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Los nuevos ejemplares de mosca de la fruta
detectados en el valle de Copiapó, además de comprometer
300 hectáreas de uva de exportación, equivalentes a 4
millones y medio de cajas; a un número menor de limones, que
ya no podrán venderse a Japón, y otro aún más
pequeño de chirimoyos, que no podrá salir de la ciudad,
vuelven a poner en el tapete si Chile está haciendo todo lo que
puede en materia de protección fito y zoosanitaria.
El no resuena casi furibundo entre empresarios, exportadores y agricultores.
Están inquietos, preocupados en realidad. Es que todo indica
que la inversión del país en proteger la sanidad no está
acorde con las crecientes necesidades, producto del mayor intercambio
con otros países. Puestos aduaneros sin energía eléctrica
o teléfono; máquinas de rayos X obsoletas, pasos no habilitados
que son utilizados como si estuvieran abiertos e infraestructura habitacional
no acorde a los requerimientos del lugar, son sólo algunas de
las deficientes condiciones del sistema, las que diariamente ponen en
riesgo un patrimonio que es medular para la estrategia exportadora chilena.
Patrimonio sin precio
La condición de Chile «país libre de» –mosca
de la fruta o fiebre aftosa, por poner un par de ejemplos– es
un valor agregado y una ventaja competitiva. (...)
Encargado directo de vigilar que no ingresen frutas, vegetales, lácteos
u otros productos orgánicos riesgosos es el SAG. Lo hace, con
presupuestos bastante restringidos, en relación con la creciente
demanda de control. Pero para poder cumplir su función, el
organismo debe utilizar instalaciones que pertenecen a la Dirección
Nacional de Aduanas y a la Dirección de Fronteras y Límites.
Y aquí es donde está la gran debilidad.
La mosca de la fruta en Copiapó fue el último grito
del sistema. El insecto nunca antes había aparecido en la zona.
Sin embargo, la región ha aumentado su flujo fronterizo en
forma progresiva. En el lugar hay un solo paso habilitado, donde se
ejerce el control, que no tiene ni siquiera máquina de Rayos
X. A ello se agrega que habría al menos otros tres pasos por
donde transitan personas, que no tienen puesto fronterizo, por lo
que no hay instalaciones ni posibilidad de que el SAG realice algún
control.
Lo de Copiapó es un ejemplo mínimo de lo que
ocurre a lo largo del país.
Es que lo que hay que solucionar no es simple. El SAG está
en 89 controles fronterizos terrestres, aéreos y marítimos,
con los 3 países limítrofes. Pero en 19 de ellos no
hay con suministro eléctrico, 58 no disponen de teléfono
de red fija, 57 de computador y 54 no tienen conexión a internet.
Muchos de estos puestos están en zonas de altura, en condiciones
climáticas extremas y, las instalaciones –que son de
dependencia de Aduanas– no tienen muchas veces las condiciones
habitacionales ni higiénicas adecuadas.
Sólo en Los Libertadores la ducha es una manguera amarrada
a un techo descascarado, y el WC ni siquiera tiene tapa. En el mismo
complejo ni siquiera existe un techo donde realizar las inspecciones
de los camiones, los que son revisados en una explanada de tierra
a la intemperie, aun cuando las condiciones del tiempo pueden ser
bastante extremas.
Para su control fronterizo, el SAG en 2006 contó con un presupuesto
de $1.574.904.000. El de este año subió a $2.147.526.000,
con lo que están planificando reemplazar parte de los equipos
de Rayos X. La situación de estos es dramática. De los
21 que están en operación en 6 regiones, 11 están
en plan de reemplazo, 10 llevan más de una década funcionando
cuando su vida útil es de la mitad. No es que se vayan a dar
de baja. No hay recursos como para eso. Aquellos que puedan utilizarse
serán enviados a puestos donde también se requieren,
pero que están lejos de poder acceder a ellos. Si en Copiapó
hubiera habido uno, eventualmente no estaría en la situación
actual.
En realidad, las necesidades del organismo son tales que requeriría
un presupuesto cercano a los $5 mil millones, algo más del
doble de lo que recibió este año para poder quedar medianamente
preparado para enfrentar adecuadamente los crecientes requerimientos
que tiene encima. Sólo a modo informativo, entre 2005 y 2006
el tráfico creció en cien mil vehículos; y el
ingreso de pasajeros en 2006 fue cerca de un millón más
de personas que en 2005. Con la apertura comercial, esto seguirá
creciendo.
Claro que aun cuando contaran con esos recursos económicos
y pudieran dotar de equipos adecuados y disponer de un mayor número
de brigadas caninas, la situación seguiría pendiente
de las condiciones dónde tienen que instalarse. Porque ¿de
qué sirve una máquina de RX si no hay energía
eléctrica? O ¿cómo obligar a un pasajero a que
abra su maleta y deje que el perro huela su auto, si no hay un Carabinero
que ayude a convencerlo? No hay que olvidarse que hace cerca de dos
o tres años funcionarios del SAG resultaron heridos a bala
cuando intentaron impedir el ingreso de unos baqueanos que trasladaban
animales.
En Interior decidieron no manifestarse frente al tema. Sin embargo,
recalcaron que de ellos sólo depende la infraestructura de
los pasos fronterizos –significa electricidad, baños
adecuados, calefacción ad hoc a la zona, sólo en lo
mínimo– y no como cada cual equipe su oficina.
Pasajeros sin control
La situación no termina sólo con equipamientos adecuados.
Porque la realidad es que Chile es extremadamente largo y con una
frontera compleja.
Así, por ejemplo, hay muchos pasos que funcionan sólo
dentro de ciertos horarios. Y cuando termina la jornada, se baja la
barrera y los encargados oficiales se retiran. No es raro entonces
que los «turistas» ingresen rodeando la barrera o subiéndola
con las manos. Poco útil se vuelve entonces el equipo.
Otro es el tema de los pasos no oficiales que muchos utilizan para
cruzar la frontera sin ser vistos, menos revisados. Agricultores de
la región de la Araucanía saben que esta es una conducta
típica de la zona. De hecho, se sabe que existe un paso habilitado
y uno cerrado y que éste último es el preferido por
muchos de los que quieren pasar el fin de semana al otro lado de la
cordillera.
Cuando los arrieros llevan sus animales a las veranadas en la cordillera
es conocido que cruzan de un lado a otro de la frontera con Argentina.
Para ellos es un milagro que la fiebre aftosa aún no se haya
dado en la zona (aunque hay otras enfermedades o pestes animales o
vegetales que pueden ingresar).
Sobre esta situación alertaron también en la región
de Atacama al Ministro del Interior un par de semanas atrás,
cuenta Joseba Zugadi, presidente de la asociación de productores
y exportadores agrícolas del Valle de Copiapó (Apeco).
(...)
Francisco Bahamonde, director del Servicio Agrícola y Ganadero,
dice que «lo que hay que tener presente es que este es el riesgo
de tener una frontera extremadamente larga y con niveles de riesgo
distintos, pero aún así tenemos el control sobre el
mayor porcentaje de los pasajeros que ingresan al país».
En la misma línea el jefe de comunicaciones del Servicio Nacional
de Aduanas, Fabián Villarroel agrega: «esto es parte
de nuestra historia geográfica y responsabilidad del Ministerio
del Interior y Carabineros».
El más afectado
Nunca habían tenido moscas de la fruta y hoy Copiapó
es la gran víctima del insecto. Las 300 hectáreas que
quedaron en el área cercada por el SAG son poco comparadas
con las 7 mil que podrían caer en riego si este bicho vuela
a la parte alta del valle. Pero son las 5 empresas que quedaron encerradas
en la zona cuarentenada las que tendrán que asumir mayores
costos, por los tratamientos de frío o fumigación para
poder exportar. El primer foco de mosca se dio en el radio urbano
y los comentarios hablan de falta de personal calificado del SAG para
detenerla. De Copiapó habría salido el foco que afecta
Valle Dorado, camino a Caldera. El problema es que entre las plantaciones
y el valle hay una zona urbana de personas que trasladarían
frutas con riesgo de propagar la plaga hacia arriba en Tierra Amarilla.
Fuente: Revista Campo. Diario El Mercurio. Patricia Vildósola
Errázuriz y Macarena de Cea Covacich.
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