Por Ramiro Morales
Esta semana el gobierno de Jorge Sobisch pateó el tablero
y anunció que recurrirá a la Justicia para lograr que
Repsol YPF pierda la concesión del yacimiento de gas más
grande del país, Loma La Lata, por incumplimiento de inversiones.
Además irá más allá: pondrá el
debate en seno de la Legislatura para que los diputados tengan en
cuenta “este grave antecedente” de la petrolera cuando
deban negociarse las prórrogas de otros contratos.
La medida generó reacciones dispares: por un lado logró
el apoyo del arco opositor y por otro crispó los ánimos
del sector petrolero.
La Provincia asegura que Repsol YPF invirtió 422 millones de
dólares menos de los 3.500 comprometidos por contrato para
el período 2000-05. Sin embargo la empresa dice que superó
la inversión “con creces”, y que en todo caso 422
millones no es una cifra “sustancial”, sobre un plan de
inversiones global de 8 mil millones de dólares.
Esa discusión es central, ya que la Ley de Hidrocarburos establece
que la caída de la prórroga de la concesión se
producirá “por incumplimiento sustancial e injustificado
de las obligaciones estipuladas”.
Si tal como lo anunció la provincia, esta semana el litigio
llega a la Justicia, será en ese ámbito donde se determinará
si los 422 millones en cuestión son “sustanciales”.
La única certeza es que la medida del gobierno provincial –sorpresiva
para muchos- ya sacudió el avispero.
Más transparencia y control
La nueva Ley de Ministerios, que presentó el gobernador electo
Jorge Sapag esta semana, deja a las claras que la intención
del futuro mandatario es que exista un mayor control de la gestión
gubernamental y más eficacia en el uso de los recursos provinciales.
Ésos objetivos fueron pilares de la campaña provincial
del Movimiento Popular Neuquino. El achicamiento de la estructura
ministerial es una señal en ese sentido y la creación
de nuevas secretarías que pueden ejercer una especie de poder
de policía es otra.
Para destacar también la nueva subsecretaría de Justicia
y Derechos Humanas, un tipo de organismo que ha brillado por su ausencia
en los últimos períodos de la Provincia.
Sin autarquía
El secretario de estado de cultura de la provincia, Reinaldo Labrín,
tuvo una semana para el olvido. Como si se tratara de un efecto dominó,
dos de sus proyectos personales más importantes fueron cayéndose
uno tras otro.
El primero fue el intento de conseguir la autarquía de la Orquesta
Sinfónica de Neuquén. En un documento entregado la semana
pasada a los legisladores neuquinos, Labrín señalaba
que la Fundación del BPN, de la que dependía, no podía
hacerse cargo de los gastos de la formación y, por eso, para
evitar su desaparición, debía ser subsidiada por el
Estado neuquino.
Con el apoyo de toda la comunidad, el proyecto se mantenía
firme, salvo por un pequeño detalle. El monto solicitado para
su funcionamiento era de tres millones de pesos.
Esta cifra despertó la furia de los músicos locales,
quienes reclamaban ser tenidos en cuenta. Tal como se lo hicieron
saber a Labrín en las puertas de la Legislatura.
Ya en la cúspide de lo que sería su eventual caída,
el secretario de cultura retiró su proyecto y presentó
su renuncia como director de la Sinfónica. Y aquí entró
en juego su honor. En pleno arrebato de bronca, propia de aquel que
se siente traicionado por los suyos, denunció el boicot por
parte de quien él llamará como director adjunto, Andrés
Tolcachir, y de la presidenta de la Fundación, María
Angélica Carnaghi.
Al primero lo acusó de obstaculizar las presentaciones de la
Orquesta durante todo el año y de gastos excesivos como el
realizado en julio pasado cuando se viajó a Buenos Aires para
interpretar la Novena Sinfonía de Beethoven en el Gran Rex.
Lo cierto es que Labrín se mostró derrotado y, aún
así, tuvo la última palabra. En medio de la tormenta,
se dio el privilegio de levantar la batuta por última vez el
viernes pasado en el Parque central.
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