Por Darío Soto
Mas allá de la falta de certeza sobre los cambios que realizará
el gobernador Miguel Saiz en la estructura ministerial (José
Luis “Rafucho” Rodríguez aparece cada vez más
cerca de Gobierno) y los chisporroteos en la línea de comunicación
entre el oficialismo y la oposición; la crisis estructural
que aqueja al Instituto Provincial de Seguro de Salud “IPROSS”,
que derivó en una virtual imposibilidad de hacer frente a las
obligaciones que mantiene con los prestadores del sistema, aparece
como el principal problema de la administración provincial
por estos días.
Si bien es cierto que los cortes en servicios prestacionales vienen
siendo moneda corriente en los últimos años, ahora se
registra un nivel de morosidad difícil de afrontar con los
recursos presupuestarios con que hoy cuenta la obra social. Pero esta
realidad que contempla las consecuencias de imprevisiones del pasado
tiende a agravarse si se tiene en cuenta la presión que ejercen
los prestadores para revisar los valores de las capitas consideradas
en algunos casos insuficientes, sobre todo en el tercer nivel en donde
la tecnología médica utilizada eleva considerablemente
los costos, si se tiene en cuenta que el mantenimiento, reposición
o inversiones nuevas deben dimensionarse en dólares y no en
pesos.
Ya nadie discute la necesidad de elevar los niveles de los aportes,
tanto el que realizan los trabajadores como el que le corresponde
al estado. En este sentido cabe señalar que los representantes
de los trabajadores acusan una deuda histórica, por aportes
no realizados por el gobierno, de alrededor de 38 millones de pesos,
que si fueran actualizados a valores constantes superaría los
90 millones. Desde el mismo sector se da cuenta de la existencia de
créditos a favor del IPROSS por deudas de aportes que mantienen
empresas del estado provincial. Como ejemplo se dio la deuda que mantiene
la empresa ARSA, de casi 5 millones de pesos y como contrapartida
la deuda que mantiene la obra social con los farmacéuticos
que asciende a 4 millones 700 mil pesos. ARSA es solo una de los muchas
empresas con participación estatal que mantienen deudas históricas
con la obra social.
El manejo de estos y otros datos permite a los sindicatos sostener
que antes de dimensionar el nivel de incremento de los aportes se
debe asegurar el cumplimiento de las obligaciones actuales para poder
cuantificar realmente cuál es el nivel de necesidad de financiamiento.
Mientras tanto desde la obra social se requerirán modificaciones
tendientes a lograr que no haya aportes individuales inferiores a
los cien pesos ($ 100.-). Esto tiende a evitar un vicio que se produce
sobre todo en el sector docente en donde ocurre por ejemplo que un
profesor con un par de horas cátedra cuyo aporte mínimo
de doce pesos le permite acceder plenamente a los beneficios de la
obra social a él y su grupo familiar. En el otro extremo se
ubican magistrados del poder judicial que perciben salarios de privilegio
que les permitirían acceder a prestaciones de servicios de
salud de prepagas con aportes de alrededor de setecientos pesos, y
son beneficiarios de la obra social estatal aportando menos de doscientos
pesos.
Hoy nuestra expectativa de vida es superior a la de 25 años
atrás y su crecimiento es exponencial mientras más lejos
llevemos la comparación. Esto fue posible gracias a los avances
en materia de atención logrado a lo largo del tiempo, y fundamentalmente
a la tecnología aplicada a la salud. El acceso a estos niveles
de atención requiere de grandes inversiones muchas veces alejadas
de las estructuras de financiamiento de la mayoría de las obras
sociales.
Asegurar el acceso a un buen nivel de servicio de salud a los trabajadores
es un deber del estado. Pero son varios los sectores que tienen obligaciones
concurrentes que permiten el cumplimiento de aquél deber, uno
de ellos es observar acabadamente y cumplir con las normas que rigen
el sistema.
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