Por Darío Soto
En los últimos años del siglo pasado y los primeros
del actual hubo algunos personajes que supieron despertar disímiles
reacciones en sus congéneres. Algunos los miraban con simpatía,
otros con desdén, muchos con cierto grado de rechazo y para
la mayoría les resultaban indiferentes, al considerar que sus
actitudes y acciones nada tenían que ver con ellos ni les afectaba
en su vida. Aquellos personajes que fueron conocidos como los antipeajes,
tuvo algunos militantes que hicieron del rechazo al cobro de peaje
un eje fundamental de su cotidianeidad. Fueron hasta perseguidos judicialmente
por la empresa Caminos del Valle, pero nunca cejaron en su lucha por
eliminar de la frontera provincial las cabinas que desde hace casi
una década recaudan, moneda a moneda, una fortuna que no se
condice con la pobreza de obras realizadas y el incumplimiento –permitido
por los organismos de contralor- de cláusulas contractuales
que debieron haber supuesto la caducidad de la concesión si
los mismos hubieran sido observados y contemplados en el marco del
derecho.
A la lucha solitaria de aquellos locos del siglo pasado poco a poco
se le fueron sumando grupos más orgánicos cuyas acciones
derivaron en el interés de los órganos deliberativos
de las ciudades de Cipolletti y Neuquén y la requisitoria de
estudios que permitieran determinar acabadamente cuánto recaudaba
la empresa y su relación con el cumplimiento de los compromisos
establecidos en el pliego de concesión del corredor vial.
Así se llegó a un estudio realizado por catedráticos
de la Universidad Nacional del Comahue que determinó que a
fines del año 2005, la Empresa Caminos del Valle ya habría
recuperado la inversión realizada y obtenido la renta prevista
en el contrato, por lo que éste debería darse por concluido.
Contradicciones
El presente nos muestra un panorama muy distinto al que padecíamos
en aquellos primeros años del cobro de peaje. La Justicia Federal
consideró viable una presentación judicial que busca
lograr la caducidad del contrato y –obviamente- la consecuente
interrupción del peaje. Por otro lado los defensores del pueblo
de las ciudades de Neuquén y Centenario y la defensora de la
provincia de Río Negro coincidieron en avanzar en el mismo
sentido y como corolario en los últimos días la Legislatura
de Neuquén se ha pronunciado unánimemente en contra
de la continuidad de la concesión.
Hoy, la mayoría de la sociedad valletana está convencida
de que la empresa no puede seguir percibiendo la renta del peaje.
Fueron cientos los que volantearon la última vez en las cabinas,
cientos de ciudadanos que le reclaman a sus representantes que actúen
en función del beneficio real de la población.
Contradictoriamente, el Poder Ejecutivo Nacional avaló la renegociación
escandalosa de un contrato que pretende –inexplicablemete- seguir
beneficiando a un grupo empresario. También es inexplicable
que dos personajes de la política rionegrina, que además
pretenden gobernar la provincia (Miguel Pichetto-Julio Arriaga), fueron
importantes operadores en el Congreso de la Nación para lograr
la vía libre que permitiera la renegociación del mencionado
contrato.
La pregunta ahora es, si con todos los consensos que se están
logrando, el gobierno de la provincia del Río Negro, su Legislatura
provincial, y/o los representantes del oficialismo en el Congreso,
sumarán acciones o mirarán para el costado para no enojar
al Presidente?
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