| Una importante miembro del aparato
militar de ETA fue capturada ayer en una localidad francesa de la frontera
con España. Madrid (Télam) >
Una importante miembro del aparato militar de ETA fue capturada ayer
en una localidad francesa de la frontera con España, mientras
que también se presentaron 14 cajas con pruebas para ilegalizar
al Partido Comunista de las Tierras Vascas, por considerarlo sucesión
del etarra Batasuna.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció
a a la prensa la detención de Ainhoa Ardin Jáuregi,
considerada antigua integrante del «comando Ibarla», que
entre 1994 y 1997 cometió numerosos atentados con el resultado
de tres víctimas mortales y varios heridos.
Rubacalba señaló que la detención se dio por
orden de la jueza Laurence Le Vert, a raíz de la aparición
de la fotografía de la Ardin Jáuregui en una operación
contra el aparato de falsificación de ETA realizada en Limoges,
en el centro de Francia, en 2004.
Adín Jáuregui, de 35 años, fue arrestada en su
casa de la localidad de Hendaya y trasladada luego a la comisaría
de Bayona, en el suroeste de Francia, indicaron fuentes de la investigación,
que agregaron que no se hallaron armas durante el registro de su domicilio.
Historia
Al menos 800 personas murieron en ataques atribuidos a ETA desde que
la organización separatista inició su lucha armada para
crear un Estado vasco independiente en el País Vasco español
y en las provincias vasco-francesas del sur de Francia, hace más
de cuatro décadas. Pero el grupo sufrió durísimos
golpes judiciales y policiales a su aparato militar y a su supuesto
entorno político en los últimos años, muchos
de ellos gracias a la colaboración entre las autoridades españolas
y francesas, cuyo inicio se remonta a la década de 1980.
En tanto, el fiscal jefe del Tribunal Supremo español, Antonio
Narváez, presentó una demanda para el Partido Comunista
de las Tierras Vascas (PCTV) en la que pidió que esta facción
no presente candidatos para las elecciones generales del 9 de marzo.
Además, la demanda también exige la suspensión
de la actividad política del partido, el cierre provisional
de su sede y demás inmuebles que esté utilizando y el
embargo de sus cuentas bancarias y demás activos. |
