Se incorporaron en el documento los
hechos posteriores a la última
presentación de la delegación argentina ante la Corte
Internacional
que «agravaron el diferendo».
Buenos Aires (NA) > La Cancillería
argentina presentó ayer nuevos argumentos contra Uruguay por
la construcción y puesta en funcionamiento de la pastera Botnia
en la costa del río limítrofe ante la Corte Internacional
de Justicia, con sede en La Haya, entre los que incluyó episodios
que a juicio del Gobierno nacional «agravaron el diferendo».
Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron a la agencia
Noticias Argentinas que la presentación fue realizada «minutos
pasadas las 9:00» por la consejera legal de la cartera, Susana
Ruiz Cerruti, quien estuvo acompañada por el embajador argentino
ante los Países Bajos, Santos Goñi.
«Nuestra réplica abarca en sus puntos principales nuestra
argumentación sobre la violación del Estauto del Río
Uruguay por parte de Uruguay al autorizar unilateralmente el proyecto
de las pasteras», explicó la funcionaria concluida la
presentación.
Si bien el contenido de los escritos es reservado hasta que la Corte
decida ponerlos a disposición, Ruiz Cerruti especificó
que la presentación insumió «500 páginas,
con dos anexos con notas diplomáticas, instrumentos jurídicos,
investigaciones científicas e informes técnicos».
Además, se incorporaron en el documento los hechos posteriores
a la última presentación de la delegación argentina
ante la Corte Internacional que, a juicio de la Cancillería,
«agravaron el diferendo».
«Ocurrieron acontecimientos que han agravado el diferendo. El
más grave es que haya empezado a funcionar la planta, pero
en el medio está la inauguración del Puerto de Nueva
Palmira, que es el puerto de Botnia, que se hizo sin cumplir con los
pasos de consulta e información previa que prevé el
tratado del Río Uruguay», detalló la funcionaria.
Ruiz Cerruti añadió que «desde el punto de vista
procesal se cuestionó el haberlo hecho sin haber consultado
a la Argentina y desde el punto de vista ambiental citamos las normas
de fondo del estatuto que protegen al Río Uruguay y sus áreas
de influencia».
La última
Esta es la última presentación que debe realizar el
Gobierno argentino ante la Corte Internacional de Justicia, donde
ambos países dirimen el diferendo por la instalación
de la pastera de Botnia.
Este escrito forma parte de la primera de las etapas procesales denominadas
réplica y dúplica, que en conjunto componen la última
instancia de la fase escrita del proceso.
El documento es la respuesta a la contramemoria presentada por Uruguay,
un informe que introdujo el vecino país el 18 de julio pasado
como parte de su defensa ante la demanda argentina.
Tras esta presentación, la delegación uruguaya tendrá
hasta el 29 de julio para elevar su dúplica como respuesta
a la réplica argentina, plazo fijado por el Tribunal internacional
que dirige la jueza británica Rosalyn Higgins.
Luego de este intercambio, los gobiernos prepararán las audiencias
orales antes de que el Tribunal emita un fallo, lo que se supone sucederá
a fin de año.
En las audiencias orales, los representantes, abogados y expertos
de ambos países expondrán los argumentos presentados
en los respectivos escritos, agregando las precisiones o actualizaciones
que consideren convenientes y, si fuera el caso, responderán
a las preguntas que planteen los jueces del Tribunal.
Ruiz Cerruti explicó que las audiencias orales se extenderán
por cerca de «tres semanas» tras lo cual los jueces «pasarán
a deliberar y darán su sentencia».
Sobre los plazos previstos, la funcionaria aclaró que «son
tiempos que están en manos de la Corte».
«En este momento no me atrevería a asegurar que para
fin de año tendremos una decisión, aunque podría
ser» agregó.
Con respecto a las consecuencias reales que podría tener una
sentencia favorable de la Corte a la demanda argentina, la funcionaria
arriesgó que incluso se podría disponer el «desmantelamiento
de Botnia».
«En 2006, cuando la Argentina intentó una medida cautelar
para suspender la instalación de la planta, la Corte al rechazarla
aclaró que una vez analizado el fondo de la cuestión
y si ellos llegaban a la conclusión de que se habia violado
algún derecho ambiental podrían llegar a ordenar el
desmantelamiento de la empresa», explicó.
La instancia judicial se abrió con la denuncia introducida
por la Argentina contra Uruguay el 4 de mayo de 2006, por haber autorizado
que la papelera finlandesa funcionara a orillas del río compartido,
en lo que Buenos Aires presentó como una violación al
Tratado del Río Uruguay. |
