Por RAMIRO MORALES
Estuvo cerca de convertirse en una catástrofe. Aun cuando
parezca exagerado, el drama de la falta de agua potable en toda Picún
Leufú pudo equipararse a cualquiera de las poblaciones que
a menudo aparecen en las noticias internacionales penando para evitar
consecuencias sanitarias de magnitud al cabo de temporales, huracanes
o maremotos.
Aquí no fue así. Y tal vez por eso la gravedad de la
situación se acentúa todavía más: todos
los pronósticos anticipaban una bajante récord en los
caudales del río Limay y, por consiguiente, del embalse de
El Chocón, desde donde se capta el agua que consumen los habitantes
de Picún Leufú.
El Estado ha gastado centenares de millones creando y financiando
organismos burocráticos encargados desde la seguridad de las
presas, hasta la vigilancia extrema del comportamiento de las cuencas
de modo que el sistema hidroeléctrico no ponga en riesgo a
las poblaciones asentadas aguas abajo de las obras.
E incluso ha preparado cuantiosos planes y protocolos para hacer frente
a contingencias causadas por el manejo artificial de los ríos.
Y más: hasta financia los sueldos de legiones de funcionarios
y técnicos que representan a las provincias que integran esos
organismos.
Nada de eso, sin embargo, pareció haber servido para evitar
lo que finalmente sucedió en Picún Leufú.
Pases de facturas, reproches y hasta riesgosas faltas de comunicaciones
entre autoridades nacionales, provinciales y municipales han puesto
a la gente de la localidad en una situación límite,
traumática, como el de la familia de doce integrantes -la mayoría
niños-, que mostró ante los enviados de este diario
las penurias de vivir apenas con dos pequeños bidones de agua
por día.
La responsabilidad se extiende, asimismo, a la justicia que no solamente
deberá explicar su ausencia en este drama, sino que también
deberá individualizar a los responsables de no haber evitado
semejante colapso.
El estado de campañas permanentes pareció haber ocupado
demasiado (más de la cuenta) la atención de políticos
y funcionarios, y Picún Leufú lo pagó caro por
cargar con el pecado original de aportar tan pocos votos.
Esta situación debería ser un enfático llamado
de atención para salientes y entrantes funcionarios municipales
y provinciales en Neuquén capital, una ciudad cuyo sistema
de captación y distribución de agua potable languidece
desde años sin que se encuentre una solución al problema.
¿Qué ocurrirá en esta ciudad, si como se ha advertido,
los problemas y las fallas del servicio en manos del EPAS terminan
(otra vez) desbordados? ¿Y cuál será la actitud
de los vecinos que, verano a verano, vienen soportando la escasez
en sus canillas?
Ojalá los pronósticos no se confirmen. Y si se confirman
que se sepa dónde están los responsables.
Los albañiles
El otro tema que signó la semana en la provincia fue
la batalla campal entre los sindicalistas de la Uocra que de milagro
no terminó en una tragedia. La virulencia del enfrentamiento
entre la dirigencia de los albañiles, que se dio en la sede
gremial de la capital, generó un caos generalizado en el microcentro
neuquino y la desesperación y el temor de quienes pasaron por
allí.
Una pregunta que aparece enseguida es porqué la interna sindical
llegó a ese punto de violencia. Una de las partes acusó
que los incidentes fueron perpetrados por una minoría que no
estaba dispuesta a tolerar la voluntad de una mayoría que apoyaba
al titular del organismo, Julio Ojeda, quien definió a los
hechos como un “intento golpista”.
Por el otro lado, Juan Alisas, representante del otro sector, destacó
que habían ido a charlar con el secretario general y que, en
vez de ser recibidos por Ojeda, se quedaron con las caricias de “sus
matones”.
Quien tiene la verdad estará por verse cuando el juez que interviene
en la causa se expida al respecto. Lo cierto es que lo que podría
haber sido una reunión decisiva para el futuro del sindicato,
terminó en una gresca cuyo saldo fue un policía con
lesiones, tres heridos de bala y la fractura de los tobillos de Ojeda.
Una incógnita
A menos de un mes de asumir como gobernador, Jorge Sapag aún
no anunció quienes serán los funcionarios que ocuparán
los seis ministerios y las seis secretarias de Estado de la Provincia.
Si bien ya está se afirmó que Leandro Bertoya ocupará
un lugar y se conoce que, por ejemplo, Herminio Balda y Rodolfo Laffite
también tendría un espacio asegurado, todavía
no hay precisiones sobre los dirigentes que estarán a cargo
de las carteras principales.
Es muy probable que en los próximos días se devele el
misterio. El anuncio posiblemente generará sorpresa en más
de algún sector político provincial.
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