Por Darío Soto
El debate por el nuevo nombramiento del Defensor del Pueblo en la
provincia de Río Negro está instalado. Y a nadie escapa
que es un tema que preocupa en la esfera gubernamental y es mirado
con «desconfianza» por los dirigentes opositores, quienes
vislumbran una nueva estrategia del oficialismo para tomar posesión
del cargo que desempeñaba Nilda Nervi de Belloso.
Pero por el momento y hasta el 31 de agosto, todo será cuestión
de negociación por parte de los partidos políticos,
teniendo en cuenta que el postulante deberá contar con el apoyo
de los dos tercios de los votos (29 de 43) de la Legislatura, por
lo que se anticipa que en los próximos días se comenzará
a analizar puntualmente cada uno de los 36 nombres que se encuentran
en danza.
Sin embargo, es necesario recordar que más allá de las
cuestiones político-partidarias, el cargo de la Defensoría
del Pueblo ha significado en los últimos años un paso
importante en la historia de los rionegrinos.
No solamente por la labor que encabezó, sino también
porque con el transcurrir de su tarea, los ciudadanos comenzaron a
sentirse identificados con un organismo que no depende del gobierno,
y que respondía de manera inmediata a las necesidades.
Respuestas
En resumen, comenzaron a encontrar las respuestas que no encontraban
en el resto de los organismos (judiciales, legislativos o dependientes
del Estado).
Y allí es donde comenzó a consolidarse la labor de Nilda
Nervi de Belloso.
Sólo bastaba con que se anuncie la llegada de la «Defensora»
para que comenzaran a «llover» las denuncias y reclamos,
que iban desde un simple «bache» en una calle hasta los
casos de discriminación que se presentaban en distintas ciudades.
Y es por eso que ahora se transformó en un lugar estratégico
para la dirigencia política, que observa un espacio en el cual
se puede construir poder y recuperar parte de esa falta de identificación
que hoy abunda en los partidos mayoritarios.
Más control
Por todo esto es necesario confirmar y ratificar que los organismos
de control –en este caso la Defensoría del Pueblo- deben
seguir en manos de la oposición y que, tal cual como lo establece
nuestra Constitución Nacional y de Río Negro, sea un
órgano independiente para que pueda seguir actuando con total
autonomía y sin recibir instrucciones de ninguna de las autoridades.
Su misión debe seguir siendo la defensa y protección
de los derechos humanos ante los actos u omisiones que muchas veces
se cometen desde el propio Estado.
La Defensa de la independencia que debe tener un Defensor del Pueblo
va mucho más allá que un simple análisis de los
intereses políticos, significa continuar con la construcción
de los cimientos de una democracia que está en pleno crecimiento
y en la cual todos debemos sentirnos representados.
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