Videla y otros 16 represores, a juicio oral

Buenos Aires (NA) > El ex dictador Jorge Rafael Videla y otros 16 represores serán juzgados en un proceso oral por su participación en el denominado «Plan Cóndor», pergeñado por las distintas dictaduras latinoamericanas en la década del 70, según dispuso el juez federal Sergio Torres.
Entre los militares que serán juzgados están el ex ministro del Interior Eduardo Harguindeguy, el ex gobernador tucumano Antonio Bussi y el represor Cristino Nicolaides. En el proceso oral también se analizará la conducta de Luciano Benjamín Menéndez, Santiago Riveros y Eduardo De Lío.
Además, se apunta contra Carlos Caggiano Tedesco, Ramón Díaz Bessone, Antonio Vañek, Juan Pablo Saa, Carlos Tragant, Bernardo Menéndez, Jorge Carlos Olivera Rovere, Antonio Guañabens Perelló, Carlos Landoni y Ernesto Alais.
Los militares están acusados de haber integrado una «asociación ilícita» que durante la década del 70 hizo funcionar la maquinaria del Plan Cóndor consistente en la colaboración de los gobiernos de facto de distintos países latinoamericanos para perseguir y asesinar opositores sin fronteras.
En la causa judicial el plan fue calificado como la «concertación de un acuerdo criminal», entre los gobiernos de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay para la «comisión de ilícitos».
A partir de las actividades del «Plan Cóndor», los opositores políticos eran detenidos en cualquier país y luego eran trasladados a su país de origen.
Por ejemplo, se estima que en Uruguay desaparecieron 32 personas, pero que al menos 150 uruguayos fueron capturados y asesinados en Argentina.
Entre los más de 70 casos de desapariciones forzadas investigados en la causa se encuentra el de María Claudia Irureta Goyena de Gelman -nuera del escritor Juan Gelman- y el de dos legisladores uruguayos, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, quienes fueron asesinados en Buenos Aires en 1976.
El 28 de julio del año pasado la Cámara Federal había confirmado los procesamientos de los militares imputados por los presuntos delitos de «privación ilegal de la libertad y asociación ilícita agravada».
La asociación ilícita agravada es una figura que prevé una pena de 5 a 20 años de prisión y se utiliza para casos en los que se probó la puesta «en peligro la vigencia de la Constitución nacional».
Según sostuvieron los jueces en esa oportunidad, «en ocasiones las Fuerzas Armadas o servicios de inteligencia actuaban en un país ajeno para privar ilegalmente de la libertad ambulatoria a individuos para luego trasladarlos a su país de origen, o bien, procedían a su eliminación física en el territorio del país extranjero».
De todos los procesados, el único que continúa cumpliendo arresto domiciliario es Videla, puesto que el resto recuperó su libertad en forma provisional -hasta que se desarrolle el juicio oral y público- por un fallo de la Cámara de Casación Penal. No obstante muchos de los acusados cumplen prisión preventiva por otras invesitgaciones.