Por ángel Castillo
La imagen de los 35 convencionales constituyentes aplaudiendo en
el acto de jura de la nueva Constitución pasará a la
historia contemporánea de la provincia. Es que, amén
de la trascendencia del nuevo texto constitucional que regirá
los destinos futuros de la provincia, fue una ocasión emblemática
de la posibibilidad -que parecía inexistente meses atrás-
de que la palabra «consenso» tuviera una traducción
en los hechos.
Éste fue el tema que dominó la semana política
en la provincia de Neuquén. El martes hubo una bisagra sobre
cuyo eje cambiarán las expectativas a corto y largo plazo de
quienes tuvieron el honor de participar de la reforma, desde el 16
de diciembre del año pasado.
Durante dos meses y en la sede del Concejo Deliberante de Neuquén
se dio revista a los 318 artículos de la Constitución
de Neuquén que fue sancionada en 1957, cuando la provincia
estaba dando sus primeros pasos como tal después de abandonar
la calidad de Territorio Nacional. Una historia relativamente breve
de medio siglo en los que se construyó un conglomerado cosmopolita
que hoy signa la realidad.
Se actualizaron 113 artículos entre modificaciones, derogaciones
e incorporaciones. Cada uno de los bloques valorizó su aporte:
algunos pusieron sobre el tapete el consenso al que se llegó
entre proyectos que parecían antagónicos, otros valorizaron
su capacidad de desempate en temas polémicos, no faltaron aquellos
que debieron aclarar que la negativa a la reforma no era cerrada,
y los que destacaron la calidad de la nueva Carta Magna.
En el nuevo texto sobresalen la categoría constitucional de
las autonomías municipales como las comunas que no podían
elegir a sus autoridades; la incorporación de los derechos
universales del niño, el respeto por los pueblos originarios
y la propiedad de sus tierras, el beneficio a las cooperativas de
servicos públicos a la hora de presentarse en licitaciones
como es el caso de las cooperativas de energía eléctrica
que por un fallo de la Corte Suprema debían competir en condiciones
de desigualdad con las privadas, y los mecanismos de mayor participación
ciudadana como el defensor del pueblo, una figura que había
sido incorporada en la Carta Magna nacional.
La creación del Consejo de la Magistratura, que permitirá
una elección más transparente de los jueces provinciales,
tuvo un tratamiento especial, creándose un cuerpo con cuatro
representantes del sector político legislativo, dos de los
abogados y uno por el Tribunal Superior de Justicia. Una formación
equilibrada en un momento político nacional donde el tema está
en el centro de la polémica a partir del hegemónico
proyecto de la esposa del presidente Néstor Kirchner, Cristina
Fernández, que apuntó a disminuir la representación
judicial, originando críticas hacia un método que no
originaba mayores cuestionamientos respecto de la intromisión
política. Una independencia declamada desde afuera pero negada
desde el poder.
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