Por Marcia Cide
El caso de un policía que en apariencia iba a recibir el beneficio
jubilatorio sin merecerlo de acuerdo a la ley vigente en Río
Negro, accionó mecanismos institucionales inherentes a una
comunidad democrática.
Quien alguna vez gestionó un retiro o jubilación, o
quien acompañó a un trabajador en condiciones de acceder
a esos beneficios en los trámites exigidos, sabe que se trata
de una verdadera misión, que requiere mucha paciencia y dedicación.
Pero el detalle con el que se analizan los legajos de los trabajadores
no había alcanzado al comisario Marcelo Gómez. La burocracia
administrativa que se echa a andar para tratar un tema tal, obvió
el análisis en profundidad del caso, involucrando así
también al gobernador Miguel Saiz y al Ministro de Gobierno
José Luis Rodríguez en el aparente otorgamiento de un
beneficio que no le correspondía, por haberse comprobado en
forma interna en la fuerza como también judicial, que utilizó
para uso personal vales de combustible de la Policía. La propia
Justicia rionegrina lo había condenado.
La intervención de un ciudadano que denunció la situación
en forma anónima en una transmisión radial en General
Roca echó a andar toda la rigurosidad administrativa que el
caso requería.
El caso despertó dudas sobre si en Río Negro existe
un trato particular para los ciudadanos, de acuerdo a su cercanía
o distancia con la gestión de gobierno.
La denuncia del beneficio a quien no le correspondía, el seguimiento
periodístico, la intervención de legisladores de la
oposición solicitando explicaciones del caso dio su resultado.
La directora de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno, Rita Custet,
explicó esta semana que «nunca se le otorgó el
retiro voluntario a Gómez sino que se lo limitó en los
servicios desde el 1º de enero de este año. No cobra jubilación
porque este beneficio no le fue acordado por el organismo competente».
Esta limitación de servicios, aclaró, se emitió
«conforme a derecho» ya que correspondía que Gómez
gozara de todos los beneficios que le otorga el estado policial hasta
tanto éste cese (por exoneración). Y significó
que el último haber que cobró fue el de diciembre del
2007 y que nunca «gozó de la jubilación»,
a pesar de que inició los trámites en julio del año
pasado.
A la explicación siguió el anuncio de que el decreto
de exoneración –y consecuente pérdida del beneficio
jubilatorio- está a la firma del gobernador Saiz el próximo
martes.
La historia particular puso en evidencia la madurez democrática
de la comunidad para exigir se respeten decisiones institucionales:
la de la propia Policía, con el sumario labrado a su dependiente;
la de la Justicia después, con su condena. En medio, la intervención
ciudadana a través de una denuncia, el seguimiento periodístico,
el acompañamiento de otra fuerza democrática como son
los legisladores; y por último la explicación pública
y determinación gubernamental de respetar lo instituido. En
este caso, la decisión toma forma de decreto, a la firma el
martes próximo.
En vísperas del 24 de Marzo, el caso puede ser tomado como
un buen indicador del rumbo democrático ya adoptado por los
rionegrinos.
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