Por maría argel
El mundo de la política en Río Negro se estremeció
a principios de la semana pasada con la noticia de la internación
en terapia intensiva del intendente de Bariloche, Alberto Icare, uno
de los referentes más importantes y decisivos de las elecciones
de los últimos años en la provincia.
El estado endeble del Intendente, por la diabetes, no era ningún
secreto. Por el contrario, estaba en boca de todo el mundo. Sin embargo,
la súbita internación no dejó de preocupar y
abrió la puerta hacia una difícil etapa institucional
en el Centro Cívico que anuncia un incierto futuro en cuanto
al nuevo período de gobierno.
Icare aún permanecía con asistencia respiratoria en
su sala de internación cuando estallaron las primeras discusiones
acerca de quién lo sucederá en el gobierno.
Sus colaboradores más cercanos hablan por ahora sólo
de un “período de licencia por enfermedad”, y de
que la situación no lo inhabilita para volver a gobernar. Pero,
en sus convicciones íntimas saben que Icare desde hace mucho
tiempo dejó de ser el que era y así lo demuestra el
marcado deterioro físico y mental que pueden percibir los que
están en su entorno. No hubiera hecho falta ser un especialista
para notar los evidentes signos de cansancio y el temblor que mostró
el Intendente, por ejemplo, el día que ganó las elecciones
en julio pasado, en el Centro Cívico. Sin embargo, jamás
hasta esta semana se había hablado abiertamente de su salud.
Según dicen sus colaboradores, “él mismo”
(Icare) es el que quiere mantenerse en el poder, mientras su estado
se lo permita.
Vendaval
La enfermedad del Intendente, tema que provocó destellos de
discusión en la última campaña a las elecciones
municipales, volvió a ser el eje de un debate obligado y ya
sin tapujos en Bariloche.
Por estos días, el asunto desató un vendaval político
que hasta rozó la delgada línea que separa la vida privada
y la pública no sólo del Intendente, sino de uno de
sus principales colaboradores, el secretario de Gobierno, Adolfo Fourés.
Con un tono de agresión llevada a una expresión lastimosa,
Fourés se trenzó esta semana en una discusión
con uno de los máximos referentes radicales, el legislador
y ex rival político de Icare, Hugo Castañón.
El hombre cercano de Icare acusó al radical de lanzar rumores
acerca de un empeoramiento, e inclusive, de la muerte del Intendente,
tras su internación; y el legislador negó toda acusación
y cuestionó severamente la conducta personal y como funcionario
de Fourés.
Lo cierto es que los barilochenses empezaron a dudar acerca de la
continuidad institucional en el Municipio. La principal incógnita,
que los políticos deberán resolver con responsabilidad,
es si Icare podrá afrontar un nuevo período de gobierno,
a partir de diciembre próximo.
Para ello, habrá que llegar a un equilibrio entre la ambición
de conservar el poder de unos, y las ansias de acceder a él,
de quienes están en la vereda de enfrente.
Latente
Las noticias sobre la salud del Intendente Icare desplazaron
otros dos asuntos no menos importante que involucran responsabilidades
de quienes gobiernan: el nuevo accidente del cerro Catedral, por un
lado; y la falta de control en la venta de alcohol a menores, una
de las razones que provocaron la tragedia que le costó la vida
a cuatro jóvenes en Bariloche, por otro.
La expuesta falta de seguridad en el manejo de los medios de elevación
en el cerro Catedral mantiene una exigencia que por ahora quedó
latente de parte del gobierno rionegrino. Más allá del
impacto negativo que el asunto traiga aparejado para el turismo, desde
el simple sentido común se percibe que lo que está en
juego no es nada más ni nada menos que vidas humanas. Entonces,
¿qué medidas se tomará desde la órbita
oficial para actuar como control de los privados?
En lo que respecta a la venta de alcohol a menores, el Municipio de
Bariloche quedó en una incómoda e incompetente situación
por la ineficacia de los controles y de firmeza frente a un empresario
que no respetó una clausura. Así como en la trágica
noche de Cromañon, aquí se empezó a hablar de
una cadena de responsabilidades y de supuestos actos de corrupción,
que permitieron que un lugar clausurado siguiera operando. Ahora,
la defensora del pueblo de Río Negro, Ana Piccinini, inició
una actuación de oficio por la trágica muerte de los
cuatro jóvenes y habló de “hipocresía”
en la manera de hacer cumplir las legislaciones vigentes. ¿Hacen
falta más tragedias para actuar?
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