Por Ramiro Morales
Surtidores con mangueras cruzadas. Largas colas de automovilistas
para conseguir al menos una carga que permita traslados mínimos.
Y precios que superan ampliamente a los de Capital Federal y Buenos
Aires. Fueron tres escenas que se repitieron y multiplicaron en Neuquén
–especialmente en las localidades turísticas- en un verano
que no solamente se ha revelado inclemente para los que no se fueron
de vacaciones y tienen que padecer, por ejemplo, la falta del servicio
de agua potable.
Pareciera que las petroleras, con el silencio habilitante del Gobierno
nacional, quisieran hacer pagar a la población los desbarajustes
de la política energética, y no solamente gatillando
donde más duele (el bolsillo), sino con los padecimientos que
supone la incertidumbre de salir a las rutas sin saber si será
posible repostar en medio de la travesía.
El argumento de las petroleras, frente a la escasez de combustibles,
fue que no dan a basto con la producción para hacer frente
al crecimiento de la demanda que, además, se acentúa
en época estival.
Pero nada dicen, por lo menos hasta ahora, respecto del precio diferenciado
(y distorsivo) que se aplica en provincias como Neuquén, donde,
según un relevamiento del Gobierno provincial, se abonan entre
20 y 30 centavos más que en la Capital Federal o en el Conurbano
bonaerense.
Nunca hubo, en rigor, explicación alguna por semejante diferencia;
incomprensible si se considera que aquí se produce y refina
la mayor parte del combustible que se consume en el país.
La población ha quedado a merced de ese manejo arbitrario e
injustificado. El pedido de explicaciones técnicas del Ejecutivo
neuquino a la empresa Repsol YPF es la primera acción en años
tendiente, al menos, a echar luz sobre una cuestión de la que
nadie pareció querer ocuparse.
Los expendedores dicen que tampoco ellos encuentran justificativos
a la distorsión y coinciden en que las dos principales petroleras
son las que han resuelto, unilateralmente, aplicar esas diferencias
con la debida tolerancia, claro está, según la Secretaría
de Comercio del Interior de la Nación, que comanda el espadachín
kirchnerista Guillermo Moreno.
Hubiese sido viable, entonces, que las acciones del Gobierno neuquino
apuntasen también a ese organismo para que desde allí
también se ofrezcan las correspondientes explicaciones respecto
de su grado de responsabilidad en el asunto.
También sería saludable que el Estado provincial (es
decir, los tres poderes) se involucren más –a favor de
la gente- en el cobro de los 10 centavos por litro de combustible
cargado en concepto del denominado servicio de playa que los usuarios
deben afrontar en Neuquén cada vez que cargan el tanque.
El cobro de ese carga (también tolerada por el Estado) fue
ideada ante la falta de rentabilidad que acusaron los propietarios
de las estaciones de servicio a causa de los exiguos márgenes
de ganancia que les permiten las petroleras.
El castigo, aquí también, otra vez recayó en
los usuarios.
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