Por Heraldo Ivanoff
La gran demanda de tierras fiscales para construir viviendas y las
crecientes protestas de vecinos que esta semana han denunciado en
la Justicia a un funcionario municipal que, supuestamente, no ha respetado
el orden de los listados para el otorgamiento de lotes, dejaron otra
vez al descubierto las hondas falencias que -según afirmaron
algunos ediles- se habrían registrado en numerosos expedientes
iniciados en la Dirección de Tierras durante la gestión
del ex intendente Raúl Podestá.
Lo cierto es que la mecha volvió a encenderse a consecuencia
de esta problemática y reavivó la preocupación
en las autoridades que días atrás escucharon a un grupo
de mujeres que decidió impulsar esos reclamos de manera resonante,
tras denunciar públicamente las “últimas injusticias”
que se habrían cometido en la dirección, al llevar a
cabo la adjudicación de terrenos.
Las vecinas del barrio René Favaloro también exhibieron
las ordenanzas que se sancionaron en diciembre pasado en el Concejo
Deliberante, casi al expirar el mandato de la anterior gestión.
De esta forma, el Legislativo municipal terminó autorizando
la entrega de 22 lotes (con todos los servicios disponibles) a un
grupo de familias integradas mayoritariamente por efectivos de la
Policía provincial.
Rápidas adjudicaciones
Los uniformados -según las denunciantes- lograron las adjudicaciones
en pocos meses, “habiendo postulantes inscriptos que vienen
esperando un terreno desde hace más de 10 años”,
afirmaron.
Fue por ello que la denuncia realizada en la Fiscalía de esta
ciudad se hizo extensiva a los ex concejales que votaron a favor de
las mencionadas ordenanzas.
La situación descripta, sumada a la falta de planificación
de la ciudad y a las tomas de terrenos consumadas en los últimos
años, seguramente obligará a las actuales autoridades
a trabajar con más intensidad en el tema, para revertir un
problema cuya solución llevaría bastante tiempo, dadas
las presuntas irregularidades detectadas en la Dirección de
Tierras.
Mientras tanto, cientos de familias zapalinas (serían más
de 800) siguen esperando la entrega de lotes fiscales para poder construir
sus viviendas.
Y otras tantas suman sus quejas por haber sido adjudicatarias de terrenos,
aparentemente sin mensuras, en lugares -como el desolado sector Bella
Vista- donde cuesta instalar los servicios básicos por las
duras formaciones basálticas que caracterizan al lugar donde
habitan numerosos vecinos de bajos recursos.
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