Por Ramiro Morales
Una solución. Eso es lo que reclaman los dos grupos de vecinos
que tienen intereses antagónicos en el conflicto por la toma
del parque lineal al arroyo Durán de Neuquén capital.
De un lado, los pobladores de los barrios aledaños que pretenden
el desalojo del predio porque aseguran que temen por su seguridad;
del otro, las personas que utilizan la usurpación como medio
para ejercer presión para que las autoridades les garanticen
el acceso a la tierra.
A priori, los argumentos de fondo de ambos sectores son válidos:
unos quieren vivir tranquilos; los otros pretenden un espacio para
construir sus hogares, un derecho que el Estado debería garantizarles.
Quienes deben resolver la problemática están en una
encrucijada porque es poco probable que no haya vecinos que se sientan
perjudicados cuando se “normalice” la situación.
Ahora, la pregunta recurrente es si el intendente de Neuquén
capital, Martín Farizano, a dos meses de iniciado su Gobierno,
está dispuesto a pagar el costo político de solicitar
a la Justicia el desalojo del predio, tal como salió a pedir
su antecesor Horacio Quiroga.
En caso de que se imparta esa orden, ¿qué postura tomará
la Policía, que deberá ser la encargada de llevar adelante
el desalojo?
Lo ideal sería que el municipio capitalino, que era el responsable
de que ese espacio verde sea precisamente eso y no sea ocupado para
instalar casillas, encuentre una salida que no deje insatisfacción
en alguno de los sectores. La tarea no será sencilla, pero
será necesaria una solución pacífica y sensata.
Si bien el Concejo Deliberante se declaró en contra de las
tomas de terrenos, esa decisión no deja de ser sólo
un acto de declamación y que en la realidad no genera un marco
de resolución al conflicto. Más bien, parece que los
ediles llevaron la discusión a ese ámbito sólo
para sacar réditos políticos e intentar una salida elegante
del asunto ante la mirada atenta de los vecinos, para quienes sí
la Toma Gatica es una cuestión de vida.
Esta situación particular refleja otros contextos similares
en varias ciudades de la provincia, en las que el déficit habitacional
es la principal preocupación: personas, que ante la falta de
respuestas gubernamentales para solucionar su demanda de viviendas
usurpan terrenos.
En esta toma específicamente la situación se agravó
porque el asentamiento fue en adyacencias de otros barrios. “Termina
siendo una pelea de pobres contra pobres”, se escuchó
en el legislativo comunal cuando los vecinos se cruzaban acusaciones.
Sea cual fuere el desenlace de esta nueva usurpación, fenómeno
cada vez más repetido y del que no hay que olvidar que muchos
dirigentes utilizan políticamente, es evidente que los encargados
de prevenir que no ocurran estos asentamientos deberán estar
más atentos. Y en esto, el Estado tiene una gran responsabilidad
social, porque los habitantes están reclamando a gritos por
un derecho elemental.
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