Tras los desaparecidos de la democracia

Neuquén> “Los prohombres de uniforme del 76 al 83 no iniciaron la apropiación de menores, en rigor, es algo que nuestra sociedad hacía antes y siguió haciendo después”, dice Alejandro Inchaurregui, experto en antropología forense y director del registro de Personas Desaparecidas de la Provincia de Buenos Aires. Este organismo, que pretende implementarse en Neuquén, funciona como un canalizador de denuncias sobre paradero de personas y ha resuelto casos inéditos, como el reencuentro de una madre con su hija después de 50 años.
En esta entrevista con La Mañana de Neuquén, Inchaurregui narra, además, su experiencia como cofundador del Equipo Argentino de Antropología Forense - mediante el cual se lograron identificar alrededor de 300 cuerpos de desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina, - y la realización de tareas similares en otros países de Latinoamérica. Lo más resonante: la exhumación de los restos de Ernesto Che Guevara en Bolivia.

¿Cómo funciona este organismo creado en la provincia de Buenos Aires?
El objetivo de esta dirección es registrar personas que son denunciadas como desaparecidas y que, a medida que transcurre el tiempo y que esos casos no son resueltos, se pueda mantener latente la búsqueda y una ficha autorizada con los datos físicos, personales y autoridades judiciales que intervengan. Todo tipo de elemento que perpetúe en el tiempo la posibilidad de establecer la identidad de una persona viva o fallecida. Paralelamente, llevamos un registro de personas NN fallecidas o vivas (que por razones de salud mental, o porque están en coma por un accidente momentáneamente se encuentran en esa condición). Es una cosa sucedánea del registro de personas desaparecidas.

Por eso los llaman desaparecidos en democracia…
Precisamente, es algo que nos debemos como sociedad luego de lo que sucedió entre el 76 y el 83, con la desaparición sistemática y forzada de personas. La gente desaparece no ya por los motivos políticos de lo que sucedió en ese período, sino accidentalmente, víctima de un delito o por voluntad propia. La puerta de entrada es que está desaparecida y los denominamos en democracia para diferenciar lo que fue la práctica forzada en la dictadura.

¿Cómo trabajan operativamente?
Como nosotros dependemos del Ministerio de Seguridad tenemos acceso a registros de casos policiales, como el hallazgo de un cadáver o fuga de hogar. Se trata de cruzar información y tender a esclarecer hechos. De lo contrario, quedan en la base de datos como personas desaparecidas.
Hay muchos casos de gente que fue adoptada o apropiada que siempre supo que no era hija biológica de sus padres y que en algún momento desea conocer su origen. Tenemos 800 denuncias en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y algunos casos del interior al tener un 0800 nacional, de las cuales pudimos abordar 300 y resolver 150.

¿Cómo se resuelven?
En general porque el denunciante provee algunos datos de gente que pueda tener información, otros que esperan que sus padres adoptivos mueran. El 85 por ciento de esos 800 son apropiados y el 15 adoptados. El 95 por ciento son hijos o hijas que buscan a su madre. Esto tiene que ver con una práctica de anotar un chico como propio cuando no lo es. Un tráfico de niños que nuestra sociedad no condena. Por el contrario, muchas veces se habla de padres benefactores que le dieron a un niño un hogar. En general, son entregas que no son del todo voluntarias.

¿No está relacionado con el trabajo de abuelas de Plaza de Mayo
en busca de sus nietos?
No, esos casos se dieron en un contexto de genocidio. Estos son casos endémicos, de alguna manera naturalizados en nuestra sociedad que, quizás, catalizados por la problemática del genocidio, también fueron impulsados a buscar sus orígenes.

¿Qué se hace una vez que se encontró a la persona que se busca? ¿Se establece un encuentro con aquella que la está buscando?
Se va pautando de acuerdo a las circunstancias. Un ejemplo: un día llama una señora que acababa de llegar de Alicante, España, que había conocido una argentina que tenía 51 años y que había sido llevada a ese país por su papá cuando tenía 2 años. El papá le hablaba muy mal de la mamá y le negaba quien era. Esta persona nos vino a ver, tenía la fecha de nacimiento y el lugar de esa persona que 51 años después no sabía el nombre de su madre. Averiguamos en los registros, esta madre vivía en La Plata. La fuimos a ver y nos dijo que hacía 51 años que buscaba a su hija. Las contactamos, a la semana la hija de Alicante estaba en La Plata con el marido. La madre de Argentina había ido al programa “Gente que busca gente” y no le habían atendido el caso, y lo mismo había hecho su hija en España en un programa similar. Y luego de ese hallazgo, en una semana, volvieron a ser madre e hija después de 50 años.
De estos, tenemos 150 casos resueltos, algunos son muy duros, producto de violaciones o incestos, y otros en donde no se puede creer hasta que punto puede llegar la crueldad humana.

¿Actuaron en el caso de Julio López?
Yo fui particularmente porque me lo pidieron cuando se halló un cuerpo. Fue una semana después de su desaparición, en el camino que une Villa Elisa con Punta Lara. Se trataba de un cadáver calcinado, de una persona mucho más joven que López que no se pudo identificar a raíz del estado en que estaba. A López todavía se lo sigue buscando.

Los problemas con el gobierno de Alfonsín para identificar
cuerpos de víctimas de la dictadura.

Usted fue uno de los cofundadores del Equipo de Antropología Forense que identificó cuerpos de desaparecidos durante la última dictadura en Argentina. ¿Cómo se inició ese trabajo?
Comenzó en 1984 con la creación de la CONADEP, que invitó a una comisión de científicos extranjeros para que asesoren. En el marco de la antropología forense vino el padre de esta disciplina que es Clide Snow, quien propuso formar un equipo de gente para trabajar el tema. Le dijeron que sí, volvió con apoyo de la fundación Ford y luego le comunicaron que ese trabajo no iba a continuar. Entonces un grupo de estudiantes que quería trabajar en el tema comenzó a hacerlo con él, realizando las primeras pericias. Hubo una situación muy tensa, trabajamos en bares y en la morgue, casi sin recursos. Él siempre decía que nos enseñó sobre antropología forense y que nosotros le enseñamos política. Después consiguió nuevamente apoyo de la fundación Ford y se formó la ONG que fue el Equipo Argentino de Antropología Forense. Despegamos al tener financiación propia, al margen del Estado donde el ámbito natural era la Secretaría de Derechos Humanos, que claramente no quería avanzar con este tema.
Me refiero a Eduardo Rabosi, subsecretario de DDHH y al ministro del Interior, Antonio Brócoli. El grupo de antropología forense identificó hasta el momento alrededor de 300 NN.

También estuvo en otros países de Latinoamérica, determinando la
identidad de cuerpos de gente víctima de sistemas dictatoriales. ¿Cuál
fue la experiencia que más los marcó?
El caso que más me impactó fue en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, que le precedió al trabajo que hicimos con los restos del Che (ver recuadro) y que tiene que ver con la Granja de Espejos, en 1989. En ese país hasta el año 90 existía una Ley de Vagos y Malentretenidos, que le permitía a la policía detener y encarcelar a menores hasta un año sin necesidad de una orden judicial. Los mandaban a cuatro granjas. Una era ésta. Funcionaba como campo de concentración a cargo del coronel Camacho y 30 guardias - que eran policías sancionados - con 120 a 130 chicos detenidos en condiciones de esclavitud. Fuimos y nos hicimos pasar por abogados que estábamos visitando establecimientos penitenciarios y que nos habían hablado maravillas de ese lugar. Ahí descubrimos muertes y entierros, y que aplicaban ley de fuga. Relevamos el terreno y al día siguiente llegamos con el gobernador, un juez, Amnistía Internacional y legisladores y con la ropa de antropólogos para excavar. Lo llamamos al doctor Snow, relevamos 53 tumbas, exhumamos 5 y se determinó que todos habían muerto por causas violentas. Hubo una intervención inmediata y condenaron a Camacho a 17 años de prisión. La granja se cerró y la ley se abolió.

El Che, los restos de un mito

¿Cómo fue la experiencia de haber participado en la recuperación de los restos del Che Guevara en Bolivia?
Todas son experiencias fuertes, esa fue muy interesante por el contexto en que se daba con la autoridades bolivianas y los problemas que se presentaron.

¿Con qué inconveniente se encontraron?
El problema fue básicamente a partir de los funcionarios del Gobierno boliviano. En un principio, en noviembre del 95, fue todo fácil porque había autoridades del Ministerio del Interior comprometidas con el tema de la recuperación de los restos, pero luego las autoridades cambiaron y se produjo cierta carrera contra reloj porque había ganado Banzer en el mayo del 97. Éste asumió en agosto y las autoridades salientes nos pusieron un término. Fue complicado. Pero hubo mucho compromiso de parte de los cubanos que participaron.
Había otro tema, relacionado a que los habitantes de Valle Grande no querían que se llevaran los restos porque decían que les pertenecían, en el mejor sentido de afecto. Allí, diariamente, deben existir cinco pedidos de misa por el Che. La gente le pide a San Ernesto de la Higuera por la cosecha, por un hijo enfermo. Lo sienten como propio.

Un registro propio

Neuquén> La provincia ya cuenta con un servicio de toma de muestras de sangre que es destinado al Banco de Datos Genéticos, en el marco del programa nacional para la identificación de restos de desaparecidos durante la dictadura.
Ricardo Riva, subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, informó que ahora lo que se pretende es desarrollar un organismo similar a la experiencia iniciada por Inchaurregui. “Vamos a trabajar en forma coordinada para instrumentarlo. En nuestra región tenemos preocupaciones como la trata de personas, tanto en referencia a la explotación sexual, como laboral”, dijo Riva.