irregularidad cometida y por
eso exigían el distanciamiento de quien defraudó. El
Ejecutivo, con el decreto rubricado, ratificó un alineamiento
ético necesario.
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